El serio problema del empleo informal

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Con frecuencia se ha venido hablando del problema de la informalidad laboral en la economía nacional. Empecemos por entender el concepto de informalidad usado en las estadísticas nacionales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el empleo informal es aquel que cumple con las siguientes características: (1) personas asalariadas que no están inscritas por sus patronos en el Seguro Social, (2) ayudantes no remunerados y (3) trabajadores por cuenta propia en empresas, que no son sociedades anónimas y que no llevan libros contables.

Esos trabajadores informales, que, según la Encuesta Continua de Empleo del INEC del primer trimestre del 2019, ascendieron a poco más de 1 millón (1.002.000) y se dividen entre (1) dependientes informales (“personas que trabajan para un empleador, empresa o institución”), que en ese momento ascendió a 536.000 personas y equivalen a un 32.1% del total de trabajadores dependientes, cuyo monto total es de 1.6 millones aproximadamente, y en (2) independientes informales, que en este trimestre fue de alrededor de 466.000 personas.

Del total de los puestos de trabajo en el país, en el primer trimestre del 2019, un 53.9% de los trabajadores era formal, bajando de un 58.6% en el trimestre previo. Y está muy lejos del nivel más elevado de, más o menos, un 63% a mediados del 2011 (en el lapso que va del tercer trimestre del 2010 hasta el primer trimestre del 2019). En contraste, los trabajadores informales fueron el 46.1% del total de puestos de trabajo en el primer trimestre del 2019, aumentando del 41.4% en el trimestre previo y del nivel más bajo de la serie citada, a mediados del 2011, de, más o menos, un 37%.

Lo anterior muestra claramente que el problema de la informalidad en la economía nacional se ha incrementado con el paso del tiempo.

La fuente de esta información es la publicación de La Nación del 7 de junio, titulada “Empleos informales llegan al punto más alto desde el 2010.”

En lo que es una ampliación al comentario previo citado, La Nación, en su artículo “274.000 personas trabajan en las calles de Costa Rica,” refiriéndose al hecho de que la mayoría de ese “trabajo en la calle” es informal, señala que “la población informal no cotiza para la seguridad social, no lleva una contabilidad de sus negocios y no tributa ante el Ministerio de Hacienda” y agrega que, “incluso, algunos de ellos tampoco cumplen los requisitos municipales y de salud para vender sus productos como alimentos. También practican la piratería.”

Si bien este es un retrato parcial de las causas que motivan la informalidad, sirve de base para mis comentarios. Primero, evidentemente la gente se va a trabajar a la economía subterránea por los altos costos de la economía formal. Por ejemplo, en el primer artículo citado se señala al autor de un trabajo del Estado de la Nación, mencionando como un problema que el trabajador informal “no tiene seguro de salud,” y que “tampoco cotiza para una futura pensión” y que, en este último caso, tendrá como efecto que “envejecerá y el Estado tendrá que atender sus condiciones de vida pues está en la informalidad,” además, que “el gran peso del estado solidario recae sobre los hombros de los empleados y patronos del sector formal.”

Por tanto, siendo los costos elevados por tributos, impuestos, salarios mínimos, cargas, tener que llevar libros contables y legales, formar sociedades anónimas, pagos a los municipios para poder operar, patentes, entre un largo etcétera, los que incitan a la informalidad, son resultado de decisiones de los gobiernos, que así han estimulado esa huida de la formalidad, aunque se dejen de recibir los beneficios de la formalidad, como salud, pensión, certeza contractual para los trabajadores y en las relaciones comerciales, entre muchos otros.

Últimamente, la Caja de Seguro Social ha considerado reducir, por un período dado, sus tasas de impuestos a empresas “pequeñas” o “informales”, pero es de esperar que esa naturaleza temporal no ayude a su formalización, pues, una vez que, de nuevo, tengan que pagar las altas tasas laborales y patronales, volverán a la informalidad: es más rentable dejar de recibir esos “beneficios,” que tener que pagar esos costos tan altos.

Segundo, se menciona que muchos alimentos producidos en la informalidad no son sanitarios, lo cual es muy posible, Sin embargo, la solución no parece ser prohibirlos o confiscarlos, pues, una vez sufrido el costo de la acción de la autoridad, volverán a lo mismo. Mejor política es, tal vez, educarlos para que vendan productos más sanos, que les permitiría obtener mayores ganancias al asegurarse que son buenos productos que han sido certificados de alguna manera. Eso sí, sin que se aproveche ese “apoyo” gubernamental para obligarlos a incurrir en costos adicionales, que fueron los factores que estimularon esa producción informal.

Tercero, se menciona que practican la piratería, pero, de nuevo, ella surge por las políticas impositivas del gobierno, que hacen que el costo de la producción formal sea muy elevado. Eso no sólo estimula que haya pequeños informales, sino “grandes” informales, conocidos en el medio como los “grandes contrabandistas.” Si acaso, los informales, que solemos ver en esas estadísticas, son vendedores finales al menudeo de esos productos contrabandeados por “grandotes.” Si se quiere terminar con ese contrabando, una vez más, la solución pasa por reducir los impuestos que encarecen artificialmente el costo doméstico, ante el costo en los mercados internacionales. Ello es obvio con la venta informal al menudeo de cigarrillos importados ilegalmente, por los altos impuestos que tienen. El problema no son los informales, son los impuestos.

Cuarto, las medidas impositivas recientemente tomadas por el gobierno -y que seguirá tomando mientras continúe su elevado déficit fiscal y no se disminuya con una reducción del exagerado gasto- son una paradoja en cuanto a que incitan a la gente para producir subterráneamente, en mucho debido a un menor crecimiento de la economía formal, que incide en una menor demanda de trabajo. La paradoja, y con toda franqueza, es que los políticos se lamentan del crecimiento de la informalidad, pero, al mismo tiempo, elevan los costos con todo tipo de impuestos, hecho que dispara a la gente hacia la economía informal. Si el gobierno continúa esa mentalidad fiscal, pues que no sea hipócrita al simultáneamente lamentarse por la elevada informalidad. Y, si planean acabar con ella por la fuerza, fracasarán, pues lo único que ha logrado un descenso en la informalidad en las economías es si se reducen los costos de la formalidad y no creo que, al menos en esta administración, lo practiquen. La represión de los mercados nunca ha funcionado: incluso en gobiernos totalitarios que la han intentado.