Es necesario replantearse el financiamiento a la educación pública.

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Un reciente informe de la Contraloría General de la República señala que, en el 2018, el país dedicó ₡2.6 millones de millones a financiar la educación estatal, monto que equivale al 7.7% del PIB. De esa suma, ₡700 mil millones -casi un 27%- se financió con las recaudaciones de impuestos del gobierno, mientras que, para financiar el 73% restante (₡1.9 millones de millones), se ha acudido al endeudamiento mediante bonos del estado. Esto se indica en un comentario de La Nación del 28 de diciembre (nada de analogías simbólicas con el Día de los Inocentes), bajo el encabezado “Gobierno financia con deuda 73% del gasto en educación.”

El endeudamiento es considerado por un funcionario de la Contraloría como que, en sí, no es un problema, pero, la realidad es que sí es un problema endeudarse a futuro, pues, al final de cuentas, deberá ser cubierto y con intereses, por los contribuyentes. Además, ese endeudamiento tan elevado del estado desplaza recursos que podrían dedicarse a actividades productivas privadas, las que deben generar un rendimiento superior a su costo a fin de cubrir tal endeudamiento. Está en lo correcto ese mismo funcionario en cuanto a que, desde su punto de vista, “el problema es cuando el endeudamiento está ligado a partidas que crecen inercialmente,” como es el conocido caso del financiamiento de la educación pública en un porcentaje del PIB, sin tomar en cuenta los objetivos y los resultados comparativos de los fondos que se dedican a esas actividades.

Además de que esa práctica, en criterio de la Contraloría, “nos puede poner en una situación de poca sostenibilidad financiera,” a lo cual hay que agregar que, ante la elevada demanda actual de recursos prestables que ejerce el estado, eso se refleja en tasas de interés mayores y en plazos menores, lo que impone limitaciones más duras a la consecución de recursos destinados al ministerio de Educación (MEP). Eso se ha visto recientemente con atrasos a desembolsos de Hacienda para los comedores escolares y los programas de becas.

En adición, atinadamente la Contraloría señala que se debe tomar en cuenta el hecho de que ha ido bajando la tasa de crecimiento de la población escolar, pues, por ejemplo, el número de niños en escuelas se redujo de 513.805 alumnos en el 2007 a 443.291 en el 2017. El reportaje no indica si es toda la población escolar o bien sólo de la pública, aunque parece ser esto último, pues podría ser que la reducción de la población total escolar no haya sido tanta, sino que aumentara la demanda de escuelas privadas. Pero, esto es muy posible que eso no sea así y que, en general, está declinando con esa fuerza el número de escolares de primaria.

Señala el medio que “en ese mismo período el presupuesto del MEP casi se cuadruplicó al pasar de ₡676.659 millones a ₡2.6 millones de millones (en el 2018), al tiempo que la cantidad de docentes aumentó en 25.000” y se estima que, de seguir igual el crecimiento del financiamiento esperado “alcanzaría los ₡5 millones de millones para el 2030.” Todo esto es una clara advertencia de que es indispensable revisar el gasto y el financiamiento del sistema educativo público.

Pero hay más. A pesar de que se tiene menos estudiantes y, contrariamente, más maestros y más plata gastada o “invertida” en educación pública, el rendimiento de esa “inversión” no ha mejorado. El medio señala tres fuentes de esto. Una es el llamado Informe del Estado de la Educación que señaló, según el artículo referido, que “los escolares ticos se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en áreas como Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias.”

Otra fuente es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (llamadas pruebas PISA), pues, según el medio, “Costa Rica retrocedió [en el 2015] en el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lectura, con respecto a las pruebas del 2012.”

Y, en tercer término, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), indicó, según La Nación, que “el país invierte más en educación que los 35 países miembros de la organización, la cual incluye naciones como Finlandia o Alemania” y que “esa inversión no se refleja en el desempeño de los estudiantes.”

O sea, no es tanto un asunto de cuánta plata se dedica a la educación pública, como que existe un serio problema estructural de la calidad de los resultados de esa inversión. Por tanto, creo que está muy desorientada en su apreciación doña Ivannia García, jefa de despacho de MIDEPLAN, quien indica que, con los aumentos de impuestos y mejora en la recaudación -todo derivado del paquete tributario recién aprobado- “van a hacer que la carga tributaria aumente y con el tiempo vamos a ir teniendo ingresos sanos y vamos a ir reduciendo el porcentaje del presupuesto que se destina vía endeudamiento,” pues no se trata de echar más plata “sana,” no proveniente de “deuda,” para asegurarse que mejore nuestro sistema educativo estatal. Más plata no parece resolver la baja calidad de la educación pública: cada año se destinan más y más recursos a ella y los resultados no mejoran.

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Es hora de cuestionar el actual sistema educativo estatal, tal vez buscando imitar a los suecos -sistema que muchos admiran- país en donde a los padres de familia se les da dinero del gobierno (el equivalente del que hoy aportamos todos nosotros y que lo gasta el MEP) para que los usen en pagar el costo de la educación en escuelas privadas o públicas, según a aquellos les parezca. La introducción de competencia que esa propuesta genera, crearía un enorme incentivo para que las escuelas reduzcan gastos y mejoren las técnicas de enseñanza, pues deben demostrar buenos resultados; de no ser así, el consumidor (los ciudadanos padres de familia y sus hijos) cambiarían de centro educativo.


Publicado simultáneamente en ASOJOD y en PuroPeriodismo.

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