Según las cifras, las pensiones con cargo al presupuesto y los privilegios son el “talón de Aquiles” del déficit fiscal

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En palabras de la ministra de Hacienda, “los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son el equivalente al 22% de los ingresos que recibe el Estado.” Los privilegios del sector público y las pensiones con cargo al presupuesto equivaldrían a un 46.8% del presupuesto en el 2019.

Lo justo es que toda pensión sea producto de los aportes (cuotas) más los rendimientos generados por estas. En otras palabras, un régimen justo es aquel que no se financia con el presupuesto de la República. En este sentido, solo el régimen de pensiones conocido como de “Capitalización individual” es justo. Por definición, todo régimen de pensiones de reparto, como el de la CCSS, el del Poder Judicial y el del Magisterio son injustos porque se financian con impuestos. La única excepción debe ser el régimen no contributivo de la CCSS.

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Se debe poner orden en el Poder Judicial

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El 33% del presupuesto anual del Poder Judicial se va en sobresueldos que suma en promedio ₡1 millón por empleado. En contraste, el salario promedio del sector privado es de ₡385.000.

Ante este panorama, ¿cree el lector que se deban aprobar más y nuevos impuestos? El problema fiscal en Costa Rica es el exceso de gasto público, no la falta de impuestos. El Estado se encuentra obeso y hay que reducirlo, aunque no existiera déficit fiscal.

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Metástasis en cesantías a los gobiernos locales

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Resulta que 47 municipalidades, del total de 81, pagan más de 12 años de cesantía. En muchas de ellas no hay límite a la misma. Además, en muchas se paga la cesantía aun sin cumplir el requisito exigido en el Código de Trabajo el cual estipula el pago solo en casos de que el trabajador se acoja a la pensión o bien en caso de despido por voluntad del patrono.

Esos pagos se financian con los impuestos municipales y, a mayor cesantía, menos servicios públicos, menor es la calidad de este o mayor es el estrujamiento al sector privado. Esto último afecta el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.

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Uso falaz de la autonomía del Poder Judicial para defender privilegios salariales

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Es inconcebible que el Poder Judicial acuda a la separación de poderes para argüir en favor de conservar sus pluses de privilegio. Lo que se nos dice es que, en asunto de gastos, el Poder Judicial puede hacer lo que le da la gana o lo que leyes de privilegios propios consignen, sin que el ciudadano tenga forma de impedirlos.

Esa conducta arrogante, de creerse dueños de las haciendas de las personas, más bien parece propio de emperadores y reyes del medioevo.

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Abusos en la convención colectiva del Consejo Nacional de la Producción

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A diario vemos notas periodísticas con nuevos listados de abusos en las convenciones colectivas del sector público. El Consejo Nacional de la Producción (CNP) no escapa a esta práctica que se financia injustamente con el sudor de los contribuyentes.

El CNP no tiene razón de ser. Cerremos esta entidad y toda aquella que no cumple función social alguna y acabemos, de una vez por todas, con las piñatas de las convenciones colectivas.

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Incentivos vs salarios en el sector público

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Según el informe de la Contraloría General de la República de Costa Rica, “Presupuestos públicos 2017: Situación y perspectivas”, los incentivos representan hasta 1.37 veces el salario del empleado del sector público. Al 2014, 47 entidades públicas cubiertas por el Servicio Civil contaban con más de 68 sobre sueldos.

Es necesario, por un asunto de transparencia y eficiencia administrativa, simplificar y unificar la política salarial en el sector público. El salario promedio del sector público es de 136% superior al del sector privado y esto no puede ser. Lucrar no es malo. Sin embargo, el objeto de una entidad pública no es el lucro y, quien quiera hacerlo, que se vaya al sector privado. En este sentido, los salarios del sector público siempre deben ser inferiores al del sector privado.

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