El Gobierno de Alvarado gira aún más hacia el socialismo

Sergio Villalta Liberalismo Leave a Comment

Por: Sergio Villalta

Actualizado al día 06 de junio del 2019

El Gobierno de Costa Rica ha acentuado su giro hacia el socialismo de manera alarmante. A poco más de un año de haber tomado posesión el Presidente Carlos Alvarado sigue los pasos de su antecesor.

Al expresidente Luis Guillermo Solís se le consideró erróneamente como un gobernante de centro izquierda; sin embargo, ahora el Presidente Alvarado – que se presentaba como la “continuación del cambio” -, envía señales más claras de querer moverse todavía más hacia un socialismo recalcitrante.

I. La ley mordaza

Ya en el anterior gobierno se había propuesto una ley mordaza para ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación. La ley fue una copia mal hecha de leyes similares que se han creado en otros países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. (1)

Tan embarazoso resultó ese fiasco que eso ayudó a que la sociedad civil y la prensa se manifestaran desacuerdo con el proyecto de ley. La resistencia de la ciudadanía y una oposición vigilante en el Congreso, hizo que el anterior gobierno desistiera en su aprobación.

Sin embargo, el Gobierno de Alvarado quiso hacer una cruzada para combatir las “noticias falsas” y la “desinformación”. El anterior Ministro de Comunicación anunció como una de sus prioridades la guerra contra las “noticias falsas”. Su sucesora en sus primeros días en el cargo volvió a manifestar lo mismo. (2)

Por lo general, el combate a las “noticias falsas” es el mascarón de proa para que gobiernos, con tintes autoritarios, hostiguen a los medios independientes.

II. El proyecto de ley para castigar los “delitos de odio”.

El partido de gobierno (Partido Acción Ciudadana) presentó el proyecto de ley denominado: “Ley Marco Para Prevenir y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”.

El proyecto contiene varias reformas, por ejemplo, se pretende reformar el artículo 380 del Código Penal para que diga:

Artículo 380.- Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión a la persona, que aplicare cualquier medida discriminatoria directa, fundada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, religión, origen étnico racial, identidad cultura, condición migratoria, discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física, incluyendo las enfermedades infecto contagiosas o psíquicas incapacitantes.

Además, se adiciona un artículo 380 bis que dirá:

Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona que forme parte de una organización que se inspire en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea promover el odio y la discriminación basada en motivos raciales, de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o características genéticas.

Esta iniciativa representa un grave asalto a la Libertad. No porque el proyecto de ley viole la Constitución o la ley nada más, sino porque viola también los principios sobre los cuales se fundamenta una sociedad que sea verdaderamente libre.

De convertirse en ley, se incurrirá en innumerables abusos, errores y vendettas políticas; pero sobre todo servirá como una espada de Damocles.

Será el arma perfecta para atemorizar de manera continua a la verdadera oposición política en el país. Nadie estará a salvo del inquisidor.

Todos viviremos bajo el temor de ser denunciados por un discurso de “odio” o porque alguien se ha sentido discriminado por alguna acción voluntaria o involuntaria de otra persona. (3)

III. El caso del Diario Extra

Se dio un caso muy lamentable con el periódico nacional Diario Extra. Este diario por lo general lleva una línea editorial muy independiente del oficialismo. El Ministerio de Gobernación, a través de una dependencia, le ordenó no publicar cierto tipo de fotografías en su portada. (4)

Un sector de la oposición en el Congreso calificó este acto como una agresión a la libertad de prensa. Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la intromisión del Gobierno de Alvarado.

Tanto que la María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, envió una nota al Gobierno de Costa Rica manifestando su preocupación.

Según informó el Diario Extra, Domínguez, que es directora del diario El País (Cali, Colombia) dijo que “nos preocupa que una entidad oficial se entrometa con el criterio editorial del periódico”. (5)

III. El “aborto terapéutico”

En Costa Rica el aborto solo es permitido en casos muy excepcionales en que la vida de la madre corre serio peligro. Sin embargo, el Gobierno de Alvarado se ha empeñado en “reglamentar” esos casos.

Los grupos a favor del aborto han estado cabildeando de manera muy fuerte para que se “reglamente” el “aborto terapéutico”.

Ya el Congreso ha aprobado por mayoría una exhortación al Gobierno de Alvarado para que se abstenga de emitir una “norma” en ese sentido. (6) También existe mucha preocupación en las autoridades eclesiásticas sobre este tema. (7)

La preocupación es entendible porque se podrían abrir portillos legales para que se practiquen abortos, incluso cuando la vida de la madre no esté en peligro.

IV. La “pastilla del día después”

El Gobierno aprobó el uso y la venta sin receta médica de la “pastilla del día después”. La administración de Alvarado le vendió a la opinión pública este fármaco como una pastilla anticonceptiva.

Sin embargo, sabemos que los anticonceptivos únicamente impiden la fertilización del óvulo. Es decir, imposibilitan la unión entre el óvulo y el espermatozoide. La “pastilla del día después” se aprobó originalmente en el año 1999 en los EE.UU. En ese momento la evidencia señalaba que era un anticonceptivo.

Hoy en día se sabe que la “pastilla del día después” tiene claros efectos abortivos, que han sido documentados por importantes y recientes estudios científicos.

Los estudios hechos por los médicos, Chris Kahlenbron, Rebecca Peck y Walter B. Severs “Mechanism of Action of Levonorgestrel Emergency Contraception” y el estudio de Kathleen Mary Raviele “Levonorgestrel in cases of rape: How does it work?” confirman que el levonorgestrel puede tener efectos abortivos. (Fuente: US National Library of Medicine, National Institute of Health)

Otro importante estudio al respecto es el elaborado por los médicos Alegre Del Río, Emilio J. Fénix Caballero, Silvia Díaz Navarro, Jorge Rodríguez y Martín Estaban titulado “Post Fertilization Effect of Postcoital Levonorgestrel”. (Fuente: European Journal of Clinical Pharmacy) (8)

En este particular estudio se comprobó que en la mitad de los casos en que se usó el levonorgestrel hubo fecundación. Esto significa que la concepción ocurrió, sin embargo, por efecto de la “píldora del día después”, se le impidió al embrión continuar su normal proceso de crecimiento y se acabó con la vida de alguien que no ha nacido.

V. La prohibición de las armas

En el Gobierno de Alvarado se aprobó un proyecto de ley para restringir todavía más la posesión de armas de fuego. Ya en Costa Rica se contaba con una muy estricta legislación que imponía graves requisitos a las personas que deseaban comprar un arma.

Sin embargo, el Gobierno de Alvarado se propuso aprobar una ley para dificultar aún más el derecho a la tenencia y portación de armas de fuego por parte de los ciudadanos. (9)

La ley es del todo innecesaria porque las personas que deseaban tener un arma de fuego para su defensa, se les exigía un examen teórico realizado por el personal del Ministerio de Seguridad. Además, una prueba práctica de tiro supervisada por los expertos en armas de ese mismo ministerio.

También debían aprobar un examen psicológico, realizado por un profesional colegiado, debían registrar sus huellas dactilares, debían registrar su arma y registrar su fotografía en una base de datos de ese mismo ministerio.

Todo el proceso era sumamente oneroso y los impuestos que pesaban sobre las armas eran ya muy altos. Con la nueva ley el proceso será todavía más restrictivo. Además, se limitó arbitrariamente la cantidad de armas de fuego a únicamente dos por persona y se prohibió la posesión de escopetas o rifles.

Desde luego los delincuentes no obedecen las leyes que restringen o prohiben el uso de las armas de fuego. Así que estas nuevas restricciones y prohibiciones afectarán nada más a las personas honestas. No afectarán en nada a los criminales que pueden comprar las armas en el “mercado negro”.

La verdadera intención del Gobierno de Alvarado es desarmar a los gobernados. Algo muy similar a lo que ocurrió en otros regímenes socialistas.

VI. La extinción de dominio

El Gobierno de Alvarado, al igual que su antecesor, quiere aprobar una ley de extinción de dominio. Se justifica con el pretexto de combatir el “narcotráfico y el crimen organizado”.

Pero diversas organizaciones como la Defensa Pública y profesores de la Facultad de Derecho de la UCR han señalado defectos muy serios en la propuesta de ley. (10) Son violaciones al Principio de Inocencia y de Irretroactividad de la ley entre otras.

De aprobarse esta ley una persona que demuestre su inocencia ante un juez penal, podría perder despúes su patrimonio ante otro juez que tramite la extinción de dominio.

Se ha criticado con mucha razón que la ley podría aplicarse a bienes cuya adquisición ocurrió hace muchos años y esto aumentaría la inseguridad jurídica. Además, existe el temor a que la ley pueda usarse para cometer toda clase de abusos y como arma en contra de los opositores políticos. (11)

VII. La guerra contra Uber

El Gobierno de Alvarado ha intensificado aún más la persecución en contra de la empresa Uber. Tanto que el Gobierno emitió un comunicado pidiéndolo a la empresa que dejara el país. (12) También intensificó los operativos de la Policía de Tránsito en contra de los usuarios de Uber. (13)

Además, el Gobierno de Alvarado presentó un proyecto de ley para “regular” a Uber. El proyecto resultó un esfuerzo para controlar los precios, subsidiar a los taxistas, subirle los impuestos a los usuarios y disminuir la cantidad de conductores. (14)

Tan perjudicial resultó ese propuesta que la empresa consideró la posibilidad de irse del país y dejar en el desempleo a más de 22 mil personas que conducen con Uber. (15)

VII. El socialismo verde

El pasado 25 de febrero el Presidente Carlos Alvarado presentó en medio de una serie de extravagantes actividades públicas, el “Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050”. (16)

El plan incluye una “reforma fiscal verde” que desde luego, debe entenderse como un nuevo paquete de impuestos. El plan pretende subir los impuestos para obtener los recursos que serán necesarios para cubrir el costo de la descarbonización del país.

El plan establece que en quince años la matriz eléctrica del país deberá operar al 100% con energías renovables. De manera conveniente el plan omite decir cuánto dinero se necesitará para llevar a cabo tal transformación. Tampoco se nos dice si las tarifas eléctricas deberán aumentar de precio, para costear esa matriz compuesta de 100% de energías renovables.

Obviamente subirán de precio o deberán ser subsidiadas, porque el Instituto Costarricense de Electricidad arrastra pérdidas por el orden de los cientos de miles de millones de colones. (17) Por lo que ese ente estatal no estaría en capacidad de financiar esa transformación.

El gobierno se propone hacer de la electricidad la “fuente de energía primaria” para el sector de transporte, residencial y comercial. La meta es que en quince años el 70% de los buses y taxis sean de “cero emisiones” y que opere un tren rápido de pasajeros impulsado por electricidad.

Aquí también el plan de manera muy conveniente omite decir de cuánto será el costo que deberán asumir las empresas de autobuses y de taxis, para realizar el cambio de sus flotas de vehículos. Desde luego, el costo tendrá que ser asumido por los usuarios en última instancia.

Esto sin duda alguna tendrá un efecto perjudicial sobre las tarifas de transporte público. ¿O será que el gobierno de Alvarado pretende subsidiar esas tarifas? ¿Pero de ser así quién pagará el costo de esos subsidios?

El llamado “Plan de Descarbonización” quiere disfrazar como más oneroso, lo que ya es económicamente más eficiente. Y artificialmente hacer más barato lo que todavía no es económicamente posible hacer.

Intentar hacer rentable aquello que en verdad todavía no es rentable, como las tecnologías de “cero emisiones”. Esto demuestra el grado de arrogancia de este gobierno socialista, que pretende ir incluso contra las leyes de la Economía.

Obligar a las personas y a las empresas a usar las tecnologías de “cero emisiones” no puede conducirnos nunca a la prosperidad y eleverá los niveles históricos de desempleo que sufre el país.

Conclusión

Todo nos indica que el Gobierno de Alvarado lleva una clara intención de avanzar más hacia el socialismo. La ilusión que algunas personas tuvieron al votar por el Presidente Alvarado – al considerarlo un joven pragmático y mesurado -, se han esfumado rápidamente.

Varias encuestas sitúan al Presidente Alvarado con una popularidad muy baja. Hasta el momento lo que se ha visto es una agenda socialista, muy parecida a lo que en su momento se hizo en otros gobiernos del llamado “socialismo del siglo XXI” en América Latina.