Tras de cuernos, palos: las pensiones de lujo

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Creo que todos tenemos claros que es una pensión de lujo: aquella otorgada por algún ente estatal, para la cual el beneficiario no ha contribuido lo suficiente, incluyendo los intereses generados por el ahorro de ese aporte, a lo largo de su vida laboral activa y esa diferencia faltante es cubierta por el aporte de todos los ciudadanos al fisco, complementándose así la pensión de lujo.

Ese es un privilegio, pues no es un derecho derivado de la naturaleza de toda persona, sino por ser parte de un grupo específico de beneficiarios, pagados, como hemos dicho, (usualmente en un monto muy sustancial), por el presupuesto del gobierno de la República, mediante impuestos pagados por todos los ciudadanos.

Pero, hay ciertas características, entre otras, de algunas de esas pensiones de lujo que, para el caso, me interesa destacar: (1) que se pagan hasta que el pensionado (el titular) se muere; (2) que, en algunos casos, la pensión es heredable a los hijos al morir el beneficiario, hasta que cumplan los 18 años o bien hasta los 25, al demostrar que están estudiando. También pueden reclamarla los padres o hermanos del titular fallecido si demuestran ser discapacitados y que dependían económicamente del titular; y (3) que, cuando se muere el pensionado, la viuda, viudo e hijos en las condiciones indicadas en (2), deben informar de ello a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), para efectuar el traspaso de la pensión si es que califican.

Lea: “Capitalización individual: la reforma necesaria a los regímenes de pensiones de reparto

No obstante, ha pasado, según un estudio de la Contraloría General de la República para el período 2014-2017 y otro de la Dirección Nacional de Pensiones (dependencia del ministerio de Trabajo) para el 2018, que, en el primer caso, el gobierno pagó ₡2.530 millones “de más” por esas pensiones y, en el segundo, que se dieron ₡610 millones a 876 personas fallecidas y a otras personas. O sea, se ha pagado un exceso de ₡3.140 millones en el quinquenio 2014-2018, que fue depositado en cuentas bancarias a nombre del titular muerto o de los herederos. Eso lo informa La Nación del 29 de enero, en su artículo “₡3.140 millones pagados de más en pensiones de lujo.” Los montos pagados de más pasaron de ₡1.523 millones en el 2014 a ₡3.140 millones en el 2018; esto es, un incremento del más del 100%… y nada se hizo para corregir las razones de la hemorragia.

Esos pagos de más se deben a que, en el caso (1), la DNP no tenía el dato correcto de la muerte del titular y seguía depositando la pensión correspondiente y, en los casos (2) y (3), en que no se efectuaba el traslado con los requisitos debidos de los herederos, en cuanto a edad, educación, salud y dependencia del titular, pero la pensión se siguió girando.

La solución a (1) al fin ya se ha puesto en marcha por la DNP, mediante acuerdos con el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores para titulares fallecidos en el extranjero y con el Poder Judicial. Pero, lo que internamente debe resolver son las situaciones (2) y (3), que dependen de las gestiones y comprobación de lo afirmado, por los herederos del titular. La eficiencia se logra en el momento en que, a partir del fallecimiento de aquel, se deja de depositar el dinero en las cuentas registradas y no será sino hasta que se cumpla con esas gestiones y comprobaciones, que se volverá a desembolsar si fuere el caso. Así, habría un incentivo efectivo para un pronto arreglar de la situación de parte de los herederos. Creo que así se hace en el caso de los pensionados del IVM de la Caja (ojalá no esté yo equivocado).

En todo caso, se ha afirmado que esos fondos pagados de más podrán recuperarse, pero, como señala el medio, “depende de largos procesos entre los beneficiarios y la Dirección General de Pensiones.” Qué triste… largos procesos, pero, después de muerto el titular, rápidamente siguió entrando la plata a las cuentas de los herederos. Según la Contraloría, a agosto del 2017, había 672 casos con un monto total de ₡948 millones por recuperar.

Recuerden: todo esto es con fondos públicos; recursos aportados por todos los costarricenses para beneficio de un grupo de privilegio; y todavía se termina entregando más de lo debido. Cosas veredes en nuestro gobierno …


Publicado simultáneamente en ASOJOD y en PuroPeriodismo.

Como lectura complementaria les recomiendo:
Capitalización individual: la reforma necesaria a los regímenes de pensiones de reparto

Si le gustó, compártalo: