El nefasto proyecto de ley de extinción de dominio

Sergio Villalta Liberalismo, Poder Judicial Leave a Comment

Por: Sergio Villalta

El proyecto de ley número 19.571 (Ley de Extinción de Dominio) es funesto. Este proyecto está plagado de artículos que atentan contra los principios que deberían regir y guiar una sociedad libre.

Además, es tremendamente perturbador ver como de aprobarse este proyecto de ley, podría ser utilizado para toda clase de vendettas y como un arma para reprimir a la oposición política. No es el propósito de este artículo describir cada una de las aberraciones y errores del proyecto, bastará con citar las desviaciones más graves.

I. La extinción de dominio y la irretroactividad de la ley.

Dentro de la Teoría General del Derecho se encuentra el Principio de Irretroactividad. Este principio nos dice que las normas (leyes, decretos, etc.) son por lo general temporales; nacen en determinado tiempo y llegarán a derogarse eventualmente. Esto sucede así porque el Derecho evoluciona de acuerdo con las necesidades y las características de una sociedad.

Es por esta razón que el Principio de Irretroactividad obliga a que se deba mantener el orden y los efectos jurídicos vigentes antes de la entrada en vigor de la nueva norma. La nueva norma no debe afectar las situaciones consolidadas de hecho, sino a las que están por nacer en un futuro. Y ese futuro comienza en el momento a partir del cual nace la nueva norma jurídica.

Violar este principio daría como resultado vivir en un mundo de constante zozobra y de continuos peligros. Porque supondría la desaparición de toda seguridad jurídica. Ya de por si es extremadamente difícil saber con certeza si algo en el futuro será legal o ilegal; lo cual produce inseguridad.

Pero debilitar al Principio de Irretroactividad haría imposible saber si una situación ya dada, ha sido validada por el ordenamiento jurídico. Porque en cualquier momento bastaría con una nueva norma para cambiar la naturaleza jurídica de todo lo que ha sucedido en el pasado.

Si admitiéramos que todas las leyes tienen efectos retroactivos, una nueva ley que se aprobara y entrara en vigor hoy mismo, podría modificar las acciones que sucedieron muchos años o décadas antes. Admitir esto afectaría no solo la acción misma que sucedió años o décadas atrás, sino toda clase de obligaciones y derechos que de esa acción se llegaron a formar a través del tiempo. Esto obviamente haría que se viviera en una inseguridad jurídica permanente.

El artículo 24 dice en lo que interesa:
“La extinción de dominio se iniciará sin importar que los presupuestos de hecho hayan ocurrido con anterioridad a la presente ley (…) el ordenamiento jurídico interno no validará un derecho por el transcurso del tiempo de algo que es ilegal (…)”

Entendiendo la importancia del Principio de Irretroactividad podemos comprender lo nefasto de este proyecto de ley, puesto que de llegar a aprobarse tendría efectos retroactivos. Esto significa que no importa si una acción sucedió muchos años antes o incluso décadas, la nueva ley de extinción de dominio podría invalidarla de cuajo.

Tampoco importará que de esa acción, que pudo haber sucedido hace muchos años o décadas, hayan surgido toda clases de nuevas relaciones o acciones entre las personas; esas nuevas acciones que surgieron con el pasar del tiempo serían igualmente invalidadas. No es difícil de entender lo nefasto de este carácter retroactivo que se le ha dado a este proyecto de ley.

II. Sobre la certeza y las acciones ilícitas.

En el proyecto de ley no se establece la necesidad de demostrar la certeza de que un bien haya sido originado o destinado a una actividad ilícita o delictiva. Bastará la “probabilidad” de que un bien haya sido adquirido o usado para una actividad ilícita o criminal, para que la acción de extinción de dominio recaiga sobre ese patrimonio.

En el artículo 21 del proyecto de ley se dice que:
“La acción de extinción de dominio es de carácter real, jurisdiccional, independiente, autónoma, de contenido patrimonial, y recaerá sobre el bien sin importar quien lo ostente en cualquier momento, y se demuestre que existe una probabilidad concreta de que dicho bien sea originado o destinado a una actividad ilícita o criminal.”

Esto es en extremo perjudicial para los derechos de propiedad de los individuos. Que una persona pueda perder su patrimonio – o una fracción de este -, debido a que existe una probabilidad que los bienes hayan sido usados o sean el producto de una actividad ilícita o criminal y no debido al conocimiento evidente, cierto y seguro de que así sucedió; es una espada de Damocles que pende sobre el derecho a la propiedad privada de cualquiera.

Además, igualmente grave es que el proyecto haga énfasis en que la acción de extinción de dominio puede recaer en un bien, sin importar la persona que lo ostente. Por lo que el poseedor de buena fe queda sujeto (sin haber utilizado el bien en algo ilícito o criminal) a la extinción de dominio, como si él mismo hubiera utilizado el bien en una actividad ilícita o delictiva.

Esto lesiona gravemente el Principio de Buena Fe, puesto que se castiga al poseedor del bien; aunque este lo haya adquirido años o décadas atrás de manera honesta y teniendo una convicción en cuando a la honradez del acto y de su conducta.

Nótese finalmente que en el proyecto de ley se especifica que la acción de extinción de dominio recae sobre los bienes que fueron utilizados o generados a partir de una actividad ilícita o delictiva. No se hace la salvedad de que la acción recaerá solamente sobre los bienes que provienen o fueron usados para una acción delictiva; se incluyen también las acciones ilícitas.

Aquí es necesario recordar que no toda acción ilícita es también una acción delictiva. Existen innumerables acciones ilícitas que no son a la vez delitos. Desde una simple infracción de tránsito, como lo es el estacionar un vehículo en un lugar no permitido, hasta no cumplir con el pago de una patente municipal, todas estas son acciones de carácter ilícito; aunque no de naturaleza delictiva.

Pero la acción de extinción de dominio también recaerá, según el proyecto de ley, sobre las acciones ilícitas (como no pagar una patente municipal o estacionar en un lugar no permitido); no solo sobre las acciones delictivas (criminales). Lo que evidentemente no solo es innecesario, sino que viene a ser un abuso intolerable de parte del poder estatal y denota el carácter confiscatorio del proyecto.

III. La acción de extinción de dominio y la acción penal.

El juez de la extinción de dominio no tomará en cuenta la responsabilidad de carácter penal para resolver. Esto lesiona gravemente el Principio de Inocencia. Uno de los más perniciosos artículos en este proyecto es el artículo 22, este artículo establece en lo que interesa que:
“La acción de extinción de dominio es autónoma e independiente de la acción penal y no depende para su aplicación del establecimiento de responsabilidad penal. (…)”

Podemos imaginarnos claramente que un acusado de un delito puede estar siendo juzgado ante un juez o tribunal penal y a la vez enfrentar un proceso de extinción de dominio por los mismos hechos. Tendríamos la inconveniente peculiaridad que ante los mismos hechos, el mismo objeto y el mismo sujeto se den dos procesos judiciales.

Esto hace que se puedan suceder dos posibilidades muy claras:
A) Que el sujeto sea declarado culpable o inocente en ambos procesos de manera simultánea o consecutiva.
B) Que se declare culpable en un proceso, pero inocente en el otro.

Examinemos la segunda posibilidad e imaginemos que el acusado fue declarado inocente en un proceso penal. Sin embargo, al individuo se le juzga por los mismos hechos y se le encuentra culpable por un juez de extinción de dominio y pierde la totalidad o una fracción de su patrimonio.

¿Es esto conveniente para una sociedad libre? ¿No es un claro contrasentido y algo grotesco que esto pueda suceder? Pero todavía más grave, partamos de que ningún acusado deja de ser inocente simplemente por el hecho de serlo; entonces si al acusado se le reafirmó su inocencia en el proceso penal, ¿por qué no debería ser considerado también inocente en un proceso de extinción de dominio si se trata de los mismos hechos y el mismo sujeto?

Es otras palabras: ¿es posible admitir bajo las reglas de la lógica que una persona sea absuelta de un delito, pero que sin embargo, pierda su patrimonio de manera total o parcial, por los mismos hechos que sirvieron para absolverlo de ese delito? Desde luego que no lo es. Esto deviene en un abuso más que al poder estatal se le autorizaría realizar de aprobarse este proyecto de ley.

IV. Conclusión

La simple lectura del proyecto de ley número 19571 hace que se pueda notar su carácter confiscatorio y las graves injusticias que de esta ley pueden llegar a ocurrir. El derecho de propiedad privada es anterior al Estado mismo.

Y porque este derecho es anterior al Estado, debe necesariamente también considerarse anterior a las normas que ese mismo poder estatal crea. La ley debe existir dentro de los límites de la institución de la propiedad privada. Es la propiedad privada la que limita a la ley; no debe suceder a la inversa.

La Ley no debe ser considerada como el conjunto de las normas que el poderoso (el Estado) imponen a sus súbditos (los débiles), sin sujetarse a las instituciones que son anteriores al Estado mismo; como lo es la institución de la propiedad privada. Cuando así se hace la Ley termina apartándose gravemente de la Justicia.