Mantenidos por otros: el caso de ANDE

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“Te ganarás el pan con el sudor de tu frente”; no con el del prójimo. Todo aquello que genere valor no requiere del uso de la coerción por parte del gobierno.

En el caso de la educación, es necesario reflexionar sobre la distinción entre proveer un servicio y limitarse a financiarlo. Una cosa es que el gobierno administre centros educativos y otra es que se limite a transferir recursos directamente a los estudiantes de escasos recursos con el fin de que estos lo inviertan en el centro educativo de su predilección, sea público o privado.

Aunque sea a regañadientes, poco a poco algo se va logrando

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Ya sabíamos que las relativamente pocas reformas para frenar el excesivo crecimiento del gasto gubernamental, contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en diciembre del 2018, serían obstaculizadas de diversas formas por los grupos de presión que viven de esos privilegiados y sobresuledos.

La situación de privilegios y sobresueldos es insostenible para las universidades estatales. Para el 2028, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se consumirá todo en salarios. La solución permanente es eliminar el FEES y que las universidades se financien 100% con ingresos propios producto de la matrícula y venta de servicios. A la vez, hay que cerrar el Conesup o al menos quitarle la potestad de que esta autorice la apertura de universidades y carreras universitarias con el fin de someter a la educación superior al rigor de la libre competencia.

A entrarle pronto y firme a los privilegios de las convenciones colectivas

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Acabar con las convenciones colectivas no es solo un asunto de materia fiscal sino, sobre todo, de justicia social. Ninguna entidad pública podría sobrevivir con semejantes privilegios si estuvieran sometidas a la libre competencia.

El problema fiscal y el estancamiento económico no es un asunto de falta de impuestos sino de exceso de gasto público, exceso de privilegios, exceso de entidades, y exceso de personal.

Más gremios de empleados públicos recurren a la Sala Constitucional a defender sus privilegios

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Los sindicatos de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP) y del Banco Nacional presentaron recursos ante la Sala Constitucional pidiendo que les sean restituidos los pocos privilegios que les fueron modificados, ni siquiera eliminados, con la aprobación del Plan Fiscal a finales del 2018.

“Si algo lo paga un tercero, no es un derecho sino un privilegio”.

Según las cifras, las pensiones con cargo al presupuesto y los privilegios son el “talón de Aquiles” del déficit fiscal

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En palabras de la ministra de Hacienda, “los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son el equivalente al 22% de los ingresos que recibe el Estado.” Los privilegios del sector público y las pensiones con cargo al presupuesto equivaldrían a un 46.8% del presupuesto en el 2019.

Lo justo es que toda pensión sea producto de los aportes (cuotas) más los rendimientos generados por estas. En otras palabras, un régimen justo es aquel que no se financia con el presupuesto de la República. En este sentido, solo el régimen de pensiones conocido como de “Capitalización individual” es justo. Por definición, todo régimen de pensiones de reparto, como el de la CCSS, el del Poder Judicial y el del Magisterio son injustos porque se financian con impuestos. La única excepción debe ser el régimen no contributivo de la CCSS.

Se debe poner orden en el Poder Judicial

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El 33% del presupuesto anual del Poder Judicial se va en sobresueldos que suma en promedio ₡1 millón por empleado. En contraste, el salario promedio del sector privado es de ₡385.000.

Ante este panorama, ¿cree el lector que se deban aprobar más y nuevos impuestos? El problema fiscal en Costa Rica es el exceso de gasto público, no la falta de impuestos. El Estado se encuentra obeso y hay que reducirlo, aunque no existiera déficit fiscal.

Metástasis en cesantías a los gobiernos locales

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Resulta que 47 municipalidades, del total de 81, pagan más de 12 años de cesantía. En muchas de ellas no hay límite a la misma. Además, en muchas se paga la cesantía aun sin cumplir el requisito exigido en el Código de Trabajo el cual estipula el pago solo en casos de que el trabajador se acoja a la pensión o bien en caso de despido por voluntad del patrono.

Esos pagos se financian con los impuestos municipales y, a mayor cesantía, menos servicios públicos, menor es la calidad de este o mayor es el estrujamiento al sector privado. Esto último afecta el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.

Uso falaz de la autonomía del Poder Judicial para defender privilegios salariales

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Es inconcebible que el Poder Judicial acuda a la separación de poderes para argüir en favor de conservar sus pluses de privilegio. Lo que se nos dice es que, en asunto de gastos, el Poder Judicial puede hacer lo que le da la gana o lo que leyes de privilegios propios consignen, sin que el ciudadano tenga forma de impedirlos.

Esa conducta arrogante, de creerse dueños de las haciendas de las personas, más bien parece propio de emperadores y reyes del medioevo.