Representación 50% hombres, 50% mujeres.

José Joaquín Fernández José Joaquín Fernández, Libertad, Libertad individual, Política de género Leave a Comment

Por José Joaquín Fernández

¿Son las políticas de género compatibles con los valores de libertad y justicia? En particular, ¿es la obligatoriedad de 50% de representación femenina compatible con la democracia? Para las feministas de Costa Rica, agrupadas bajo el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), al parecer el único argumento para apoyar esta posición no es más que el censo poblacional que indica que las mujeres representan el 50% de la población.

Uno de los pilares de la democracia es que a través del proceso electoral puedan ser electas aquellas personas mejor capacitadas, preparadas e idóneas para el cargo. Todo ser humano tiene capacidades y habilidades distintas que son TOTALMENTE independientes de género, edad, color de piel, credo, nacionalidad, orientación sexual, etc. Lo que las feministas proponen es representación según el porcentaje poblacional, lo cual nos lleva al ridículo absurdo si se tomara en serio, porque entonces habrá que asegurar el porcentaje de participación correspondiente a los aficionados del Saprissa, a los menores de edad, a personas de la tercera edad, a los negros, un 15% a los nicaragüenses, a los heterosexuales, a los músicos, a los profesionales, etc. Dar un cargo a una mujer sólo porque es mujer es tan sexista y discriminatorio como darle oportunidad a un hombre sólo porque es hombre.

Como bien dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo: “Todo ser humano nace libre….”. Es decir, que el ser humano es libre por naturaleza y no por decisión o voluntad del gobierno, del legislador o de las mayorías. El principio de libertad individual es uno pero que se expresa de muchas maneras. Como bien dice el galardonado premio Nobel Friedrich Hayek en su libro “Constitution of Liberty”, la Libertad es una. La libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de comerciar, la libertad de credo, la libertad de acción, la libertad económica, la libertad de asociación, etc., todas son corolarios o consecuencias del principio universal de la libertad individual. Por tanto, todas estas manifestaciones de la libertad individual, incluyendo el derecho a la propiedad, también existen antes que el Estado, el gobierno o las leyes. El único límite a la libertad es no violentar la libertad de otro ser humano.

La libertad de asociación implica que todo ser humano tiene el derecho a agruparse en las condiciones que ellos acuerden libremente siempre y cuando no violenten la libertad del prójimo. Siendo así, como resultado de esa libertad, los individuos tienen la facultad, por derecho natural, de agruparse bajo los criterios de deseen, excluyendo a los que no cumplen con los criterios del grupo. Es decir, cualquier organización puede ser de sólo hombres, sólo mujeres, sólo católicos, sólo mayores de edad, etc. Por tanto, ningún gobierno tiene el derecho a violentar o imponer criterios de agrupación más allá de prohibir la asociación ilícita con fines de crimen organizado.

Por otro lado, toda política de género lleva implícito el supuesto de un sentimiento de inferioridad, lo cual es contrario a lo que se persigue. Abogar por la obligatoriedad de participaciones mínimas para la mujer solo se explica si se da por un hecho que la mujer no posee la misma capacidad que los hombres. El reconocimiento que vale es el que se alcanza con esfuerzo propio. Todo ser humano con autoestima desconoce el papel de víctima. Por tanto, no es de extrañar que la campaña del Instituto Nacional de la Mujer presente a la mujer como víctima e incapaz de valerse por si misma y de ahí que el INAMU insista en la necesidad de la Ley.

Es lamentable que el gobierno, y en particular el INAMU, hagan un derroche multimillonario de recursos en esta campaña injusta, habiendo tanta necesidad social e inseguridad ciudadana. Las personas deben ser electas por sus capacidades, habilidades y esfuerzo y no simplemente por su condición de género. Las políticas de género que buscan crear cuotas artificiales son desde todo punto de vista discriminatorias, violan el principio de libertad individual de todo ser humano, en particular el de asociación bajo los criterios libremente establecidos, y obstaculizan el principio democrático de elección según capacidad e idoneidad.

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