El matrimonio: ¿lo privatizamos?

Sergio Villalta Liberalismo Leave a Comment

Por: Sergio Villalta

La palabra matrimonio proviene del latín matrimonium y se compone de dos voces: “matri” y “monuim”. (carga o protección a la madre)

El matrimonio tradicionalmente se define como la unión y convivencia formal entre un hombre y una mujer. Esta es la más común de todas las definiciones en muchos lugares y ha sido la más común en muchas culturas.

Se afirma que el matrimonio ayuda a que ciertos principios morales o religiosos contribuyan a preservar un orden. Esto hace que sea posible la convivencia humana y por esta razón se califica al matrimonio como una célula – junto con la familia -, del “cuerpo social”.

Y desde luego en la cultura judeo-cristiana -, así como en otras muchas -, el matrimonio solo puede celebrarse entre personas de diferente sexo.

En Occidente también se prohíbe la poligamia simultánea. No así la poligamia sucesiva, por cuanto las personas pueden disolver el vínculo matrimonial y adquirir otros compromisos de manera sucesiva. En cambio, en otras culturas y religiones la poligamia simultánea es una práctica común y aceptada.

A todo lo anterior se le agrega un propósito adicional al matrimonio, como lo es la función de procrear y formar una familia. Lo cual no deja de causar cierta controversia, ya que si ese fuera el fin último del matrimonio, una pareja estéril no podría celebrarlo. O una pareja fértil que deviene en estéril tendría que disolver su lazo matrimonial.

Además, las personas que hemos contraído matrimonio sabemos que tanto los derechos como las obligaciones del otro cónyuge, así como la finalidad misma del matrimonio – y la forma en general de celebrarlo -, están sujetos a toda clase de reglas, rituales y formalidades; tanto de carácter gubernamental como también de índole religiosa.

I. El Gobierno y la moral.

Generalmente los partidarios del matrimonio tradicional (entre un hombre y una mujer), invocan mayoritariamente razones religiosas para definirlo como la única y correcta forma, para que puede llegar a darse esta especial unión y convivencia entre dos personas.

Los individuos están en todo su derecho para defender y definir al matrimonio según sus propias creencias religiosas. Nadie les podría negar la facultad para hacerlo de esa forma. Al fin y al cabo, lo moral es un asunto enteramente personal.

A cada individuo le compete definir su marco de referencia en estos asuntos. Y si un grupo de personas quiere definir al matrimonio desde el ángulo de sus propias creencias religiosas, ¿por qué no tendrían el derecho para hacerlo de esa manera? ¿Y a quién dañarían si de esa forma lo hacen?

Sin embargo, el hombre no subsiste nada más por medio de la fe. Su naturaleza es racional y nos dignificamos por medio de la razón. El hombre a diferencia de los animales puede reprimir sus instintos y actuar de manera racional.

Y ya que no se puede actuar racionalmente, sin la libertad para poder hacerlo, no hay racionalidad sin la libertad de pensar por uno mismo. Por esta razón la moral es un asunto que le compete al individuo nada más. No es un asunto en el que deba intervenir el Gobierno.

Ludwig von Mises explica que:

“Toda acción racional es en primer lugar, una acción individual. Sólo el individuo piensa”

Dado que la moral es un producto del pensamiento y solo el hombre es capaz de pensar, la moral solo puede devenir de un individuo; no de una colectividad, ni de una abstracción jurídica como lo es el Gobierno.

Sin embargo, siempre existen, y seguirán existiendo, los que intentan aplicar la ley (la coacción del Gobierno) para obligar a los demás a obedecer sus propios valores morales. Otros por el contrario, lucharán siempre para hacer ver lo injusto de impedir que lo demás decidan libremente su propia moralidad.

Murray Rothbard nos dice:

“(…) la teoría moral libertaria afirma la inmoralidad e injusticia de interferir en el derecho de cualquier hombre (o más bien de cualquier hombre no criminal) a gestionar libremente su propia vida y propiedad. Por tanto, para el libertario de los derechos naturales, su teoría cognitiva de la justicia es un gran bastión contra la eterna invasión del Estado, en contraste con otras teorías morales que intentan emplear el Estado para combatir la inmoralidad.”

Solo existen dos formas mediante la cual los individuos se puedan relacionar entre si: la coacción – la cual incluye la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza – y la persuasión.

En la primera forma – la fuerza -, se utiliza la coerción (ya sea la coacción gubernamental o no) para que los otros hagan lo que uno quiera, sin prestar atención a lo que los demás desean hacer por si mismos.

En la segunda forma se utiliza la razón. Se trata de persuadir a los demás para que acepten voluntariamente las ideas de otros. Y en una sociedad verdaderamente libre solo esta segunda forma es la moralmente aceptable.

Sin embargo, muchas veces las leyes (la fuerza) pueden remontarse o basarse en las creencias religiosas o morales del gobernante; pero el Gobierno no existe para moralizar. Tampoco para asumir o hacer “oficiales” las elecciones morales de cada persona.

Ni tampoco el Gobierno existe para acoger como “correcta” una posición o valor moral. Ya que el Gobierno no está para lograr la salvación espiritual del prójimo, ni para evitar que el hombre caiga en el camino de la tentación.

Esta separación entre el Gobierno y la moral no es una cuestión meramente de pizarrón o de simple relevancia teórica. La historia ha demostrado que un gran Gobierno que regula e interviene en los asuntos morales, también lo hace en los asuntos económicos y en muchas otras áreas del quehacer del hombre.

Ayn Rand lo explica:

“Fe y fuerza son corolarios: cada período de la historia dominado por el misticismo ha sido un período de estatismo, dictadura y tiranía”.

II. Privaticemos el matrimonio

Ahora supongamos que el día de mañana en un país cualquiera se hace “oficial” (se legaliza) el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La pregunta que tenemos que hacernos es:

¿Por qué a los partidarios del matrimonio tradicional (entre un hombre y una mujer) se les debería de obligar a aceptar una definición “oficial”, impuesta por el Gobierno y que va en contra de sus propios valores morales o creencias religiosas?

O en sentido contrario, supongamos ahora que en un país cualquiera solo se acepte de manera “oficial” el matrimonio tradicional y se excluya cualquier otra definición alterna.

Entonces la pregunta es:

¿Por qué a los partidarios del matrimonio homosexual se les debe obligar a aceptar una definición “oficial”, impuesta por el Gobierno y que está en contra de sus más íntimas creencias?

Cuando se le ordena a un hombre que acepte una definición “oficial” mediante la ley (la coacción), contra su propio juicio, es como ordenarle que acepte como moral algo que de acuerdo con todo lo que él creé, no es moral.

Los partidarios del matrimonio tradicional recurren a la fuerza del Gobierno (la ley) para imponer su definición del matrimonio en las demás personas.

Pero de igual forma – los que desean el matrimonio entre personas del mismo sexo -, luchan para usar la misma fuerza (la ley) e imponer su definición del matrimonio en los demás.

Ambos bandos luchan para que el Gobierno asuma de manera “oficial” sus propios valores morales o religiosos. Ambos grupos luchan para gozar del favor de la ley (la coacción del Gobierno). Y luchan en perjuicio del interés del contrario. Luchan para fortalecer el poder del Gobierno.

Involuntariamente ambos grupos quieren convertir al Gobierno en un gran sacerdote o juez omnisciente, que nos dirá a todos si algo es moralmente correcto o no lo es.

Al final, lo que logran ambos bandos es el mismo resultado: incrementar el poder de coacción del Gobierno en los asuntos morales.

Tampoco se trata de un problema de mera “igualdad de derechos”, como algunas veces se quiera presentar. Cuando se impone por medio de la ley (la coacción) una definición “oficial” de lo que debe ser el matrimonio, lo que se logra en el fondo es avalar una determinada posición moral que va más allá de una simple “igualdad de derechos”.

El problema es que el Gobierno no existe para asumir posiciones morales. En primer lugar, porque es imposible que el Gobierno tenga una “moral”, solo los individuos son capaces de pensar, por lo tanto, solo los hombres son capaces de asumir una posición moral.

Y en segundo lugar porque el Gobierno existe – si de verdad debe existir un Gobierno -, para salvaguardar al individuo y su propiedad de la agresión ajena.

Lo que hay que demandar del Gobierno no es su intervención en los asuntos morales, es precisamente lo contrario. La ley (la coacción del Gobierno) debe ser neutral en todos los asuntos relativos a la moral.

Definir si el matrimonio puede darse entre un hombre o una mujer – o por el contrario -, definir si se puede realizar entre dos hombres, es un asunto eminentemente moral. Propio del ámbito personal de cada individuo y que debe permanecer en esa esfera íntima de cada quien.

III. ¿Qué hacer?

Lo único que es moralmente aceptable en una sociedad libre es dejar a los individuos en la libertad de formalizar sus relaciones personales de la manera que lo deseen, con quien así voluntariamente lo quieran y con cuantas personas así lo permitan.

De esta manera, las personas que lo decidan por mutuo acuerdo podrían formalizar su relación acudiendo y siguiendo las normas de una organización religiosa, si de esa manera lo desean. Nada o nadie se los podría impedir o prohibir.

Y a la vez los que quieren formalizar sus relaciones siguiendo sus propias y distintas creencias, lo podrían hacer de igual manera. Siempre que se decida de manera voluntaria entre las partes y de la forma que desean; con quien así lo quiera y con cuantas personas voluntariamente así lo consientan.

Nadie estaría obligado a ajustarse a lo que la “ley” (la coacción gubernamental) le ordene o le impida hacer. Ninguna definición o valor moral sería el “oficial” o el “correcto”. Y a nadie se le obligaría a aceptar una posición moral con la cual no está de acuerdo y no quiere aceptar.

Al no existir una sanción pública (gubernamental) no existiría las relaciones “legítimas” y las relaciones “ilegítimas”. Porque la moral es un asunto personal que le compete a cada quien, no es materia de la cual se deba ocupar el gobernante, ni nadie más.

Así como el Gobierno no está para velar si una mujer es promiscua o casta, si un hombre es mujeriego o virtuoso, tampoco el Gobierno existe para definir con quién una persona sí puede convivir, unirse o contraer matrimonio y con quién no lo puede hacer. Esa es una decisión personal. Le incumbe solo a los interesados o participantes voluntarios y en mayoría de edad.

IV. ¿Pero esta solución no sería en si misma algo inmoral?

Aunque así se le llegue a considerar, lo “inmoral” no debe tenerse siempre como algo “ilegal”. Lo inmoral puede consistir en un abanico enorme de comportamientos humanos.

Pero las acciones prohibidas (ilegales) solo deben reservarse para los actos que inicien la violencia contra la vida, la libertad o la propiedad de los individuos. Las acciones prohibidas no deben abarcar lo que a otros les pueda llegar a parecer como moralmente desagradable.

Los valores morales no se forman a punta de patadas. Porque lo que se impone dejaría de ser un valor y terminaría en una coacción.

Es la libertad de escoger lo que sustenta el valor moral. A un hombre se le puede torturar y se le puede obligar a que repita y jure que 1 x 1 = 3, pero nunca se le podrá obligar a que acepta voluntariamente esa “verdad”.

Así como no se le puede obligar a que un hombre acepte algo que él mismo ve como fuera de toda razón, tampoco se le puede forzar a que otro mire algo como “inmoral”, cuando en sus más íntimos pensamientos sabe que no lo es.

La realidad “moral” no puede ser decretada por la fuerza bruta del Gobierno. Es por esta razón que la ley (la fuerza) no debe decir qué cosa sí es un matrimonio y qué cosa no lo es.

El hombre se compone de un cuerpo y de una mente. Cualquier coacción dirigida a su mente, implica también un intento de coacción hacia sus acciones. Porque se le estaría negando a la persona el actuar de acuerdo a su propio juicio y mediante la razón.

Leonard Peikoff explica que:

“Dado que “fuerza y mente son opuestos”, fuerza y valor son opuestos, también. Los valores, según la interpretación objetiva, son hechos: hechos evaluados por una mente guiada por un estándar racional. “Valor”, por lo tanto, implica un evaluador que llega a la conclusión, a través de un proceso de cognición, de que un objeto determinado sustentará su vida”

Ya que ningún valor moral puede ser alcanzado por la fuerza, los que utilizan la brutalidad (la coacción del Gobierno) para imponer su moralidad, se colocan del lado contrario a la razón. Y ningún valor puede nacer de la irracionalidad.

La ley (la fuerza gubernamental) es coacción, aunque se ejerza con decoro – y de esta -, no puede nacer ningún valor moral. No hay racionalidad si se utiliza al Gobierno para combatir la inmoralidad. Sin la razón, no hay libertad – y sin libertad no hay humanidad.

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