Sobre la evasión fiscal y el solve et repete

José Joaquín Fernández Evasión fiscal, Gasto público, José Joaquín Fernández, Solve et repete Leave a Comment

Por José Joaquín Fernández. Miembro de la Mont Pelerin Society.

Es natural pensar que el Gobierno necesita recursos económicos para ejercer sus funciones. Pero,  ¿cuáles son las funciones esenciales de un Gobierno? Una vez que entendemos lo anterior, cabe preguntarnos, ¿cómo financiar tales funciones? Es decir, la función de un Ministerio de Hacienda no es buscar la manera de extraer la máxima cantidad posible de impuestos del bolsillo del contribuyente, sino solo aquellos necesarios para que el Gobierno pueda cumplir con sus funciones esenciales.

Es justo que cada persona, sea empleado o emprendedor, disponga libremente del 100% de su ingreso. Dado que un esclavo es aquel quien no dispone libremente de su ingreso, nos hacemos esclavos del político y del burócrata cuando la ley nos obliga a financiarlo. Por tanto, ¿de dónde nos viene esa idea equivocada de que toda persona tiene la obligación moral de financiar al Gobierno en cualquier cosa que a este se le antoje? Si es un derecho que cada persona disfrute el 100% del fruto de su esfuerzo, ¿de dónde nos viene esa idea del inconsciente colectivo que debemos contribuir con los gastos del Gobierno sin importar la carga que este represente como porcentaje del Producto Interno Bruto?

Se nos dice que sin la coerción de la ley, el Gobierno carecería de recursos para cumplir sus funciones pues nadie contribuiría de manera voluntaria. Dicha afirmación es muy discutible. En un sistema capitalista, las personas comparan precios y calidad y están dispuestas a comprar voluntariamente, sin que medie coerción, los bienes y servicios que consideran convenientes para su bienestar. ¿Por qué se cree entonces que los bienes y servicios que ofrece un Gobierno solo podrían financiarse por medio de la coerción (impuestos)? ¿Será acaso porque los bienes que ofrece el Gobierno no guardan relación entre precio y calidad? Lo que sí es cierto es que al convertir el pago de impuestos en algo coercitivo y al hacer de la evasión tributaria un delito, se estimula el mal uso de los recursos públicos, sea en gollerías, ineficiencias, desperdicios, privilegios, crecimiento descontrolado del gasto, déficits permanentes y corrupción. Así como en un mercado donde hay un monopolio creado por ley los precios son altos y la calidad es baja porque no existe el incentivo de la competencia, del mismo modo, cuando el ingreso al fisco es obtiene por medio de la coerción, no existe el incentivo por parte del Gobierno a hacer uso eficiente de los mismos.

Ver: ¡Arriba las manos! Vengo a cobrar impuestos.

Algunos intelectuales, denominados anarcocapitalistas, sostienen que es posible obtener todos los servicios propios de un Gobierno sin recurrir a un solo impuesto. Ejemplo de ello lo encontramos en libros como The Machinery of Freedom de David Friedman. Sin embargo, vamos a hacer a un lado la posición del anarcocapitalismo y vamos a asumir que las funciones propias de un Gobierno requieren de alguna estructura tributaria. Tenemos entonces la necesidad de crear algún impuesto para que el Gobierno pueda financiar sus funciones esenciales pero sin olvidar que, dado que los impuestos se basan en el uso de la coerción, esto se presta para abusos en el gasto público que debemos evitar. En este sentido, toda recaudación que vaya más allá de financiar las funciones esenciales del Gobierno deben verse como injustas, inmorales, e inconvenientes tanto desde el punto de vista económico como del democrático. No todo lo que es legal es moral ni conveniente. Así, hubo un tiempo en que la esclavitud era legal pero eso no la hacía moral ni justa. Del mismo modo, podrán aprobarse impuestos y todos serán legales pero no por ello justificados moralmente ni convenientes.

El Gobierno, (sean ministerios, instituciones, empresas o programas) debe rendir cuentas porque se financia del esfuerzo de la iniciativa privada, sean emprendedores o empleados. El Gobierno debe actuar con transparencia siempre y en todo lugar y en esta era digital, los Gobiernos están en capacidad de publicar, de manera mensual, todos los estados financieros pertinentes y con el detalle necesario para que la sociedad civil esté en vigilia permanente. Oponerse a ello es digno de sospecha de corrupción.

Antes de proponer nueva legislación para reducir la evasión fiscal o para crear nuevos impuestos o aumentar las tasas de los existentes, debemos analizar si el Gobierno se ha excedido en sus funciones y si el gasto público está siendo empleado de manera opresiva contra el pueblo. El Gobierno no tiene autoridad moral para acusar a los evasores, ni de proponer nuevos tributos si él mismo no hace buen uso de los muchos recursos de los que ya dispone. Tampoco tiene el Gobierno autoridad para hablar de nuevos tributos si el gasto público excede en mucho sus funciones esenciales.

Algunos Gobiernos arremeten contra la evasión fiscal y olvidan muchos aspectos pertinentes. Una de ellas es que es imposible evitar al 100% la evasión fiscal al igual que es imposible evitar el 100% de los robos en una sociedad. Evitar un robo, al igual que reducir la evasión fiscal, tiene un precio. Todos podemos pagar más seguridad, más cámaras de video, más rejas, etc. y reduciremos la probabilidad de robos pero eso tiene un costo económico, y debemos ser cautos que no nos vaya a salir “más caro el caldo que los huevos”.

Mucha evasión se da en los estratos bajos y medios de la sociedad y no sería bueno, desde el punto de vista social, evitar dicha evasión. Por ejemplo, cuando una persona visita a nuestra madre para hacerle un manicure, cuando nos visita el electricista independiente, cuando le compramos a un vendedor ambulante, cuando visitamos el mecánico del barrio con su pequeño local, cuando le compramos flores al niño en la esquina, cuando llamamos al fontanero, cuando compramos en la pulpería, etc; la mayoría de las veces, por no decir todas, ninguno de estos tiene facturas. En otras palabras, el sector informal de la economía, por definición, no usa facturas, no declara, no tributa y por tanto todos son evasores fiscales.

En Costa Rica, según datos del INEC, el sector informal en el 2015 representó un 45.3% de los trabajadores, es decir, 929 mil personas. Por un lado pensemos en el costo en que tendría que incurrir el Gobierno para cobrar la evasión fiscal del 45% de los trabajadores y, si lo hiciera, probablemente no recaude nada porque acabaría con la actividad de estas personas. Por tanto, el cobro de la evasión fiscal del sector informal de la economía no traería ingresos fiscales pero aumentaría el desempleo en más de 900 mil personas. Tributar tiene un costo económico alto: desde imprimir facturas, registrarlas, llevar registros contables lo cual implica aprendizaje, tiempo y aprendizaje para realizar la declaración, el pago no solo del impuesto de ventas, sino también el de renta sobre lo facturado, el costo en la contratación de algún contador que les realice la declaración de impuestos y costo que implica desviar horas de trabajo a la supervisión de una declaración correcta. Dado lo anterior, probablemente todos estos servicios dejarían de ser rentables y en este sentido la evasión vendría a cumplir una función social.

También, cuando la gente viaja al exterior y trae bienes que no declara en aduanas, se está evadiendo impuestos.

Otras veces, la evasión se realiza a pesar de la buena voluntad del contribuyente. Lo anterior debido a la complejidad del código tributario. Por ejemplo, una computadora y sus accesorios tienen un arancel distinto al de un televisor. Supongamos que se dañó el monitor de su computador y Ud. compra uno en el exterior y declara el impuesto de “accesorio de computador”. Sin embargo, si el monitor no trae salida “RGB”, Tributación Directa lo considera como un televisor. En este caso, Ud. fue un delincuente y un evasor.

Otras veces sí existe dolo al evadir impuestos. Sin embargo, es un error creer que este tipo de evasión fiscal se debe a la falta de instrumentos legales para cobrarlo.

La Dirección General de Tributación Directa no solo posee los mecanismos necesarios para combatirla sino que además posee una regla privilegiada que viola la Constitución Política y las convenciones internacionales con las que Costa Rica ha firmado acuerdos. Se trata de la regla solve et repete. Esta regla, cuya traducción literal del latín es “pague y reclame”, significa que para que un contribuyente pueda acceder a los tribunales para oponerse, sea de manera total o parcial, a un cobro de la Administración Tributaria, debe primero pagar, o dar garantía de su pago, el monto que se desea impugnar. Esto es como que una persona, al poner una demanda civil contra un tercero, el Tribunal exigiera al demandado pagar antes para tener derecho a defenderse. En otras palabras, para las autoridades tributarias, Ud es culpable hasta que demuestre lo contrario.

En el artículo titulado “Inconvencionalidad de la regla tributaria solve et repete, publicado en la Revista Judicial, Costa Rica, en marzo del 2015, el autor Alex Rojas Ortega expone claramente como en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece la regla solve et repete y de que cómo esta viola la Constitución de la República y la Convención Americana de Derechos Humanos. Según el autor, esta regla debe declararse nula, entre otras cosas, por su carácter discriminatorio y por limitar el acceso a los tribunales de justicia. Para algunos juristas, la solve et repete no se trata de ningún principio o regla sino de un injusto privilegio fiscal que debe ser anulado.

La democracia se fundamenta en la división de poderes con el fin de evitar el abuso del mismo. El Poder Ejecutivo no puede asumir funciones que le corresponden al Poder Judicial. La legislación tributaria tampoco pude contener privilegios de ningún tipo, sea sobre otros delitos como para violentar la privacidad de las personas, ni sobre demandas civiles. Si le damos mucho poder a Tributación Directa, corremos el riesgo de que se convierta en una Gestapo que persiga arbitrariamente a sus enemigos políticos o intelectuales. El Socialismo del Siglo XXI usa la mampara de evitar la evasión fiscal cuando en realidad su agenda oculta es convertir a Tributación Directa en una Gestapo.

Los montos de evasión fiscal que publicita el Gobierno son debatibles y me parece incorrecto llamar evasor a quien no se le ha declarado así en un proceso judicial. Tributación Directa no debe estar por encima del principio que “todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario”.

Algunos expertos a nivel mundial en materia tributaria, como Daniel Mitchell del Cato Institute o Robert Hall y Alvin Robushka del Hoover Institution de la Universidad de Stanford, consideran que una manera sana y eficiente de reducir la evasión fiscal es remplazando el complejo código tributario por un sistema conocido como flat tax. El flat tax incentiva el pago voluntario de los impuestos, reduce el sector informal de la economía, reduce el costo de la declaración de impuestos, incentiva la inversión, reduce los costos de la administración tributaria (menos burocracia) y facilita detectar la evasión.

Según Tax Foundation, en el año 2012, solamente el costo de declarar los impuestos federales en los EE.UU. fue de US$37.000 millones. A eso hay que sumarle el costo de la declaración de los impuestos estatales. Sería importante realizar un estudio sobre cuál es ese costo en Costa Rica. El costo de declarar impuestos es riqueza perdida, esfuerzo desperdiciado. Esta es otra razón del por qué el sistema tributario debe ser simple al estilo del flat tax.

Ver: El flat tax: La alternativa a la reforma fiscal tradicional.

Debe haber una responsabilidad social para garantizar los recursos necesarios para que el Gobierno cumpla sus funciones. Sin embargo, no es correcto, ético, ni sano para el desarrollo económico y social que la ley obligue a contribuir con ministerios, instituciones, empresas y programas públicos que no encuentran justificación ni razón de ser en la ciencia económica. La mayor parte del gasto público es, en el mejor de los casos, un mero capricho, un botín, una piñata, para pagar favor político y disfrutar de privilegios durante los años en el poder. En el peor de los casos, el crecimiento del gasto público es parte de la estrategia perversa del socialismo del Siglo XXI para que el Gobierno ejerza cada vez más poder sobre el ciudadano hasta que, eventualmente, éste no pueda sobrevivir sin depender de algún funcionario público para cualquier asunto mínimo en su vida. Independientemente del motivo, es claro y evidente que los Gobiernos se han excedido en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, todo Gobierno es ineficiente per se y es por eso que el gasto público debe ser mínimo y debe limitarse a financiar sus funciones básicas, pero necesarias, y deshacerse de todo aquello innecesario. El Gobierno tiene un papel en el fomento de la seguridad civil (policía), tribunales de justicia, infraestructura, educación primaria (no universitaria) y salud. Pero no hay nada que justifique instituciones como Mideplan, Micitt, MEIC, MAG, CNP, Ministerio de Turismo, Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local, Ministerio del Deporte, Comex, Mivah, IFAM, Infocoop, Japdeva, BCCR, Conavi, Inamu, Incop, IDA-INDER, ni universidades públicas, ni bancos estatales ni monopolios de Gobierno, etc.

Antes de plantear más impuestos, o en reformar las leyes para darle más poder arbitrario a Tributación Directa para “reducir” la evasión fiscal, debemos cerrar instituciones que no cumplen función social alguna ni en educación, ni en salud.


Publicado el 22/ENE/2016 en La Prensa Libre (Costa Rica):
www.LaPrensaLibre.cr/Noticias/detalle/55343/518/jose-joaquin-fernandez:-sobre-la-evasion-fiscal

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