El Estado ineficiente: el caso del arroz en Costa Rica

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Por Jorge Corrales Quesada

Dice el dicho que no hay mal que dure cien años. Empiezo a dudar de que tal esperanza se haga una realidad, pues, en el caso de los estudios hechos en el país, acerca de los enormes costos con que el proteccionismo estatal costarricense al arroz ha castigado a sus ciudadanos, ya llega a sus 30 años de existencia. Lo increíble es que ese mal, expuesto de nuevo 30 años después del primero de aquellos estudios, existe en plena lozanía, de acuerdo con análisis surgidos recientemente entre el 2013 y el 2014 y que profundizan y reiteran la vigencia de aquel viejo problema.

Antes de comentar el artículo que La Nación publicó el pasado 22 de diciembre bajo el título “4 estudios critican políticas en arroz por afectar más a pobres: Publicaciones entre 2013 y 2014 cuestionan arancel a la importación y fijación de precios por ley”, sólo quiero destacar dos cosas. Primera, que estos nuevos comentarios son excelentes refinamientos y mejoras a un conjunto de estudios profesionales que han tratado el tema desde hace muchas décadas y que el problema subsiste con casi igual empeño que antes. En segundo lugar, que el 22 de diciembre es una fecha desafortunada para haber sacado La Nación a la luz un tema crucial en nuestra vida socio-económica. Simplemente es de imaginarse que el interés de muchos lectores estaría concentrado en cosas muchos más alegres como la Navidad, en vez de serlo sobre algo tan nefasto para las economías de los hogares de menores recursos de nuestro país.

Para el registro, haré un listado de estudios de economistas que han sido críticos del modelo proteccionista en que desde hace tantos años nos ha sumido un estado ineficiente; inmisericordemente, agrego yo. Si he olvidado algún otro análisis, ruego que se me excuse, pues la memoria me puede fallar.

1.- El libro “Políticas de Precios y de Subsidios en Costa Rica, escrito por este servidor y publicado en 1985 por la Academia de Centroamérica.

2.- El ensayo “Granos Básicos” escrito por don Víctor Hugo Céspedes y este servidor. Está contenido en el libro “La Política de Precios en Costa Rica,” publicado por COUNSEL en 1987.

3.- El ensayo “Apertura Comercial e Inversión Extranjera” de don Ricardo Monge y don Julio Rosales, contenido en el libro editado por don Ronulfo Jiménez, “Estabilidad y Desarrollo Económico en Costa Rica: Las reformas pendientes” y publicado por la Academia de Centroamérica en 1998.

4.- Además -pero no puedo brindar los datos exactos por no disponer de ellos- creo que sobre el tema algo publicó la firma consultora Ecoanálisis en el 2003, así como, en cierto momento, lo hizo el Instituto de Investigaciones Económicas, pero en este instante no tengo exactas las referencias de las fuentes. Asimismo, casi que estoy seguro de que, además de los antes mencionados, ha habido otros trabajos similares que tratan del tema del proteccionismo arrocero.

Entre el 2013 y el 2014 surgieron los siguientes estudios mencionados en el comentario de La Nación arriba referido:

1.- Banco Interamericano de Desarrollo, “¿Cómo repensar el desarrollo productivo?: Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica”, editado por G. Crespi, E. Fernández y E. Stein, 2014. De él tomo dos párrafos significativos: Primero,

“La protección del arroz en Costa Rica es uno de estos casos. Este tipo de intervención, que responde a una conducta rentista y no a la búsqueda de la eficiencia, claramente debería desalentarse. Esto no significa que los gobiernos no deban involucrarse nunca con los sectores en declive.” (BID, Op. cit., p. 50).

Segundo, “Así, los procesadores pueden comprar arroz a precio del mercado mundial y vender el arroz procesado en Costa Rica a precios que reflejan el alto nivel de protección y de subsidios. Esto genera rentas extraordinarias para los procesadores de arroz, sobre todo los grandes. En su conjunto, la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes.” (Ibídem, p. 51).

2.- Bernal Jiménez Chavarría, “Análisis de bienestar sobre el arroz en Costa Rica,” 27 de agosto del 2014, ensayo expuesto ante la Academia de Centro América. De este estudio tomo varios párrafos relevantes. El primero, se refiere al control de precios e indica lo siguiente:

“El arroz es el único artículo en que existe control de precios. Se controlan todos los tipos desde el que consumen los grupos de menos ingresos hasta los más caros. Existe nivel máximo y mínimo, que no existía antes. El control de precios ayuda a generar colusión en el oligopolio. No hay mínimo en el precio a los agricultores. Los márgenes de comercialización son inferiores a los de cualquier otro bien similar: frijoles / aceite / harina. Precios del público son observables y verificables, transacciones periódicas entre agricultores, agroindustriales, mayoristas y detallistas no lo son. Esto perjudica a los consumidores.” (B. Jiménez, Op. Cit., p. 10).

Un segundo párrafo indica que:

“… del consumo promedio del 2011-2012, el costo local anual es de $358.7 millones (Ibídem, p. 27) y si ese arroz fuera totalmente importado, el costo sería de $168.3 millones (Ibídem, p. 28); por lo tanto la diferencia es lo que los consumidores pagan de impuesto total; esto es, $190.4 millones (Ibídem, p. 29)”. “Sin embargo, este impuesto no lo recoge el Estado, sino los agroindustriales. Cabe preguntarse, ¿qué hacen los agroindustriales con este impuesto que recogen, o dicho de otro modo con este subsidio?”

Esto nos lleva a un tercer párrafo significativo: De aquellos $190.4 millones que pagamos los consumidores por el sobreprecio del arroz, “$130.8 millones quedan en manos de los industriales del arroz y $59.6 a los agricultores mediante la compra del arroz en granza.” (Ibídem, p. 31). Pero hay cosas similarmente interesantes, cual es la forma en que se distribuye ese subsidio de $59.6 millones a los agricultores:

“$45.95 millones quedan en manos de 191 agricultores grandes (que siembran más de 50 hectáreas), $11.4 millones para los 449 agricultores medianos (que siembran entre 10 y 50 hectáreas) y $2.2 millones para los 379 agricultores pequeños (que siembran 10 o menos hectáreas).” (Ibídem, p. 34). O sea, los agricultores pequeños reciben apenas un 1.16% del subsidio total, en tanto que los agricultores grandes y medianos se quedan con el 98.84% del subsidio total. (Ibídem, p. 35). Un 68.7% del subsidio total (esto es, $130.8 millones) va a dar a 6 empresas agroindustriales grandes. No parece “socialmente muy justo”, ¿verdad?

Pero aún hay más: veamos a cuánto equivalen esos subsidios en términos per cápita para cada grupo. Un cuarto párrafo expresa que “6 personas (físicas o jurídicas) reciben un subsidio anual per cápita de $19.641.800 o sea de $53.813 diarios. A su vez, cada uno de los 379 pequeños agricultores, obtiene un subsidio anual de $5.900; esto es, de $16 al día.” (Ibídem, p. 36). Note que el valor de un Mercedes Benz de lujo es muy parecido al subsidio diario que percibe cada uno de los más grandes agroindustriales.

3.- Una tercera investigación fue realizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), titulada ¿Mejorará la Liberalización de las Importaciones de Arroz el Bienestar del Consumidor en Costa Rica?, estudio realizado por el economista Carlos Eduardo Umaña Alvarado en el 2014. En él se señala como resumen que:

“los consumidores de Costa Rica han estado pagando un precio elevado por un producto básico de su cesta de consumo diario. Además de este efecto negativo para los consumidores, las políticas mencionadas anteriormente no han logrado ni incrementar la producción de arroz ni mejorar las condiciones de los pequeños agricultores que se dedican al cultivo del arroz. En su lugar han generado importantes ganancias para los importadores y las industrias arroceras que se han visto beneficiadas por la diferencia entre los bajos precios del arroz a nivel internacional y los elevados precios nacionales.”

4.- Finalmente, en abril del 2013, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, publicó un estudio titulado: “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización,” efectuado por los economistas Nelson Arroyo, Rudolf Lücke y Luis Rivera. Concluyen en que:

“No se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación del precio del arroz ya que: Muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades). Los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales. La productividad se mantiene estancada y hacia la baja. La fijación puede estar creando tendencias hacia la alza en los costos del algunos insumos y servicios utilizados en la producción.” (Op. Cit., p. p. 96-97).

Y ¿saben ustedes que el precio fijado por ley al consumo del arroz es tanto un precio máximo como un precio mínimo de venta?; en general se regulan todos los precios en la cadena distributiva. Eso del precio mínimo de venta es crucial, pues impide que se importe arroz más barato del exterior, aunque se pague el arancel actual del 35%, pero no puede ser vendido al consumidor a un precio menor que el fijado por el estado. O sea, por eso algunos pueden alegar que, si se dejara sin protección arancelaria al arroz, los comerciantes importadores no se lo venderían a los consumidores a un precio más bajo que el actual, quedándose con esa enorme diferencia como ganancia. Pero, el problema es que aunque hoy quisieran venderlo más barato para allegarse más consumidores, no lo pueden hacer, pues el ineficiente estado hace prohibitiva cualquier reducción posible de su precio, al tener prohibido vendérselo a los consumidores finales por debajo de ese precio mínimo fijado.

No; si el negocio de la protección es redondo; es completo. No hay duda de que en estas cosas, que tanto dañan a los ciudadanos consumidores, principalmente los de menores ingresos, el estado no es eficiente, resulta que “es eficientísimo” para proteger a cierto gremio, el cual así recibe aquellos enormes subsidios arriba referidos. Es vulgar esa enorme transferencia o subsidio de los consumidores, principalmente de los de menores recursos relativos, hacia unos pocos poderosos. Ya es mucho el tiempo que lleva este abuso, con el pleno y claro patrocinio de un estado injusto. No parece ser muy apropiado en una nación en donde se hacen esfuerzos para disminuir los niveles de pobreza ¿o será que ese no es más de un manto con el cual se cubre un estado ineficiente, en donde se protege a unos pocos a costas de las grandes mayorías de consumidores?

Había concluido este comentario, cuando, de nuevo, La Nación en su edición electrónica del 8 de enero, publica un artículo titulado “Gobierno eleva impuesto a la importación de arroz pilado a 62,06%”. Es decir, poco menos que se duplicó la tasa proteccionista previa de un 35%. Eso sí, excluye de este mayor arancel a las importaciones de arroz de países firmantes del TLC; esto es, Estados Unidos, Canadá, Centro América y República Dominicana. Pero, vean como son las cosas, con esto se cierra, por ejemplo, la importación de arroz altamente competitivo proveniente de naciones como Uruguay, además de aquellas de otras naciones. No lo hacen con los países del TLC, porque de inmediato el país entraría en serios problemas con ese tratado comercial, pero sí le aplica el aumento del arancel a otros países, lo cual, de hecho, también dirige al país hacia un conflicto en la Organización Mundial de Comercio, la cual de paso, en varias manifestaciones ha indicado que en Costa Rica el arroz tiene una protección muy elevada, que incluso hace que su precio interno sea uno de los más altos del mundo.

Vean el desenfado con que este gobierno valora la medida que ya tomó: “Se declara concluida la investigación y se emite una determinación definitiva positiva sobre la existencia de pruebas claras que establecen una relación causal entre el aumento del volumen de las importaciones consideradas y la amenaza de daño grave en la rama de producción nacional de arroz pilado”, justifica el Ministerio en la resolución publicada este jueves. No contó para nada el malévolo efecto de aumentar el costo del arroz para los ciudadanos. Primó el afán de ayudar a aquellos pocos grandes beneficiados con el proteccionismo, en contraste con la mayoría consumidora que se ve aún más afectada en su consumo de arroz, y principalmente daña a los grupos de menores ingresos.

Ahora bien, observen el compadre hablado que medió en esta decisión de un gobierno, que ha dicho hasta la saciedad que le preocupa el problema de la pobreza en el país, la mala distribución del ingreso y la llamada “justicia social”. El artículo citado de La Nación reporta que “La salvaguardia (el aumento del arancel casi al doble) fue solicitada por la Asociación Nacionales de Industriales del Arroz y surgió debido a que actualmente el precio internacional es más bajo que el local por lo tanto es negocio para los empresarios traer arroz importado, aún con el impuesto a la importación de 35% que tiene actualmente.” Piense mal si lo quiere (así lo hago yo), pero me huele que algún favor se está pagando, por el cual el gobierno aumenta sus desprestigio, pero complace a amigotes. No hay nada más que decir… sólo que verdaderamente estas cosas dan vergüenza, cosa que parece estar ausente en ciertas autoridades de gobierno.

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