El fraude de la “norma técnica”

Sergio Villalta Liberalismo, Libertad individual Leave a Comment

La semana pasada la vicepresidente Epsy Campbell manifestó que “la decisión está tomada”, con referencia a la promulgación de la mal llamada “norma técnica”.

Según la vicepresidente la medida es necesaria para “salvar la vida de mujeres que se encuentran en riesgo”. Además, dijo que la “norma técnica” será una “una guía para los profesionales en salud”.

La vicepresidente finalmente agregó que el país tiene “50 años de atraso” y es necesario reglamentar este procedimiento médico al igual que otros muchos procedimientos médicos lo están. (1)

I. ¿Una guía para los profesionales en salud?

La justificación de la vicepresidente en el sentido de que es necesario reglamentar este procedimiento médico, contradice lo expresado por el presidente del Colegio de Médicos. Escasamente hace un año el presidente de ese órgano colegiado manifestó que los médicos no necesitan ninguna reglamentación adicional para realizar el aborto terapéutico. (2)

Ya que la justificación dada por la vicepresidente ha sido abiertamente refutada desde antes por el presidente del Colegio de Médicos, queda claro que no es necesario ninguna “reglamentación” adicional; para que los médicos puedan realizar un aborto con la intención de salvar la vida de la madre.

II. ¿Salvar la vida de las mujeres?

La vicepresidenta parece ignorar que las vidas de las mujeres ya se logran salvar, gracias la existencia del aborto impune establecido en el artículo 121 del Código Penal.

Más parece que la vicepresidente quiere hacernos creer que en el país se pierden las vidas de las mujeres, a falta de permitir el aborto en los casos en que la vida de la madre corre peligro.

Pero , ¿dónde están las mujeres que han perdido sus vidas? ¿Quiénes son? ¿En qué hospital murieron? ¿Cuándo? En fin, este “argumento” a falta de evidencia concreta no merece mayor examen.

III. ¿Cincuenta años de atraso?

En este punto es necesario preguntarse ¿atraso en qué? Siendo que el aborto en Costa Rica se puede realizar legalmente desde hace muchas décadas, siempre que la vida de la madre corra peligro y esto no pueda ser evitado por otros medios -, en ¿qué área presenta el país un “atraso de cincuenta años”?.

También sería necesario preguntarse ¿atraso con relación a quién o con relación a cuál país? Evidentemente no existen “cincuenta años de atraso”, sino un adelanto en esta materia. Ya que la legislación permite el aborto en los casos en que la vida de la madre corre peligro y esto no pueda ser evitado por otros medios.

IV. ¿”Reglamentación adicional”?

Siendo que la ley permite realizar un aborto con la intención de salvar la vida de la madre, en esta materia no existe ningún error, equivocación o desorden alguno. De existir confusión serían los médicos los primeros legitimados en impulsar dicha “reglamentación”, por medio de su colegio profesional.

Sin embargo, el Colegio de Médicos no propone ninguna “reglamentación” adicional, ni es algo que hayan impulsado nunca antes, porque es claramente algo innecesario. La norma que regula el aborto en estos casos es diáfana. No se presta para confusión alguna, basta con leer el artículo 121 de nuestro Código Penal que dice:

No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.

El artículo no presenta nada que pueda ser tomado como confuso. Tampoco la redacción de la norma penal se puede tomar como algo de difícil comprensión. Por el contrario, como ha quedado demostrado el artículo citado es muy claro y las acciones descritas en ese tipo penal fueron todas bien especificadas y delimitadas por el legislador.

V. Supongamos lo contrario

Sin embargo, asumamos por un instante que la norma no es clara. Hagamos el ejercicio de suponer que el artículo 121 se presta para malos entendidos. En tal caso, lo correcto sería presentar un proyecto de ley para que los legisladores cambien la redacción del artículo. Ya sea para que mejoren su redacción o incluyan acciones u omisiones dejadas de lado a la hora de enunciar el tipo penal.

Esto sería lo correcto porque el único poder de la república, que está legitimado para modificar una ley formal es el Poder Legislativo. No le correspondería en tal caso al Poder Ejecutivo “clarificar” o “mejorar” la materia regulada en el Código Penal.

Entonces, aún en el supuesto que el artículo 121 del Código Penal necesitara ser modificado, lo correcto sería elaborar un proyecto de ley para que el Poder Legislativo mediante el trámite correspondiente modificara lo que fuera necesario.

Por estas razones la “norma técnica” es innecesaria. Pero incluso más grave es que el solo intento de modificar o “clarificar” un artículo del Código Penal, representa una afrenta a la Constitución. Porque el Poder Ejecutivo se estaría atribuyendo competencias que le pertenecen nada más que al Poder Legislativo.

También representaría una acción delictiva, puesto que el funcionario público que realice actos contrarios a la ley (desde luego se incluye aquí a la Constitución) o las fundare en hechos falsos comete el delito de prevaricato.

Conclusión

Todos estos esfuerzos a favor de la “norma técnica” parecen más un intento para “legalizar” el aborto. Desde luego, los sujetos y organizaciones que patrocinan estos acciones desde el gobierno o la sociedad civil, no intentan hacerlo mediante una reforma a la Constitución Política; porque entienden correctamente que jamás lograrían el apoyo de las mayorías para lograrlo.

Por ende, únicamente les resta intentarlo mediante un reglamento. En síntesis estamos en presencia de un fraude, porque a la mentira se le está dando la apariencia de una verdad.

El decreto que se dice está pronto a ser firmado de seguro haría más blandas las condiciones para realizar un aborto. Así, algunos se acercarían más a su propósito de hacer que el aborto en Costa Rica sea “libre, legal, seguro y gratuito”; como algunas organizaciones así lo predican.