Hoy en día, no podemos ignorar que las fronteras económicas y comunicacionales, más abiertas que nunca, están acentuando el espacio social del mercado y poniendo en duda la necesidad de un estado interventor, como consecuencia de dos factores: 1) la modificación drástica de los patrones de intercambio, por medio de las redes formales e informales que operan en la sociedad; y 2) el fracaso anunciado del clásico Estado benefactor y sobre todo del Estado Empresario.
Sin embargo, pareciera que, en latinoamericana, los gobernantes y actores políticos siguen tratando de estirar el modelo de planeamiento y ejecución centralizada de la economía, más allá de los límites que permite el nuevo contexto socio-económico mundial. Esta nueva realidad, caracterizada por una alta movilidad del conocimiento y por una alta flotación del poder, no les permite a los gobernantes mucho margen de acción con respecto al control de la actividad económica y comportamiento social. Y sin embargo, el modelo sobrevive por causa de una inadecuada participación empresarial.
Latinoamérica está llena de empresarios a los que les gusta hablar mal del socialismo, pero en la práctica, apoyan intervenciones gubernamentales que mueven la agenda socialista hacia delante. Regulación ambiental, regulación bancaria, regulación mercantilista, expansión monetaria, impuestos indirectos, proyectos de infraestructura inviables; son todas intervenciones, que llevan a una democracia hacia más socialismo, y sin embargo, muchos empresarios las apoyan. Aún más, en los últimos años se ha insistido, dentro del contexto de la administración pública, en la creciente necesidad de un involucramiento empresarial, bajo el espejismo de la responsabilidad social corporativa, a pesar de que esto no contribuye a modificar los roles intervencionistas del Estado; sino más bien, que contribuye a consolidar el corporativismo y la percepción de desigualdad.
La presión sobre el empresario, en la actualidad, no solo se concentra en que este debe suplir bienes y servicios a la sociedad de una manera eficiente, sino también en el hecho de buscar su complicidad en el marco de las intervenciones planificadas, lo cual supone una forma viscosa de manipulación política y social. Las empresas por definición no son altruistas; rol que ostentan solo los individuos, según sus escalas de valores personales. El tratar de estandarizar una ilusoria responsabilidad altruista de una empresa, menosprecia el verdadero rol de la empresa, que es innovar y suplir las necesidades de consumo; respetando siempre, los derechos de propiedad y normas establecidas.
Es imperativo que el empresario despierte ya de esta pesadilla freudiana y, desde su propia conciencia, le ponga un alto a su enfermiza dependencia de la intervención del Estado, y acepte que la libertad de emprender es el medio principal de defensa de los pequeños contra los grandes y de los débiles contra los fuertes. E inversamente, el estado, que se presenta como un corrector de las injusticias, acaba la mayor parte de las veces haciendo servir toda su fuerza para proteger a los grandes, o sea, la clase política, la clase burocrática, las grandes empresas, y los poderosos sindicatos.
El empresario es el eslabón que sostiene la cadena que une al capital con el individuo como consumidor y como agente social. Sería nefasto que este rol se perdiera o desviara solo porque el poder estatal y los políticos de turno quieren convertirlo en un apéndice Orwelliano más de sus anacrónicas intenciones.