La lucha permanente del gobierno en contra del bienestar: el caso contra Airbnb

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Al igual que con Uber, una actividad económica innovadora dentro de lo que se conoce como economía participativa, ahora intereses creados en contubernio con un estado complaciente le han puesto la puntería a la empresa Airbnb; puntería para impedir que los ciudadanos progresemos ante los avances tecnológicos.

Esta empresa sirve de intermediaria entre “dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje no tradicional. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene,” según indica La Nación en su comentario del 27 de mayo, “Airbnb lanza campaña contra proyecto que le impone pagos.”

Una virtud de este tipo de “economía participativa” es facilitar a dueños de esos activos mencionados que generen ingresos que, de otra manera, no tendrían, pues están ociosos, o son parcialmente utilizados en tiempo y espacio, sin generar riqueza alguna. Gracias a aquella, nuestra economía hace un uso más eficiente del capital escaso en forma de viviendas, apartamentos y habitaciones. Esto es progreso, pues la alternativa es no generar un rendimiento, sino sólo, tal vez, algo de satisfacción por el uso o no uso de sus dueños. El mercado acude, una vez más, dando opciones a mucha gente para que pueda hacer un mejor uso de sus activos.

También, mucha gente que viaja puede preferir este nuevo tipo de alojamiento, pues no sólo se traduce en un ahorro de recursos ante alternativas tradicionales, sino que les puede parecer un ambiente más agradable y hasta familiar y de amistad con los criollos, algo que tal vez no encuentran en otras alternativas, además de condiciones físicas que aprecia más, como la ubicación del alojamiento.

Pero, se busca obstaculizar que el costarricense sea libre de usar mejor esos bienes propios, sin que con ello se afecte a nadie, excepto a potenciales competidores, lo que es deseable y se llama competencia. Al igual que con Uber, que se ha ganado la buena voluntad de la ciudadanía ofreciendo servicios mejores y más baratos, el gobierno ahora busca meter sus manos para que ese beneficio no llegue a plenitud a las partes, pues, además de los dueños nacionales de esos activos, también el extranjero que alquila por medio de Airbnb lo hace voluntariamente: de no ser así, no lo haría.

A la vez, el gremio tradicional de hotelería buscaría impedir esa competencia, aunque en algunos países ya ciertos hoteles, incluso de cadenas reconocidas, ha puesto en práctica una forma de alquiler como la de Airbnb: simplemente entra en acción la soberanía del consumidor y el deseo de obtener ganancias del empresario, al ofrecerles a los consumidores el servicio que demandan.

Se ha alegado que es necesaria la igualdad de tributos a Airbnb a los de hoteles formales establecidos. Esto da lugar a varios comentarios: primero, que, en lugar de pedir que al competidor se le pongan impuestos, lo que deberían procurar es que, si son un obstáculo serio para la actividad tradicional establecida, pues que, entonces, se eliminen o reduzcan. Segundo, entiendo que muchos hoteles tradicionales gozan hoy de exenciones tributarias, como parte de una política gubernamental de atracción del turismo al país. En tal caso, lo que debe buscarse es generalizar y no circunscribir esa exención. Tercero, los hoteles tradicionales pueden lograr mismo ese contacto personal y de elección que busca el viajero por medio de Airbnb: pongan habitaciones en alquiler, como las demandan los clientes que usan Airbnb. En esa plataforma hay libre entrada de oferentes (o hay igualdad de trato a diferentes oferentes), por lo que los hoteles tradicionales podrían participar del sistema y se darán cuenta de que posiblemente habrá economías de gastos significativas.

Pero, surgen la ley, la legislación, la regulación, la recaudación, la oficina gubernamental… el estado no es gratuito y es más bien un abusador, hecho que se refleja en el dicho, “si algo se mueve, pues póngale un impuesto.” Si algo progresa, si hay una innovación tecnológica, lo que a los estatistas les interesa es ver como obtienen más impuestos, no si es algo que aumenta el bienestar de la ciudadanía.

En la Asamblea aparece el consabido proyecto para “regular” a quienes osan subvertir al establishment: nada debe quedar fuera del saco del gobierno omnicomprensivo, no importando si las personas realizan transacciones entre sí, libre y espontáneamente. Al gobierno lo único que parece servirle es agarrar más plata a como haya lugar.

Uno ve la voracidad fiscal en el proyecto legislativo propuesto, que hace que personas que alquilan a extranjeros su activo, tengan que registrarse ente la burocracia (no sólo para efectos impositivos, sino para que estén en el listado del ICT, ¡gran cosa!), además de pagar onerosos impuestos a la nueva actividad, lo que termina cortándole alas al progreso. Sólo en impuestos municipales sobre Airbnb se cobraría lo siguiente, según la capacidad del activo para alojar huéspedes: “Si son dos personas, sería de ¢44.620 anuales” (10% del salario base) por unidad de hospedaje. “Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir ¢133.860. Mientras que, para más de seis, sería de un 80% (¢356.960).” Operadores actuales de Airbnb dicen que, con esos impuestos, no salen. ¡Y algunos políticos y ciertos analistas se quejan del crecimiento de la economía subterránea!: es gente que huye de los altos costos de la formalidad, como los elevados impuestos de todo tipo, entre ellos este sobre Airbnb.

Uno piensa en la demagógica expresión de” interés por los más pobres” que políticos blasonan en sus discursos. Esa protección, al encarecer Airbnb, favorece a los hoteles tradicionales, que usualmente no son propiedad de pobres, a la vez que pueden ser pobres quienes alquilan sus bienes mediante el sistema Airbnb. Una salida para mucha gente ante la crisis económica que hoy vivimos, y que seguirá por buen rato, pues no se toman las medidas convenientes, sería mejorar el uso de activos que hoy tienen ociosos y que, gracias a Airbnb, los pueden poner “a trabajar.” Sin embargo, eso parece ser secundario para políticos, que lo que mejor saben hacer es proteger intereses creados, ante cualquier nueva competencia tecnológicamente posible.


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