Fue sin querer queriendo

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Por “error”, en marzo del 2019 el departamento de Relaciones de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, avaló privilegios en 4 municipalidades que van en contra de lo aprobado en el Plan Fiscal. El Ministro de Trabajo, en vez de suspender de inmediato al responsable del departamento pertinente, se lava las manos diciendo que investigará la decisión.

Vemos un patrón muy claro. De alguna manera, sea con huelgas, recursos legales o “errores” del Poder Ejecutivo, el Gobierno está permitiendo que los privilegios en el sector público no se modifiquen. No es de extrañar ante un Gobierno prosocialista.

Metástasis en cesantías a los gobiernos locales

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Resulta que 47 municipalidades, del total de 81, pagan más de 12 años de cesantía. En muchas de ellas no hay límite a la misma. Además, en muchas se paga la cesantía aun sin cumplir el requisito exigido en el Código de Trabajo el cual estipula el pago solo en casos de que el trabajador se acoja a la pensión o bien en caso de despido por voluntad del patrono.

Esos pagos se financian con los impuestos municipales y, a mayor cesantía, menos servicios públicos, menor es la calidad de este o mayor es el estrujamiento al sector privado. Esto último afecta el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.