El Plan Nacional de Descarbonización: más impuestos y regulaciones

Sergio Villalta Costa Rica, Gasto público, Liberalismo Leave a Comment

Por: Sergio Villalta

El día 25 de febrero el Presidente Carlos Alvarado presentó, en medio de una serie de extravagantes actividades públicas, el “Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050”.

El plan incluye en “reforma fiscal verde”, que desde luego debe entenderse como un nuevo paquete tributario (mayores impuestos), que serán necesarios para cubrir el costo de la descarbonización del país.

I. Sobre la generación eléctrica.

Se nos dice que en quince años la matriz eléctrica del país deberá operar al 100% con energías renovables. Pero no se específica en cuánto se estima que será el costo de tal transformación.

Tampoco se nos dice si las tarifas eléctricas deberán aumentar de precio para costear esa matriz compuesta de 100% de energías renovables.

El gobierno se propone hacer de la electricidad la “fuente de energía primaria” para el sector de transporte, residencial y comercial.

Pero ¿en cuánto se estima que será el costo para las empresas y las personas? ¿Deberán los consumidores residenciales asumir en parte o en todo, ese costo mediante precios más altos en las tarifas de electricidad?

II. Edificaciones.

El gobierno se propone desarrollar edificaciones de uso comercial y residencial con tecnología de “bajas emisiones”. La meta es que en diez años el 100% de las nuevos edificios y casas se diseñen y construyan con sistemas de tecnologías de “bajas emisiones.”

Desde luego esto aumentará el costo de la construcción de casas y edificios. ¿Pero de cuánto será ese aumento y quién lo pagará? Y qué sucederá con las empresas que no puedan asumir ese costo?

¿Cuántas empresas decidirán abandonar el país o no establecerse aquí, porque el costo de construir sus edificaciones será menor que en otros países? ¿Cuántos empleos se perderán?

¿Y para las familias que no puedan asumir ese costo, deberán renunciar al sueño de construir su casa? ¿Serán las familias subsidiadas? ¿Aumentará el déficit habitacional para las familias que no puedan implementar esas nuevas tecnologías de “bajas emisiones”?

Finalmente se obligará a que el 100% de las edificaciones operen con tecnología de “bajas emisiones” y con el uso de “energías renovables” para la cocción y el calentamiento del agua.

Pero se omite mencionar cuáles serán esas energías renovables y de cuánto será el costo. Por ejemplo, ¿cuál será el costo para las personas y empresas en sustituir el gas natural o propano (que no es una energía renovable) para cocinar con “energías renovables”?

III. Industrias

Para el sector industrial se quiere hacer obligatorio que se use principalmente fuentes de energía con “bajas emisiones”. También crear un sistema para disponer de los residuos mediante la “reutilización final” y que sea de “bajas emisiones”.

El plan no nos dice cuál será el costo para que las pequeñas y medianas empresas logren crear estos sistemas para tratar los residuos. El plan parece obviar el impacto que tendrá esto en la generación de empleo y en la competitividad de las empresas.

Tampoco se nos habla de cuántos empleos se perderían debido a las empresas que no puedan asumir este costo y decidan irse a otros países.

IV. Ganadería

Se quiere trasformar a la ganadería para que disminuya la producción de gases de efecto invernadero. Pero se nos oculta o simplemente se ignora cuál será el costo que tendrán que incurrir los ganaderos para hacer esa transformación.

¿Cómo impactará esto en el abastecimiento de la carne y la leche? ¿Qué sucederá con los ganaderos que no pueden disminuir la producción de gases de efecto invernadero? ¿Será multados? ¿Podrán seguir operando?

Incluso suponiendo que todos los ganaderos puedan disminuir esa producción de gases de efecto invernadero, ¿no encarecerá esto el precio de la carne y la leche producidas en suelo nacional?

Y si así fuera, ¿no quedará la producción local en desventaja con respecto a las importaciones de otros países, donde no se les exige a los ganaderos lo mismo?

V. Transporte.

En cuanto al transporte público se quiere hacer un sistema en que los buses, taxis y los ferrocarriles rápidos de pasajeros usen energías con “cero emisiones”. Todo con la intención de hacer menos atractivo el uso del automóvil como un medio de transporte.

La meta es que en quince años el 70% de los buses y taxis sean de “cero emisiones” y que opere un tren rápido de pasajeros impulsado por electricidad.

¿Pero cuál será el costo que tendrán que asumir las empresas de autobuses y de taxis para cambiar sus flotas de vehículos? ¿Cómo impactará esto en el precio de las tarifas de los buses y taxis?

¿O debemos asumir que el costo tendrá que ser asumido por las empresas, sin poder ser trasladado a las tarifas? ¿De qué forma se podría hacer ese malabarismo contable? ¿Mediante subsidios al transporte público? ¿Quién pagará el costo de esos subsidios?

Además, según el plan el Gobierno implementará una “extensa red de recarga eléctrica” en todo el país para tecnologías de “cero emisiones”. Específicamente se menciona a las “estaciones de hidrógeno” para los vehículos que operarán con ese combustible.

¿Quién producirá ese hidrógeno? ¿Se importará todo el hidrógeno que se consuma? ¿A qué precio? ¿Será más barato que importar los combustibles fósiles?

¿Será RECOPE la que produzca ese hidrógeno y construya esa “extensa red de recarga”? ¿De dónde obtendrá RECOPE los recursos? ¿Se endeudará RECOPE para construir esa red de estaciones de hidrógeno? ¿A qué costo se va a producir ese hidrógeno en el país?

¿Será que se pretende aumentarle los impuestos a la gasolina y al diésel para financiar la producción de hidrógeno? Entonces, ¿cuál será el impacto en los costos de las empresas para operar sus flotas vehículares al tener que pagar un precio mayor por la gosolina y el diésel? ¿Cuántos empleos se perderán?

En cinco años se quiere hacer menos atractiva las compras de motocicletas y privilegiar a las motos de “cero emisiones”. ¿Cómo se logrará esto? ¿Mediante un aumento en los impuestos que pagan las motocicletas?

¿Y qué pasará con las empresas o personas que no puedan pagar ese aumento en el precio de las motocicletas? ¿Deberán recortar su planilla? ¿Deberán cerrar?

¿Qué pasará con las flotas de motocicletas que operan con UberEats, Globo, GoPato cuando sus propietarios no puedan cambiarlas por motocicletas de “cero emisiones”? ¿Cuántos empleos se perderán?

Lo mismo sucederá con los automóviles que funcionan con combustibles fósiles, ya que el plan obliga a que en quince años el 25% de la flota vehícular tendrá que ser de “cero emisiones”. Y finalmente al cabo del plan el 100% de todas las ventas de automóviles deberán ser de “cero emisiones”.

¿Cuántos empleos se perderán por las empresas pequeñas y medianas que no puedan asumir el costo de cambiar sus flotas vehículares y decidan cerrar?

¿Y cuántos empleos se perderán por las empresas que decidan no establecerse en el país y escoger a otros lugares donde no se les obliga a utilizar flotas de vehículos con “cero emisiones”?

Conclusión

Se quiere disfrazar como más oneroso lo que ya es económicamente más eficiente. Y artificialmente hacer más barato lo que todavía no es económicamente posible hacer. Estamos ante una falsificación de precios.

Porque de ser más eficientes y económicas las tecnologías de “cero emisiones” o de “bajas emisiones”, ya los consumidores voluntariamente las usarían. No haría falta que por ley se nos obligue a usarlas.

Si las tecnologías de “cero emisiones” gozaran de un costo-beneficio tan positivo ¿por qué las personas no las usan ahora mismo voluntariamente?

Intentar hacer rentable aquello que en verdad no es rentable y consumir lo que no debería consumirse en condiciones normales no puede conducirnos a la prosperidad.

Y cuando el gobernante grava o desgrava a su antojo para obligarnos a consumir algo, terminamos siendo marionetas del poder estatal.

¿Dónde está la evidencia que nos demuestra que los subsidios a las tecnologías “verdes”, de “cero emisiones” o de “bajas emisiones” aumentan la riqueza de todos?

¿Y dónde está la evidencia que nos demuestra que aumentando los impuestos a los combustibles fósiles y a los automóviles que usan esos combustibles logramos todos aumentar nuestra prosperidad?

Este plan se nos presentó con una iniciativa adjunta de “inversiones públicas” que inevitablemente tendrá que ser pagada mediante más impuestos, deuda pública o una combinación de ambos.

Se le ha agregado a esta iniciativa para aumentar el gasto del gobierno la etiqueta de “plan nacional de descarbonización” para una economía “verde”, con la intención de hacerlo más potable. Aunque sea lo mismo de siempre: más gasto estatal, más impuestos o más deuda.

Finalmente, asumamos por un instante que todo lo que el ambientalismo predica es cierto. Supongamos que estamos ante las puertas de una tragedia ecológica.

¿Por qué deberíamos suponer que las soluciones que nos tratan de imponer son las mejores? ¿Por qué deberíamos confiar ciegamente en que la solución es siempre más impuestos, más deuda y más gasto estatal? Ahora más que nunca necesitamos de un alto grado de escepticismo.

Si le gustó, compártalo: