Debemos reducir el gasto público con el cierre de entidades públicas

José Joaquín Fernández Liberalismo 20 Comments

Por: José Joaquín Fernández. Miembro de la Mont Pelerin Society.

En este momento una de las peores amenazas al desarrollo económico de Costa Rica es el creciente gasto público y el déficit fiscal.

En el portal de la Internet del Banco Central de Costa Rica encontramos cifras fiscales que se remontan a 1983. Desde entonces, Costa Rica ha tenido déficits fiscales en TODOS los años a excepción del año 2007. Ese año, que se asemeja a un minúsculo oasis en el desierto, el superávit fue de tan solo 0.85% en relación al Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, el déficit fiscal desde 1983 a la fecha ha sido del 3.68% y esto a pesar de que casi todos los gobiernos han aprobado no solo nuevos impuestos sino que también han incrementado las tasas de los ya existentes.

¿Por qué tenemos déficits crónicos? No hay nada en literatura de la ciencia económica que justifique los déficits fiscales. Por el contrario, lo sano es un presupuesto equilibrado tal y como lo sugiere el artículo 176 de nuestra Constitución Política. La historia nos revela que el déficit no es un problema propio de esta Administración sino que es un problema estructural y de la naturaleza misma del gobierno. Es decir, la solución al déficit fiscal no es una cuestión gerencial para que cierren las cuentas. La idea no es terminar con el déficit fiscal, sino terminar con el ciclo permanente de déficits fiscales y aumento de impuestos.

Existen principios básicos en la ciencia económica cuyo conocimiento debe ser parte de la cultura popular. Uno de ellos es que el gasto del gobierno no puede seguir creciendo y creciendo sin que eventualmente traiga consigo consecuencias negativas para un sano desarrollo económico sostenible. En el peor de los casos, un gasto público creciente explota en crisis como la que tuvo Costa Rica en la Administración Carazo Odio o la que atraviesan en estos momentos países como Grecia, España y otros países europeos. En el menos malo de los casos, un gasto público creciente se traduce en menores tasas de crecimiento y, por ende, en menos inversión, menos generación de empleo y menor crecimiento en los salarios.

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Lo anterior está confirmado por muchos estudios empíricos incluyendo “The Size and Functions of Government and Economic Growth”, el cual, es un extenso informe realizado con cifras comparativas durante un periodo de casi 40 años (1960 – 1996) para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que demuestra que existe una relación negativa entre crecimiento del gasto público como porcentaje de la producción nacional y las tasas de crecimiento de la economía.

Mientras que los países crecen a tasas promedios del 6% con un gasto público inferior a 25% como porcentaje de su producción, las tasas de crecimiento se reducen a un promedio del 1.6% anual cuando el gasto público excede el 60%. No solamente se reducen las tasas de crecimiento sino que también aumenta el desempleo y se reduce la productividad.

La gente ignora que los países nórdicos se desarrollaron con libertad económica y se estancaron luego de aplicar políticas de crecimiento del gasto público y regulación excesiva. Mucha gente habla de Suecia como ejemplo a imitar. Sin embargo, Suecia creció y se convirtió en uno de los países más ricos del mundo con libre comercio, gobierno pequeño y bajos impuestos. A partir de la década de 1950, Suecia adopta es Estado Benefactor y entró en una crisis profunda para finales de la década de 1980 que los obligó a privatizar todas las empresas públicas, reducir el gasto público de manera significativa, a introducir sistema de precios en su sistema de pensiones y a introducir competencia en su sistema educativo con el sistema de cupones. Con la aplicación de sus políticas del Estado Benefactor, Suecia pasó de ocupar la posición 4 a la 14 en la lista de los países más ricos del mundo.

La explicación del por qué los países crecen menos conforme se va incrementando el gasto público tiene una explicación muy sencilla. Todo lo que gasta el gobierno tuvo que ser primero extraído del sector privado. Es decir, al crecer el gasto público se reduce, de manera más que proporcional, el monto disponible del sector privado para la inversión. Tengamos muy presente que la inversión, operando en mercados libres y competitivos, es el único motor sostenible para el crecimiento, la generación de empleo y salarios crecientes. Como bien decía el Premio Nobel en Economía, James Buchanan, en su obra Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes; “Los recursos utilizados por el gobierno son menos productivos que los recursos utilizados por el sector privado, un traslado a un sector público cada vez más grande reduce la productividad general en la economía”.

La otra cara de la moneda del crecimiento del gasto público son los impuestos porque el gasto no puede crecer sin más impuestos. La solución al problema fiscal no son más impuestos. Aumentar la carga tributaria entorpece el desarrollo económico. La gente no desea invertir ni trabajar para que venga el Gobierno y se lleve el fruto del esfuerzo. Por tanto, los impuestos desestimulan la inversión.

Por otra parte, todo impuesto es un costo a la producción y, como tal, reduce los montos de inversión porque se cae la rentabilidad. Es un error creer que los impuestos a las empresas no tienen consecuencias para la clase trabajadora. Menos inversión se traduce, necesariamente, en menos crecimiento, en menor generación de empleo y los salarios crecerán menos porque la demanda de trabajo aumentará a un ritmo menor. ¿Por qué cuesta tanto entender esto tan simple?

Es un error creer que se puede cobrar impuestos solo a los ricos sin consecuencias para los pobres. Si, por ejemplo, el precio final de un artículo de la llamada “canasta básica” queda exento del pago del impuesto del valor agregado, eso no implica que los costos de producción de dichos artículos no hayan aumentado como consecuencia de los nuevos impuestos. Por tanto el productor tendrá que aumentar el precio de venta final de sus productos y será el consumidor quien pague las consecuencias. El aumento de los impuestos, sea para el consumidor o el trabajador, significa una clara y evidente disminución de su nivel de ingreso. No es lo mismo, por ejemplo, tener un salario de 400 mil y recibir los 400 mil completos porque está libre de impuestos, que tener ese mismo salario pero recibir tan solo una fracción debido a todas las rebajas por impuestos.

Los ingresos fiscales no solo crecen porque aumentan los tributos y las tasas. El crecimiento económico conlleva a un incremento automático en los ingresos fiscales y, aun así, los déficits persisten.

Año Crecimiento de ingresos fiscales Tasa de inflación
2010 17.90% 5.82%
2011 11.14% 4.74%
2012 10.70% 4.55%
2013 8.45% 3.68%
2014 7.62% 5.13%
2015 9.46% -0.81%

Con tales incrementos en los ingresos fiscales en términos reales, la existencia de un déficit solo se explica por la existencia de una avaricia fiscal y un despilfarro en los recursos públicos que crecen a mayor ritmo que los ingresos fiscales frescos. Lo anterior lo confirma una nota publicada en el diario La Nación (Costa Rica) titulada “Gobierno incrementó el gasto público en casi ¢1 billón”.

Aumentan los impuestos, sube la recaudación y se incrementa el gasto. No obstante, la gente percibe que la calidad de los servicios públicos ha caído, sea en infraestructura vial, atención médica, seguridad civil, infraestructura en escuelas y colegios públicos. No en vano Costa Rica ocupa la posición 118 (de 140) en el Informe 2015 de Competitividad Mundial, que publica el Foro Económico Mundial, en “desperdicio del gasto público” (Wastefulness of government spending).

Todos sabemos que el Gobierno despilfarra los recursos. Sin embargo, el problema en Costa Rica no es solo el déficit fiscal, sino el tamaño atrofiante del gobierno. El problema no se limita a que el gobierno gaste o administre mal; el problema de fondo es que el gobierno se ha excedido en sus funciones y se encuentra sobredimensionado. El Gobierno debe ponerse en forma recortando grasa, y no incrementando los impuestos. Todos sabemos que uno de los problemas del gasto público es la planilla excesiva. Sin embargo, es necesario ir más allá en el debate. Existen instituciones, ministerios, programas y empresas públicas que no cumplen función social alguna y que deben cerrarse, con o sin, déficit fiscal.

A la fecha, el Poder Ejecutivo está compuesto por 24 Ministerios (6 de ellos sin cartera), 84 entidades adscritas a los ministerios y 3 entidades adscritas a la Presidencia de la República. Además, existen 35 instituciones autónomas, 13 entidades adscritas a Instituciones autónomas, 8 Instituciones semiautónomas, 21 empresas públicas gubernamentales y 81 municipalidades, entre otros. En total, el Gobierno de Costa Rica cuenta con 333 entidades públicas.

El gobierno cumple una función importante para el desarrollo económico. Sin embargo, la mayor parte de las entidades del gobierno deben su existencia a los grupos de presión. Estas entidades, lejos de promover el bien común, deterioran el desarrollo económico y son una injusticia social que carcome nuestro país.

Lea: Los grupos de presión carcomen nuestro país

El problema del déficit fiscal debemos afrontarlo, no solo reduciendo el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), sino también debemos bajar los impuestos y la carga tributaria.

Mucha gente se opone a la reducción del gasto público y al cierre de entidades porque creen que eso generaría desempleo. Sin embargo, le pido al lector paciencia y que lea con detenimiento la siguiente propuesta para reducir el gasto público de manera que no genere desempleo.

PRIMER PASO: Según me comentaba un exministro de hacienda, todos los años hay un porcentaje estimado entre un 5 u 8% de empleados públicos que abandona el sector, sea porque se pensionan, se trasladan al sector privado o por otras razones personales. Lo anterior quiere decir que si se deja de contratar empleados públicos esta planilla se puede reducir en no menos de un 5% anual todos los años sin causar problemas de desempleo.

SEGUNDO PASO: El Ministro de Hacienda debe cumplir su tarea y lograr que, por lo menos, el crecimiento del gasto público no supere la inflación. Una labor loable por parte del Ministro de Hacienda sería lograr que dichos gastos crezcan a un ritmo menor que la inflación. Si un Ministro no puede, o no quiere, comprometerse a que los gastos no crezcan más que la inflación, pues entonces que renuncie y le ceda el cargo a quien desee y pueda llevar a cabo esta responsabilidad.

Con ingresos fiscales creciendo en un 10% en términos reales, con una reducción en la planilla siguiendo el Primer Paso y con un control del gasto de modo que las partidas individuales no crezcan más allá de la inflación, será suficiente para llegar al superávit en poco tiempo sin necesidad de crear nuevos impuestos.

TERCER PASO: Es necesario introducir en el debate nacional el cierre de instituciones, ministerios, y programas que no cumplen función social alguna.

Para evitar el desempleo en este caso, propongo que se cierre la institución de inmediato pero que, sin embargo, se siga pagando el salario a los funcionarios públicos pertinentes por un periodo a determinar que bien podría ser de 18 meses. De esta manera, el gobierno se ahorraría de manera inmediata todos los gastos de alquiler, equipo de oficina, mantenimiento de edificios, consultorías, viajes, gastos por servicios públicos, etc. El cierre de las instituciones, ministerios o programas debe hacerse de manera simultánea con la reducción de regulaciones y tramitología innecesaria asociados de modo que, no solo tengamos en mente la reducción del gasto sino también en ubicarnos en las primeras posiciones del índice de “Doing Business” del Banco Mundial y del Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Como mencioné anteriormente, los exfuncionarios públicos seguirán recibiendo su salario por un periodo de 18 meses pero sin aumentos salariales, ni bonificaciones ni ningún otro tipo de beneficios. Este salario se les pagará durante 18 meses posterior al cierre de la institución independientemente si el exburócrata logra ubicarse laboralmente en el sector privado un día después del cierre de la institución gubernamental. Esto debe ser así para incentivar a los exburócratas a que busquen trabajo lo antes posible y que no se esperen al final de los 18 meses para hacerlo. Se les prohibiría reubicarse en el sector gubernamental por los siguientes 10 años. Al final de este periodo de 18 meses, se les liquidará las prestaciones de Ley.

El Gobierno tiene un papel en el fomento de la seguridad civil (policía), tribunales de justicia, infraestructura, educación primaria (no universitaria) y salud. Pero no hay nada que justifique instituciones como Mideplan, Micitt, MEIC, MAG, CNP, Ministerio de Turismo, Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local, Ministerio del Deporte, Comex, Mivah, IFAM, Infocoop, Japdeva, BCCR, Conavi, Inamu, Incop, IDA-INDER, Sinart, Fanal, etc.

No necesitamos más impuestos sino cerrar instituciones que no cumplen función social alguna. Es una injusticia social que existan 333 entidades públicas mientras que tengamos infraestructura deprimente y la inversión en escuelas y hospitales sea inhumana e insuficiente.

Obviamente el cierre de instituciones públicas debe ser acompañado de una reforma integral al sector público que incluya pasar de 14 regímenes de empleo público a una sola para todo el sector, eliminando las convenciones colectivas, privilegios y los pluses salariales. Además, debemos lograr reformas de modo que en un plazo de pocos años, el promedio del salario en el sector público llegue a ser ligeramente inferior al de su homólogo en el sector privado.

Mucha gente habla de reforma del sector público. Sin embargo, éste debe reinventarse para enfrentar los retos del siglo XXI y para arrancar de raíz los cánceres acumulados a través del tiempo. En este sentido, la propuesta del proyecto de ley “Reforma Estructural del Poder Ejecutivo para Fortalecer su Gestión Gubernamental: Gobernar sin excusas” vendría rehacer la manera de concebir al Poder Ejecutivo y a facilitar su control sobre la ejecución y destino del gasto público.

Además, la reducción del gasto público como porcentaje del PIB debe ir acompañado de políticas que incentiven la inversión privada de modo que se pueda absorber a estos trabajadores lo antes posible. Algunas de estas medidas serían: Rompimiento del monopolio de Recope, rompimiento del monopsonio del ICE en la compra de generación eléctrica y liberalización de dicha industria, libre comercio al estilo de Hong Kong o Singapur, sustitución del impuesto sobre la renta por un Flat Tax, desregulación y liberalización del sistema financiero al estilo de Panamá y la sustitución del sistema de pensiones de reparto por uno de capitalización individual al estilo chileno.

Como bien dice el empresario Andrés Pozuelo: “Cuando se destruye un edificio para construir uno nuevo más útil, uno no se preocupa por el caos que se genera al destruirlo; sino que uno concentra la atención en el orden que se obtendrá al construir una obra más eficiente. Así mismo no debemos preocuparnos por recortar gastos o cerrar instituciones ineficientes estatales; sino más bien, ver hacia el futuro con la visión de que tendremos un Estado más funcional”.

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Publicado en El Financiero (Costa Rica) en el blog “La riqueza de las naciones” el 04/MAY/2016.
Debemos reducir el gasto público con el cierre de entidades públicas

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