El liberalismo ante el matrimonio igualitario

José Joaquín Fernández Liberalismo Leave a Comment

Ante la agenda por el matrimonio igualitario, los progresistas se abrazan con los socialistas

Por José Joaquín Fernández. Miembro de la Mont Pelerin Society.

Editado el 06 de septiembre del 2019

El pasado 24 de noviembre del 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su criterio en relación con una serie de consultas interpuestas el 18 de mayo del 2016 por el Gobierno de Costa Rica. Dentro de las consultas se encuentra si el Estado debe reconocer todos los “derechos” patrimoniales que se derivan entre personas del mismo sexo.

La respuesta de la CIDH fue, de manera unánime, que “[e]l Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”. Con seis votos a favor y uno en contra, el criterio de la CIDH agregó que “es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales” (subrayado mio).

Al leer tanto la consulta del Gobierno de Costa Rica como la respuesta de la CIDH surge la pregunta: ¿Es el matrimonio un derecho? ¿Existe tal cosa como “derechos patrimoniales” dentro del matrimonio? Uno de los errores más graves de todo socialista, y de los progresistas, es que llaman “derecho” a los que en verdad es un privilegio o, como en este caso, una violación de un derecho.

Para quienes defendemos que el gobierno debe respetar el ejercicio de la libertad individual, creemos que no es potestad del gobierno definir lo que es un matrimonio. Así como el gobierno no define, ni regula, lo que es una amistad, ni lo que es un noviazgo, tampoco debe definir lo que es un matrimonio.

Solo es un derecho aquello cuya existencia precede la constitución del Estado. En este sentido, el único derecho que existe es que somos libres. Nadie puede ser esclavo ni amo de nadie. Lo anterior implica que todos los seres humanos tenemos el derecho a hacer con nuestras vidas privadas lo que se nos “pegue la regalada gana” sin que el gobierno meta sus narices para regularlo. Debemos aceptar que el Estado viola el derecho a la libertad individual cada vez que regula nuestra vida privada, donde se incluye la regulación al matrimonio y su disolución.

El único límite al ejercicio de nuestra libertad es no violar la libertad del otro. Bien decía Benito Juárez, “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

No le compete al Estado aprobar, ni regular, la relación sentimental entre adultos. La libre asociación entre adultos es un derecho que deriva del derecho fundamental: el ejercicio de la libertad individual. Es decir, deben ser las partes involucradas en una relación sentimental quienes definan su contrato civil, sin importar el número de participantes, diferencias de edad o su orientación sexual.

La iglesia, o cualquier otro grupo privado (sea religioso o no), pueden tener su postura en relación con la definición de matrimonio. Sin embargo, lo que no puede hacer la iglesia, ni un tercero, es imponer su criterio, sea por medio de la ley o del sistema educativo, porque debemos respetar la libertad y el libre albedrío de todo ser humano. El gobierno no debe promover ninguna definición de matrimonio. Si lo hiciera, estaría metiéndose en la vida privada y, por ende, violentando la libertad individual.

El matrimonio es un asunto privado donde ni terceros, ni la sociedad, ni la iglesia, ni el gobierno deben interferir, sino respetar. En este sentido, cualquier adulto tiene el derecho de convivir de la manera que quiera: heterosexual, homosexual, de manera poligámica, en matriarcado, relaciones abiertas, relaciones con diferencias de edad significativas, en relaciones monogámicas de exclusividad, etc.

Matrimonio y privilegios.

Desde mis años de adolescente, a principios de la década de 1980, he conocido a muchas parejas del mismo sexo que convivían bajo el mismo techo. Desde ese entonces, he conocido a muchas personas tanto bisexuales como homosexuales y lesbianas haciendo sus vidas en pareja. Desde ese entonces he sabido de discotecas para gente del mismo sexo que estaban abiertas al público con todos sus permisos y patentes de operación respectivos al día.

Lo que quiero decir es que la agenda por el matrimonio igualitario de los grupos LGBT y de los progresistas no tiene nada que ver con que se les respete el derecho a convivir con quienes ellos quieran porque han sido libres de hacerlo desde hace décadas. Es decir, no se requiere de ningún criterio de la CIDH para que personas con preferencia sexual hacia su mismo sexo puedan convivir.

La realidad es que la agenda del matrimonio entre personas del mismo sexo no es más que un eufemismo para buscar garantizar privilegios y regulaciones perversas. Según Daniel Valverde, abogado con especialidad en derechos humanos, considera que las siguientes son algunos de los privilegios y regulaciones que tiene el matrimonio heterosexual y que debe extenderse al matrimonio compuesto por personas del mismo sexo:

  • Solicitud conjunta de préstamo en el sistema bancario
  • Solicitud de créditos fiscales para reducir el pago del impuesto sobre la renta
  • Regulación por parte del Estado en la distribución de bienes en caso de ruptura de la relación
  • Acceso gratuito a seguros médicos para el cónyuge, en particular en particular aquellos otorgados por gobierno o bien intervenidos por este.
  • Acceso gratuito a seguros médicos para los hijos por parte de la seguridad social
  • Acceso a la pensión del cónyuge fallecido
  • Acceso a pensión alimenticia
  • Licencias en el trabajo en caso de matrimonio
  • Adopción de hijos

Los socialistas y los progresistas confunden derechos con privilegios. Se comete una injusticia social hacia el soltero cuando el Estado otorga privilegios económicos a quienes, según su sanción, viven en matrimonio. Por ejemplo, los sistemas de seguridad social en el mundo entero, por lo general, le otorgan privilegios al que viva en condición de matrimonio. Por ejemplo, la seguridad social se extiende al cónyuge y a sus hijos. En este caso, el soltero está subsidiando, a la fuerza, al casado y a sus hijos.

De igual manera se comete un atropello a la igualdad ante la ley cuando, bajo la figura artificial del matrimonio, se conceden beneficios fiscales.

¿Por qué habría de importarle al gay la aprobación por parte del Estado de la relación homosexual si no fuera más que para obtener privilegios como los que otorga la Seguridad Social al matrimonio? Si el Estado no prohíbe la convivencia entre adultos del mismo sexo, ¿qué es tanta alharaca por contar con la aprobación del Estado sino para recibir privilegios que atentan contra el derecho al ejercicio de la libertad individual? A mi entender, la lucha por lograr que el Estado sancione el matrimonio gay no es una lucha por derechos sino por privilegios.

Conclusión

En fin, el Estado no debe avalar el matrimonio gay. Tampoco debe sancionar el matrimonio heterosexual, ni el poligámico, ni el matrimonio de los swinger, ni ninguna otra forma de unión sentimental entre dos o más personas mayores de edad. Tampoco debe el Estado crear ningún tipo de privilegios, incluyendo los mal llamados derechos patrimoniales del matrimonio.

Es propio de socialistas pedirle al gobierno que defina y regule nuestra vida privada, incluyendo lo que es el matrimonio, sus privilegios, y las condiciones ante su eventual disolución. En esta materia, los progresistas persiguen lo mismo que los socialistas, por lo que es absurdo asociar la agenda LGBT a los movimientos liberales. En otras palabras, la propuesta de matrimonio igualitario es una agenda totalmente socialista.

El liberal no promueve la legalización de las uniones del mismo sexo sino la abolición de la injerencia del gobierno en la definición de matrimonio. Para el liberal, no existe tal aberración como matrimonio oficial y derechos patrimoniales, y no patrimoniales, en relaciones sentimentales. Las asociaciones entre personas, incluidas el matrimonio, deben ser contratos civiles cuyo contenido dependa exclusivamente de las partes libremente involucradas.