Unidad Presidencial de..?

Sergio Villalta Liberalismo Leave a Comment

Por: Sergio Villalta

Un medio de comunicación informó hoy que el gobierno de Carlos Alvarado, desde el mes de octubre pasado, había firmado un decreto para la creación de una oficina especializada en la recopilación de datos personales.

Se trata de la “Unidad Presidencial de Análisis de Datos”, y según la noticia, es un órgano que depende exclusivamente de la casa presidencial. La información de las personas es usada – según el decreto -, para la toma de “decisiones políticas”, y todo se justificaba por “el beneficio de la población costarricense”. (1)

Esto en palabras llanas es legalizar el espionaje civil en manos del gobierno; pasadas unas horas se derogó el decreto gracias a la oposición de muchas personas. Sin embargo, no queda todavía claro qué sucederá con la “Unidad Presidencial”.

Es necesario mirar la creación de esta oficina de espionaje desde una óptica más amplia y de acuerdo a los antecedentes de este gobierno.

La ley mordaza.

Ya el partido de gobierno (Partido Acción Ciudadana) había presentado desde el año antepasado el proyecto de ley denominado: “Ley Marco Para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”. (2)

El proyecto contenía varias reformas al Código Penal y pretendían imponer pena de hasta dos años de prisión, a la persona que aplicare cualquier medida discriminatoria fundada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, etc.

Además, el proyecto imponía pena de seis meses a dos años de prisión, a la persona que formare parte de una organización que se inspire en ideas o teorías basadas en promover “el odio y la discriminación”.

El proyecto de ley representó un grave asalto a la libertad y hubiese servido para que en el país se cometieran innumerables abusos, errores y vendettas políticas.

De haberse aprobado la ley todos hubiésemos vivido bajo el temor de ser denunciados por un discurso de “odio” o por alguien que se haya sentido discriminado por alguna acción voluntaria o involuntaria de otra persona.

Era el arma perfecta para atemorizar de manera continua a la verdadera oposición política en el país. Porque nadie hubiese estado a salvo del inquisidor oficial.

Extinción de dominio.

El Gobierno de Carlos Alvarado, al igual que su antecesor, todavía busca aprobar una ley de extinción de dominio. Se justifica con el pretexto de combatir el “narcotráfico y el crimen organizado”. (3)

Pero diversas organizaciones como la Defensa Pública y algunos profesores de la Facultad de Derecho de la UCR han señalado defectos muy serios en la propuesta. Se mencionaron violaciones muy graves al principio de inocencia y al principio de irretroactividad de la ley entre otras.

De aprobarse la ley una persona que demuestre su inocencia ante un juez penal, podría incluso, – ¡perder su patrimonio ante otro juez que tramite la causa por extinción de dominio!

Pero aún más grave que lo anterior, lo que causa más temor en la población, es que la ley pueda usarse para cometer toda clase de abusos; y como arma en contra de los opositores políticos del gobierno.

Abrir las cuentas bancarias.

Escasamente hace dos semanas el gobierno propuso derogar las normas que protegen el secreto bancario, con el supuesto propósito de combatir la evasión fiscal. (4)

La iniciativa fue originalmente presentada por el partido Frente Amplio, pero el gobierno la hizo suya en la Comisión de Hacendarios posteriormente. No causa asombro la afinidad ideológica que existe entre esos dos partidos en materia de fiscalización tributaria.

Desde luego, la propuesta obtuvo el rechazo de muchos sectores, desde la Fiscal General de la República (5), señores diputados que manifestaron su oposición (6) y hasta el presidente de la Cámara de Industrias entre muchos más. (7)

Todos criticaron la iniciativa del gobierno porque es algo innecesario, al existir ya la posibilidad para que un juez ordene – siguiendo el debido proceso -, la apertura de una cuenta bancaria; además, porque sería acabar con la ya poca confianza de los inversionistas.

Limitar al Poder Legislativo

El día 31 de enero del 2019 la “Comisión de Notables” creada por este gobierno, presentó mediante el Ministro de la Presidencia de ese entonces, un conjunto de propuestas para modificar el Reglamento Legislativo.

Era un esfuerzo para modificar el reglamente que ordena el proceso legislativo. Entre las propuestas, la que más escándalo provocó fue la que intentó limitar el poder de los legisladores, para modificar los proyectos de ley del Gobierno. (8)

En síntesis el gobierno pretendió impedir o restringir las modificaciones que los legisladores pudieran hacerle a sus proyectos de ley. Era una muy clara medida para fortalecer el poder del presidente (del poder ejecutivo) y en demérito del poder legislativo.

Conclusión

Analizando la noticia de hoy, pero en el contexto de los proyectos de ley que ha presentado este gobierno con anterioridad, se aprecia una clara tendencia para concentrar y fortalecer el poder presidencial a costa de las libertades de las personas.

No hay que olvidar que todo gobernante se inclina, más temprano que tarde, a abusar de su poder; porque el poder se ejercerá siempre hasta donde se encuentre un límite.

Sin límites, la puerta estará abierta para que suceda el abuso del gobernante. En una república no se intenta fusionar o concentrar el poder, sino que se procura fragmentarlo y limitarlo.

En este sentido es bien conocida la teoría de los pesos y contrapesos que los Padres Fundadores intentaron crear en la Constitución de los Estados Unidos de América.

Y cuando eso falla, siempre es necesario recordar las palabras de Thomas Jefferson:

“Una pequeña rebelión de vez en cuando es algo bueno y necesario en el mundo político, tal como las tormentas lo son en el físico”.