Proyecto de ley contempla nuevos privilegios para Japdeva

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Estamos cansados de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Ahora resulta que el gobierno, en vez de cerrar Japdeva de una vez por todas, pretende crear un nuevo privilegio para sus empleados del cual nos advierte la Procuraduría General de la República.

El problema de las finanzas públicas obedece exclusivamente al exceso de gasto público.

Peligra sostenibilidad del régimen de pensiones del Banco Nacional

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Otro fondo de pensiones, en este caso el Fondo de Garantías y Pensiones de los Empleados del Banco Nacional, tiene problemas de sostenibilidad a futuro.

Toda pensión justa es aquella que se financia a partir de las cuotas de los trabajadores más los rendimientos que estos generen. Si uno recibe más, le está robando a un tercero; y, si recibe menos, lo están estafando.

El serio problema del empleo informal

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La cantidad de trabajadores que laboran en la informalidad ha venido creciendo. Pasó de abarcar el 37% de la fuerza laboral en el 2011 a conformar el 46.1% en el 2019.

Es de cultura general conocer de principios básicos de Economía que nos dice que la informalidad es consecuencia de los impuestos, regulaciones, cargas sociales, permisos, patentes, trámites en Tributación Directa que demandan tiempo excesivo, la existencia de colegios profesionales que elevan artificialmente el costo de abogados y contadores que son necesarios para inscribir una sociedad y llevar registros contables, etc. En fin, es Estado el responsable de la informalidad.

Por tanto, es propio de demagogos rasgarse las vestiduras por el crecimiento del sector informal de la economía y, por otra parte, apoyar todo aquello que empuja a las personas hacia la informalidad, incluyendo el Plan Fiscal.

A entrarle pronto y firme a los privilegios de las convenciones colectivas

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Acabar con las convenciones colectivas no es solo un asunto de materia fiscal sino, sobre todo, de justicia social. Ninguna entidad pública podría sobrevivir con semejantes privilegios si estuvieran sometidas a la libre competencia.

El problema fiscal y el estancamiento económico no es un asunto de falta de impuestos sino de exceso de gasto público, exceso de privilegios, exceso de entidades, y exceso de personal.

Gobierno se endeuda para pagar pensiones

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Prosigue el serio problema de la insuficiencia de los fondos para hacer frente a las pensiones con cargo al presupuesto. Una vez más, se acude al endeudamiento cercano al 1% del PIB para sufragarlos. El problema seguirá en ascenso si no se toman las medidas correctivas del caso.

En el Instituto Libertad hemos insistido que la única solución posible es eliminar todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y sustituirlos por uno de capitalización individual.

La lucha permanente del gobierno en contra del bienestar: el caso contra Airbnb

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El Gobierno continua con su permanente persecución en contra de la iniciativa privada, en contra de la libre elección del consumidor y en contra de la libre contratación.

El Gobierno sigue con su permanente apoyo a los grupos de presión que, por definición, no hacen más que explotar al consumidor. El Gobierno sigue con su permanente voracidad fiscal buscando cualquier pretexto para apropiarse de la riqueza generada por el ciudadano honesto.

Lo anterior porque se ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para subyugar a Airbnb cobrándole por cosas absurdas y exigiéndole trámites, también innecesarios, y que solo harán perder el valioso tiempo del emprendedor o llevar a la quiebra a quienes ofrecen el servicio.

Este proyecto de ley viola la Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 28 que establece que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.

Bien decía Benito Juárez que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Instamos a los diputados a que desechen este proyecto de ley y que busquen la paz y la justicia social por medio del respeto al derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y al derecho del consumidor a la libre elección.

Para el gobierno, el desperdicio no importa: los casos de AyA y Recope

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Es un principio básico de la Economía que todo monopolio creado por ley se traduce en explotación al consumidor, desincentivo a la inversión, y caída en la calidad del servicio.

Esto lo vemos en el caso de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que pretende un aumento del 24% en las tarifas de agua. Esto es un abuso dado que no corresponde con los incrementos de la inflación. Por otra parte, más del 51% del agua potable se desperdicia.

En el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), esta quiere trasladarle al consumidor los robos que sufre en los más de 350 tomas ilegales que se han encontrado. Los robos suman unos ₡6.000 millones en los últimos años.

Si hubiera libre competencia, esto no podría suceder. La libre competencia se encarga de castigar a la empresa que desperdicia o a la que se deja robar. La libre competencia premia a las empresas que hacen buen uso de los recursos.

Adónde moran más pensionados de “lujo”

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Es en el sistema de pensiones del Magisterio y del Poder Judicial en donde se encuentra el mayor número de pensionados de lujo, según un informe de la Superintendencia de Pensiones (Supen)

Supen define pensión de lujo toda aquella por encima del tope del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) que administra la CCSS. Dicho tope equivale a ₡1.57 millones mensuales. Sin embargo, lo apropiado sería decir que una pensión de lujo es aquella que se financia con cargo al presupuesto de la República.

Por definición, una pensión producto de las cuotas y de los rendimientos generados por las mismas es autofinanciable (Como en los regímenes de capitalización individual) y no debería generar cargo alguno sobre el presupuesto de la República.

Política de empleo público al revés

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Con la entrada de operaciones del muelle de APM Terminals, los empleados de la Junta de Administración Portuaria del Atlántico Norte (Japdeva) no tienen ni un tercio del trabajo que tenían. Si antes sobraba personal, ahora mucho más. Sin embargo, no despiden a nadie y todos son mantenidos a costa del contribuyente ante un panorama fiscal donde el gobierno quiere endeudarse por más de US$6,500 millones.

Por otra parte, al parecer despidieron a un director del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco dependencia por exigirle a sus subalternos que cumplieran con sus horarios de trabajo. A quienes debieron despedir son a los últimos.

Esta ética socialista de premiar al vago y castigar al trabajador responsable es lo que nos tiene sumido en esta crisis fiscal.

Más gremios de empleados públicos recurren a la Sala Constitucional a defender sus privilegios

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Los sindicatos de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP) y del Banco Nacional presentaron recursos ante la Sala Constitucional pidiendo que les sean restituidos los pocos privilegios que les fueron modificados, ni siquiera eliminados, con la aprobación del Plan Fiscal a finales del 2018.

“Si algo lo paga un tercero, no es un derecho sino un privilegio”.