Hay distintos enfoques en torno a los objetivos de la prisión a personas en cárceles. Para algunos, el objetivo es castigar a quien ha cometido un delito que la sociedad ha juzgado que ha de ser penado con cárcel. Para otros, es disuadir la comisión de tales delitos no sólo por quienes ya experimentan la prisión, sino para quienes podrían verse tentados a cometerlos y, una tercera visión, es que la prisión sea un medio para reformar o rehabilitar a quienes ya han sido enviados al reclusorio.
Cualquiera que sea el enfoque apropiado como razón de ser para la existencia de cárceles, considero que hay un hecho innegable que debe siempre estar presente, cual es que se trata de seres humanos, quienes, como tales, por más horrendos los delitos cometidos, tienen derechos: derechos derivados por el hecho de ser humanos (aunque su delito puede ser llamado en ciertos casos inhumano).
Lo anterior, en mi opinión, hace que cualquiera sea la razón para la existencia de prisiones, el trato dado a los prisioneros debe ser considerado como respetuoso de los derechos humanos, nos guste o no la profundidad o aberración del delito cometido. Existe en el mundo moderno mucha legislación al respecto, sin duda que inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidos, recogida en 1948. Elementos como la tortura, de la que tanto hemos leído en la historia de la humanidad y que aún se practica en ciertas naciones, se consideran aberrantes, al igual que siempre se enfatiza el derecho del prisionero a tener un juicio justo. Mi campo de experiencia profesional no es el derecho, como ha de ser obvio por estos comentarios, pero, personalmente, creo que la condena de prisión no debe ser una justificación para violar los derechos esenciales propios de todo hombre.
A esta reflexión he llegado, luego de leer el comentario de La Nación del 10 de julio, titulado “100 reos se ‘cocinan’ en nueva prisión de acero y zinc: Arco modular costó ₡495 millones y fue inaugurado en abril pasado.”
Resulta que el estado construyó una cárcel en La Leticia, en Pocorí, Limón, en donde “hay días en que la temperatura supera los 34 “(grados centígrados). Instalada en una zona particularmente caliente del país, los presos “se cocinan” con el calor que sufren.
No dudo que la intención de la construcción de la nueva prisión era la de que fuera un lugar mejor, comparativamente con otras prisiones del país. Sin embargo, siendo una instalación nueva, no hay razón para que “pocos pueden dormir en las camas. La mayoría… nos tiramos al piso para descansar; otros (prisioneros) se meten a bañar de madrugada,” tal como comentó uno de los 104 presos allí ubicados.
Se ha considerado que el sistema penitenciario del país tiene una sobrepoblación del 42%, por lo cual debería de ser bien vista esta nueva cárcel, como medio para disminuir el hacinamiento. “Este pabellón es de mínima contención, lo que significa que los reclusos que estén ahí deben cumplir su pena en ocho años o menos; deben tener buena convivencia y deben trabajar dentro del centro (en mantenimiento, cocina o en la finca, entre otros).”
La construcción en su mayoría es de láminas de acero, revestidas de zinc y sólo los baños son hechos de concreto. De acuerdo con el informe de periodistas del medio, “se comprobó (en una visita de ellos) el calor que hace, pese a que, en apariencia, hay aisladores térmicos y pese a que en el dormitorio hay ocho ventanas pequeñas y 26 abanicos que permanecen encendidos día y noche.” Aparentemente la obra se realizó de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministradas por el Ministerio de Justicia. No obstante, la directora del centro penal, señora Marianela Fallas, ya le pidió a la compañía constructora que brinde soluciones, pues hay una garantía de dos años y el problema se mantiene sin resolver. Mientras el estado pide que se arreglen las cosas, la empresa no lo hace; dependerá de si su responsabilidad surge de los planos que se le entregaron y que deberían de haber cumplido.
Estas son cosas que para nada le agrada a uno reseñarlas. Lo pone a uno a pensar si, cuando hace algunos años se trató de construir una cárcel administrada por concesión a una empresa privada, si esas habrían sido las condiciones de una vida penal. La empresa que las habría hecho tendría que cumplir con los requerimientos que le fijara contractualmente el estado y uno imaginaría que, tal vez, no se hubiera presentado la situación actual. Aquella concesión no se hizo en mucho por la oposición de la ANEP, por una razón muy entendible: los trabajadores de la concesión posiblemente no serían sindicalizados bajo su égida, dejando ANEP lejos de percibir muchas cuotas de trabajadores afiliados y de tener así un mayor poder sindical y político. ANEP tuvo éxito en su oposición. Ahora, los prisioneros, asados o cocidos como si fueran tamales y no seres humanos, deben pagar por la ineficiencia de un estado, el cual ni siquiera pudo lograr que se hiciera una cárcel decente y, más bien, un centro que casi es de tortura, por haberse rendido ante la prepotencia de ANEP.
Como claramente lo dice Oviedo Vargas, un recluso, “Estar aquí es insoportable; estábamos mejor antes”. Que tan sólo lo imagine el amigo lector, quien, como ciudadano, también ha aportado su parte en los ₡495 millones gastados en hacer ese horno.