El estudio que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recién realizó de Costa Rica, sacó a la luz un tema que considero es de los más relevantes de nuestra economía: la denominada informalidad o subterraneidad. De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de noviembre del 2105, titulado Encuesta Continua de Empleo: El Empleo Informal en Costa Rica, este “alcanzó al 45% de la población ocupada en el cuarto trimestre del 2014, sin embargo, este valor ha oscilado entre el 36% y 45% del tercer trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2014, con una tendencia de aumento paulatino a partir del primer trimestre del 2012.” (P. 14). Es decir, a partir de tales datos acerca del empleo, existe en nuestra economía un importante sector laboral que labora en condiciones de informalidad (a veces llamado economía subterránea, aunque esto último puede interpretarse como que algo se oculta, lo cual no es enteramente exacto), además de que en los últimos años la informalidad ha mostrado un crecimiento constante.
En nuestra economía se presenta en las más diversas actividades. Por ejemplo, en el sector vivienda, hay importantes aglomeraciones de tugurios en tierras invadidas. Asimismo, en el sector comercio es frecuente observar las denominadas ventas ambulantes en las principales calles de la ciudad, además de ventas en vehículos estacionados en calles de zonas suburbanas de viviendas. También hay una industria informal, no sólo usualmente en productos de artesanía, sino también de confección y ropa, entre otros. En el sector transporte es harto conocido el caso de los piratas ilegales. Y en el sector de los servicios abunda la informalidad en talleres mecánicos, reparación de techos, arreglos de cañerías, limpieza de zacate y similares, así como de servicios de alimentación, no solo en las calles, sino incluso en sitios concretos. Toda la economía está llena de actividades en el marco de la informalidad.
En esencia la informalidad surge por la ineficiencia de las llamadas leyes -mejor dicho la legislación- que se traducen en costos de la legalidad: acatarlas tiene un costo. Entre estos hay un costo debido a la cantidad de tiempo que se debe dedicar para que una actividad logre ser formalizada, así como también en obtener la información necesaria que permita cumplir con la legislación y claramente a causa de los diversos pagos que se tienen que hacer dentro de ese marco de formalidad. La lógica es que, si el costo de cumplir con la formalidad es mayor que el beneficio que la persona obtiene de estar en ella, optará por escoger la opción de la informalidad.
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Veamos algunos de esos costos típicos de la formalidad que se tiene para ciertas actividades. Por ejemplo, en la construcción suelen existir costos de visados de planos, permisos para construir, la exigencia de que se construya bajo supervisión profesional (usualmente de colegios de ingenieros). Son muchos los trámites requeridos para poder abrir un negocio que sea “legal”, desde cumplir con requisitos legales de llevar libros de contabilidad, a tener un representante legal, hasta cumplir con una serie de requisitos físicos, desde la ubicación hasta el tipo de instalaciones, sin olvidar la obtención de patentes, que son autorizaciones estatales a veces muy onerosas. En el caso del transporte, está la imposibilidad de adquirir una placa de taxi (excepto si se la compra a un tenedor de ella que está dispuesto a venderla a un costo elevadísimo), todo lo cual estimula que el servicio de taxi sea pirata; esto es, fuera de la legalidad. Sin agotar la lista, también es importante el pago de impuestos que sobre las utilidades tienen que hacer las empresas formales, así como el pago de cargas sociales, que no son más que un impuesto al factor trabajo, una parte pagada por el patrono y otra por el trabajador, y termino citando los costos de servicios públicos que en diversas ocasiones son ilegalmente evadidos o bien no cubiertos del todo (por ejemplo, recolección de basura o de alumbrado público).
El diario La Nación expone la posición de la OECD respecto a la informalidad en su edición del 22 de febrero, en el artículo titulado “OCDE asocia alta informalidad con elevadas cargas sociales: Fuertes contribuciones son principal obstáculo para la formalización, dice estudio sobre Costa Rica.” En él se señala, proveniente la información del último Informe del Estado de la Nación, que “por cada empresa formal, hay 1.4 semi-formales (que pagan patente, pero no cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social” y agrega “estos trabajadores (informales) generalmente no tienen seguro pagado por el empleador o su empresa no está registrada.” Sin duda que son trabajadores que no dispondrán de pensión a la hora de su retiro (excepto que logren lo que se llama pensión contributiva -usualmente baja- que da la Caja, lo cual expresa el obvio riesgo moral existente), además de no tener garantías laborales establecidas en la legislación pertinente.
De acuerdo con la OECD, los aportes en Costa Rica al sistema de seguridad social (CCSS) se dividen en un 26% de los salarios, que es aportado por los empleadores, y un 16%, por los trabajadores. El primer aporte está por encima del promedio de aquel de empleadores de los países miembros de la OECD, que es de alrededor de un 17%, mientras que el segundo -el aporte de los trabajadores- es casi igual que el promedio de los países miembros de la OECD, aproximadamente de un 10%. O sea, en total el aporte de contribuciones del país al seguro social es de un 36%, en tanto que el promedio de los países de la OECD es de aproximadamente un 27%. El impuesto sobre el trabajo destinado a la seguridad social es mayor en nuestro país, que el promedio de las naciones de la OECD.
Aparte de que lo expuesto da lugar a una distorsión cual es que en un país, en donde es relativamente escaso el capital, se tiende a gravar el trabajo, que es el factor relativamente abundante, estimulando con ello un uso más intensivo del capital, en vez de la mano de obra, sino que también ocasiona que muchos negocios se vean impulsados a sumirse en la informalidad a fin de evitar tales cargas sociales. Sé que este puede no ser el factor único que impulse tal sistema de producción, pero creo, al igual que lo hace la OECD, que es un elemento importante para incentivar la informalidad.
Refiriéndose a un estudio realizado por el Instituto Libertad y Democracia del Perú, el jurista Enrique Ghersi, en su ensayo El Costo de la Legalidad, publicado por el Centro de Estudios Públicos de Chile, N. 30, 1988, expresa que los costos de permanecer en la formalidad, para una muestra de 50 pequeñas empresas industriales, “representan el 347.7% de sus utilidades después de impuestos y el 11.3% de sus costos de producción.” El 21.7% de los costos de permanencia “son tributarios; el 72.7% son laborales y burocráticos y el 5.6% restante, costos por uso de servicios públicos.” Los costos tributario son menos importantes para definir su informalidad y “más bien los costos de origen laboral y burocrático (son) los que tienen incidencia definitiva en la legalidad de las actividades económicas.”(P. 96). No hay duda de que la informalidad en cada nación difiere en lo específico de la de otros países, pero aquí hay una pista clara de que en nuestro país, tal como lo da a entender la OECD, las altas cargas sociales podrían constituir un estímulo importante para incentivar que las empresas se suman en la informalidad.
La OECD sugiere, “además de reducir los costos laborales no salariales,”… “simplificar las políticas del mercado laboral, mejorar la capacitación y la educación, fortalecer el cumplimiento y adaptar los trámites de registro a las necesidades de pequeños y medianos productores”, pero creo que, si no se llega directamente a reducir los altos costos impuestos por cargas sociales que hoy se cobran sobre el factor trabajo, continuará el incentivo hacia la informalidad. Es verdad que éste puede no ser el único factor que inclina hacia la informalidad, pero no parece haber duda de su significancia.