Las universidades públicas unidas para defender sus privilegios

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Era esperable que, incluso ante una relativamente pequeña reducción o freno a privilegios incorporada en el paquete tributario recientemente aprobado, en su defensa y conservación, los rectores de las universidades estatales (UCR, Tecnológico, UNA, UTN y la UNED) se unieran para pedirle al presidente de la República, que a esas entidades no les fueran aplicadas, según lo definieron en un acuerdo del Consejo de Rectores (la tribu) del pasado 21 de febrero.

Las reformas cuya puesta en práctica se objeta para las universidades públicas, se refieren a la dedicación exclusiva, para que sólo se pague un 25% adicional del salario a licenciados y un 10% a bachilleres, mitad de las actualmente vigentes. Asimismo, en cuanto a la cesantía, la reforma requiere que haya un tope de 8 años, tal como está en el Código de Trabajo, y que a los que trabajadores cubiertos por convenciones colectivas, no excedan de los 12 años. También, en cuanto a las anualidades, en vez de ser un porcentaje del salario, lo sea en un monto fijo. En lo que trata de la evaluación de desempeño, así como que, en general, las reformas que está diseñando el gobierno para poner orden, regular los incentivos y las escalas salariales dentro del sector público, no les sean aplicadas, dejando que lo sea según una decisión propia de esos entes.

Todo forma parte de una andanada de rechazos en defensa de una serie de privilegios, como lo fue la gestión legal de los rectores para que se les mantuvieran los ₡10.000 millones que los diputados “le quitaron” al llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que inicialmente para este año era de ₡511.000 millones (sí, leyó bien). O sea, apelan legalmente para que una pequeñísima reducción del 1.96% por ciento de la trasferencia no se lleve a cabo. No olviden que son dineros que, de alguna forma, los ciudadanos han pagado con impuestos al fisco y el gobierno transfiere nuestros recursos para la operación de esas universidades. (En realidad, ese monto de ₡511.000 millones es sólo para la UCR, la UNA, el Tec y la UNED, pues, además, sólo para la Universidad Técnica Nacional se destinan por la vía del presupuesto gubernamental casi ₡35 mil millones).

El argumento que da base a la petición de los rectores, es que las universidades públicas gozan de autonomía y, por tanto, que esas decisiones legisladas en el paquete tributario citado no les son aplicables: que la autonomía universitaria es constitucionalmente distinta a la que gozan los llamados entes descentralizados, de forma que el Poder Ejecutivo no tiene jerarquía alguna sobre ellas en ese aspecto financiero, como también lo es en lo administrativo. En sencillo, se sienten independientes: una especie de repúblicas autogobernadas dentro de una República nacional, la cual, eso sí, les transfiere obligatoriamente recursos que todos los costarricenses aportamos por la vía de los impuestos.

Como dijo uno de los rectores de esas universidades, “no podemos ser reformados vía decreto, ni porque lo diga un diputado ni la contralora,” pero, es de esperar que esa independencia y autonomía, entendible para su estructura administrativa interna, se extienda a que esas universidades generen los ingresos necesarios para sus gastos. Que sean autosuficientes, emancipados del gobierno nacional. Hoy la quieren toda de todas: que les paguemos el gasto que deseen “autónomamente” llevar a cabo, pero liberados de que, quienes pagamos por medio del estado, la ciudadanía, no tenga forma alguna de detener un gasto que juzgamos sobredimensionado. Yo creía que en Costa Rica el poder soberano descansaba en la ciudadanía y no en una entidad gubernamental, que se arroga total independencia constitucional de la voluntad general.

La situación es que, sencillamente, las universidades públicas forman parte de un estado cuyas finanzas hacen aguas y que, en este terruño, sólo hay una República, no varias independientes. El día de mañana, bajo el prurito de autonomía, nos confiscarán más y más fondos por la vía de impuestos, cobrados por el gobierno para transferirlos luego a los administradores de esas universidades, para hagan lo que a ellos les parezca.