Ñangazos proteccionistas

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Por Jorge Corrales Quesada

Quiero ser muy honesto con ustedes, amigos lectores: así imagino yo los golpes recientes que los impulsos proteccionistas de algunas autoridades de gobierno han ocasionado a los bolsillos de los ciudadanos. Ñangazo es una buena palabra para describirlo y tiene la virtud de que la generalidad de los costarricenses conoce bien el sentido de esa palabra. Es un mordisco o mordedura que usualmente lo identificamos como la de un animal, pero que también creo es lícito hablar de un ñangazo a los presupuestos de las familias: Es una extracción violenta de los recursos limitados de los consumidores, cuando, por medio de la imposición de un arancel a las importaciones o una prohibición abusiva o indebida, un estado da a lugar a un descenso en la oferta de bienes y servicios en la economía, lo cual se traduce en un aumento en los precios. Ese es el ñangazo a nuestros presupuestos familiares, cuando para comprar lo mismo que antes, ahora hay que desembolsar más plata, que en este caso va a dar, parte al estado, y parte a los productores que se decidió proteger. Pero, como veremos luego, el ñangazo no afecta sólo a los consumidores, pues puede dar lugar a medidas que también dañan a exportadores que no han tenido nada que ver con la decisión gubernamental.

Eso sí, lo de los aguacates no es el único ñangazo reciente: lo cierto es que el proteccionista ministerio de Agricultura, por medio de dependencias suyas, desde hace un rato ha venido, pedacito por pedacito, erosionando las posibilidades de consumo de los ciudadanos. Veamos algo de esa historia:

  • Se ha restringido la importación de pollo desde Canadá y los Estados Unidos.
  • Se ha limitado la importación de frijoles desde Nicaragua.
  • Se ha impedido importar cebolla del exterior.
  • Con la exigencia de una aprobación de parte del gobierno de Costa Rica a las plantas chilenas productoras de embutidos, se ha restringido su importación, sin pensar que Chile exporta, desde hace buen tiempo, embutidos a muchos países del mundo, sumamente exigentes en cuanto a normas fitosanitarias.
  • El arancel impuesto a las importaciones de arroz es notorio, aunque después el gobierno proteccionista medio echó marcha atrás, al permitir, ante la barbaridad de lo actuado, que hubiera a cambio cuotas de importación de arroz proveniente de Uruguay y Argentina. Toda la restricción arancelaria ha sido para favorecer a un grupo poderoso, pero muy reducido, de productores domésticos.
  • En un artículo de don Emilio Bruce, en La República del viernes 05 de junio de este año y que lleva por título “Sinceramente. ¡Todo acto conlleva consecuencias!, señala limitaciones a las importaciones de miel de abeja, especias, carne de res y de cerdo, pescado, plátano verde, chile jalapeño, huevos deshidratados…

Esta conducta gubernamental, particularmente del ministerio de Agricultura, es síntoma de un envalentonamiento de las fuerzas proteccionistas, especialmente ancladas en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), sin dejar de lado un disimulado ministerio de Economía.

De los anteriores productos, el que sin duda más discusión pública ha provocado es la reciente prohibición a la importación de aguacate, por lo cual me centraré en comentar dicho caso, pero ello no extingue el análisis que se podría hacer de los casos de restricciones similares a las importaciones arriba citadas. Todos son bichos de la misma especie, aunque varíen en detalles. Poseen la característica limitante de las importaciones, con un poco velado interés de proteger los intereses de grupos productores nacionales, en una búsqueda clara de lograr una protección que les genere rentas; esto es, ingresos que no devienen de su eficiencia productiva y en competencia, sino de la limitación a competidores más eficientes del resto del mundo para operar en el mercado nacional.

Todos esos casos descansan en limitar la competencia, de manera que así puedan cobrar un precio mayor que el que ellos podrían lograr si tuvieran que competir con otros productores internacionales más eficientes.  Este precio más elevado es el ñangazo que nos dan a los presupuestos de los consumidores, quienes, sin poder optar por los plenos beneficios del comercio internacional, si ahora quieren esos productos deberán pagar más por ellos; esto equivale a una reducción real de los ingresos familiares del promedio de los consumidores: el poder adquisitivo de sus salarios es así disminuido.

También la política que el gobierno está poniendo en práctica constituye una amenaza para otros productores nacionales, además de aquellos que utilizan los productos cuya importación es restringida. como materia prima para su propia producción. Me refiero al marco legal en que descansa nuestro comercio internacional. Estamos, desde hace más de tres décadas regidos por acuerdos multinacionales que cubren nuestro comercio internacional, que en esencia tienen como objetivo disminuir un proteccionismo oneroso para los participantes en dichos acuerdos y, a la vez, aumentar las posibilidades de consumo de las familias. La reducción de aranceles que se busca (aún pendiente de llevarse a plenitud) no es lo único. También existían barreras no arancelarias que tenían un efecto disuasivo del libre intercambio entre las personas y las naciones y que se han venido disminuyendo y dimensionado a la realidad de los mercados.  Voy a citar unos cuantos ejemplos de tales prácticas, pero hay muchas, pero muchas, otras más: subsidios a las exportaciones, regulaciones sanitarias y fitosanitarias no justificadas, determinación de elegibilidad para exportar al país de plantas e incluso de naciones del exterior, características discriminatorias a productos, como por ejemplo el etiquetado y el empaque, reglas de origen del producto, cuotas aplicadas a la importación de ciertos productos, un porcentaje determinado de contenido nacional en el valor agregado del producto, etcétera y un muy largo etcétera.

Parte de los acuerdos internacionales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tratan de disuadir esas barreras no arancelarias y, uno de ellos muy importante, es que, cuando se aplica una barrera de aquéllas a la importación desde una nación la cual se le impide el acceso, ésta tiene posibilidades de aplicar medidas arancelarias compensatorias.  Esto es, ante el daño que la prohibición ocasiona al país exportador, éste puede poner aranceles a la importación de bienes del país que introdujo la restricción no arancelaria. Es una especie de forma para compensar aquel daño, pero lamentablemente lo hace restringiendo la amplitud beneficiosa del libre comercio. El hecho es que tal posibilidad existe y con alguna frecuencia es aplicada entre países.

Casi todas aquellas limitaciones que el país ha impuesto sobre importaciones de otras naciones hacia Costa Rica, pueden perfectamente ser objeto de una represalia de ese tipo. Por ejemplo, México, si así lo quisiera, ante la prohibición injustificada por razones fitosanitarias de exportar aguacates a Costa Rica, podría prohibir la entrada a México de productos de Costa Rica. Por ejemplo, y lo tomo arbitrariamente de una lista de productos que exportamos a México, limitar nuestras importaciones de llantas o envases de vidrio o de productos agrícolas como aceite de palma o jugos y concentrados de frutas. O sea, gracias al proteccionismo gubernamental nuestro para favorecer a algunos pocos, se termina castigando, con tales represalias, a productores nacionales que exportan a México y que no han tenido nada que ver con la decisión arbitraria de nuestras gobernantes.

Si creen que esa última posibilidad no pasa de ser una eventualidad irrelevante, lean lo que informa desde México www.portalfruticola.com en su comentario del 28 de mayo del 2015 titulado “Aguacate: Médico pide reapertura del mercado costarricense”. Según el conocido medio mexicano El Financiero, el jefe de la Dirección General de Sanidad de México, Francisco Javier Trujillo, cuestiona la medida especialmente porque no hay “elementos científicos que pudieran haber justificado la decisión” del Ministerio de Agricultura, por intermedio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Además de que “muestreos que han realizado, confirman que los millones de frutos de aguacates que les hemos enviado [a Costa Rica] no representan riesgo de esta ni de ninguna otra plaga, ya que concluyeron que el viroide Sunblotch está ausente de Costa Rica.” Nuestro país tiene más de 25 años de importar aguacates dese México, si bien la prohibición también fue hecha para otros países, como Guatemala, al estado de Florida de los Estados Unidos, Israel, Australia, España, Sudáfrica, Ghana y Venezuela

El ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora, según el editorial del periódico La Nación del 02 de junio, titulado “Restricciones a la importación,” “se pregunta si las autoridades fitosanitarias siguieron el debido proceso, lamenta la tardía notificación de la medida a la contraparte mexicana y echa de menos el respeto al derecho a la defensa, que le habría dado a México la oportunidad de hacer correcciones o presentar estudios técnicos.” No dudo que al ministro, buen conocedor de estos temas y que forman parte de la esencia de su ministerio, más que del MAG, le ha de haber preocupado el señalamiento correcto y debido del director general de sanidad de México, señor Trujillo, quien resalta que el freno a las impostaciones de aguacate, “violentó el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Ni siquiera somos autosuficientes en la producción de los aguacates y, aunque lo fuéramos, ese argumento en favor de medidas proteccionistas es falaz, pues lo importante no es producir como tal, sino a un costo relativamente menor que competidores externos. El hecho es que, en la actualidad, importamos cerca de un 80% del consumo nacional de aguacate; el resto, es producido domésticamente.

Entendamos bien la irresponsabilidad de nuestro estado neoproteccionista (un nuevo término): tendrá serias consecuencias el aducir argumentos fitosanitarios que no están debidamente sustentados y que no están acordes con los tratados comerciales hoy firmados por nuestro país.

Primordialmente para el consumidor, quien, cuando deba ir a comprarlos a un mercado cuya oferta se ha reducido artificialmente, deberá pagar precios mayores y posiblemente obtener una menor calidad por los mismos productos que antes. Eso significa una disminución del ingreso real de las familias de los consumidores.

Asimismo, afecta a quienes importan al aguacate como insumo para producir otros bienes (por ejemplo, dips o salsas que llevan aguacate), pero tal vez el impacto en esto es más significativo en el caso de los otros productos igualmente restringidos en su importación por el estado, como la carne de res, cerdo, pollo, papa, arroz, especias, entre otros.

Igualmente, medidas torpes como las comentadas, podrán ser objeto de represalias por parte de los países cuyas exportaciones hacia Costa Rica se han visto restringidas de la manera expuesta. La posibilidad de represalias, de medidas arancelarias compensatorias, es muy real y de hecho estaría lanzando al país a procesos muy onerosos que posiblemente tendrán que ser resueltos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Dicho proceso jurídico no es nada barato. Tales represalias afectarán a un sector exportador que no ha tenido nada que ver con las medidas tomadas por el estado. Pero no lo serán únicamente los exportadores, sino también sus trabajadores, en un país en donde actualmente cunde el desempleo.

Más ampliamente, el inversionista nacional, ya con buen razón preocupado por un intervencionismo estatal inconveniente en rubros muy diversos, se da cuenta de que hay una nueva forma reforzada de limitar la libertad de comercio, pasándose nuestro gobierno tratados y acuerdos formales, por donde le plazca, todo con el fin de proteger indebidamente a unos pocos productores. Sin duda que políticas económicas como las expuestas minan la confianza, la seguridad jurídica, del empresariado y del inversionista nacional.

De paso, esos “pocos productores” beneficiados con el proteccionismo encontrarán en la restricción a las importaciones, tres claros incentivos. Uno de ellos, para aumentar el precio del producto que venden. El segundo, para mantener una calidad que no necesariamente es la mejor en todas las variedades que consume el mercado nacional y, en tercer lugar, ¿por qué habrán preocuparse por ser más eficientes, por elevar su productividad, si el consumidor nacional está obligado a consumir lo que ese pequeño grupo les ofrezca en un mercado con mucha menor competencia? Ni se diga del afán de innovar para superar la competencia que siempre debería estar presente en el comportamiento de un buen empresario… ¿Para qué preocuparse si no hay competidores?

Publicado en ASOJOD el 16 de junio del 2015.

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