El Gobierno es la única fuente del contrabando

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La Economía es una ciencia porque el ser humano responde a estímulos económicos de una manera muy predecible.

Por ejemplo, toda limitación a la libre competencia, impuesta por el gobierno, se traduce en precios más altos, menor calidad de los productos, y mayores tasas de desempleo en la industria pertinente.

Por su parte, la Economía nos enseña que los impuestos a las importaciones se traducen en contrabando. La Economía también nos enseña que no existe motivo alguno que justifique la existencia de aranceles sin importar que se hable de Costa Rica, los EEUU o Bangladesh.

Los aranceles reducen el bienestar general del país y solo se usan para satisfacer caprichos socialistas, o bien, como actos de corrupción en prácticas mercantilistas.

Problemas con los préstamos de Conape

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Los fondos para préstamos de Conape se han reducido de manera significativa. La pregunta que surge es, ¿por qué la sociedad tiene que subsidiar la inversión en capital humano? Quien invierte, sea en capital físico o humano, debe hacer una valoración de la rentabilidad de su inversión. Si la inversión es rentable, ¿para qué subsidio? Si no lo es, ¿por qué subvencionar?

Es absurdo castigar al sistema financiero obligándolo a aportar un 5% de sus utilidades a Conape con el fin de que este último subsidie tasas de interés, cuando dicha política no hace más que subir las tasas de interés reales del país.

Solo la libre competencia garantiza los precios más bajos posibles. Si se desea que el sistema financiero costarricense brinde tasas de interés del 6%, sin subsidio, y para cualquier actividad, baste con liberalizar el sistema financiero y que la competencia realice su trabajo. Si se desea que baje el precio de las carreras universitarias y suba su calidad, baste con cerrar Conesup y permitir la libre competencia universitaria.

Presupuesto del MEP se cuadruplica, pero la calidad educativa cae

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El presupuesto del MEP se ha cuadruplicado en los últimos 12 años, pasando de ₡679.659 millones en el 2007 a ₡2.600 millones en el 2019. Sin embargo, bajo cualquier indicador, la calidad en la educación sigue cayendo.

El problema reside en que el rector de la educación es el mismo Estado que ejerce la planificación centralizada por medio del Ministerio de Educación y el Conesup que determinan absolutamente todo: desde años de estudio, materias a enseñar, contenidos de las materias, requisitos para selección de profesores (que son entrenados bajo los criterios del mismo Estado), etc.

Solo la libre competencia garantiza la mejor calidad al menor costo y la educación no es excepción. Dado que la educación es tan importante, es donde el gobierno debe intervenir menos. Es necesario introducir competencia en la educación costarricense donde un paso es incorporar el sistema de cupones educativos en la educación primaria y secundaria.

En cuanto a la educación superior, es necesario que el contribuyente deje de financiar a las universidades estatales y que estas se financien con el cobro de la matrícula y venta de servicios.

Japdeva desvia fondos de reserva y traslada costo al contribuyente

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Desde el año 2012 se le había indicado a Japdeva que debía reducir su personal y para ello se había creado una reserva desde la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014). Sin embargo, Japdeva desatendió la orden y usó los recursos para la compra de grúas que se encuentran, en el mejor de los casos, subutlizadas. Ahora Japdeva le pide recursos a la Asamblea Legislativa para subsanar su mala administración, liquidar planilla y pagar nuevos privilegios a los despedidos.

¿Cuándo entenderemos de una vez por todas que la burocracia no tiene como fin el bien común sino su propio bienestar?

Fue sin querer queriendo

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Por “error”, en marzo del 2019 el departamento de Relaciones de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, avaló privilegios en 4 municipalidades que van en contra de lo aprobado en el Plan Fiscal. El Ministro de Trabajo, en vez de suspender de inmediato al responsable del departamento pertinente, se lava las manos diciendo que investigará la decisión.

Vemos un patrón muy claro. De alguna manera, sea con huelgas, recursos legales o “errores” del Poder Ejecutivo, el Gobierno está permitiendo que los privilegios en el sector público no se modifiquen. No es de extrañar ante un Gobierno prosocialista.

Miles de millones de recursos de bien social terminan en la clase media y alta

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Según el Estado de la Nación, un 18,4% de todos los que reciben ayuda del gobierno no la requieren porque no son pobres. El monto equivale a ₡55.000 millones por año. Para darnos una idea del monto, la ampliación de la carretera San Ramón – San José se había dado en concesión por aproximadamente ₡300.000 millones. Mientras tanto, unas 270 mil familias en condición de pobreza no son atendidas por el IMAS.

Otro ejemplo más para entender que el problema fiscal que vive Costa Rica es de exceso de gasto público y corrupción. ¡No más endeudamiento, no más impuestos!

¿Abusos en las incapacidades de los trabajadores de la CCSS?

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En el sector privado el promedio de incapacidad por trabajador, por año, es de 0.2. En el sector público es de 0.65. En la Caja Costarricense de Seguro Social la cifra es de 2.26; es decir, más de once veces comparada con el sector privado.

Si bien es cierto que las personas que laboran en hospitales están más expuestas a contagios, la cifra parece excesiva. No es de extrañar que el monto que debemos pagar por las cuotas a la CCSS vaya en aumento.

El aparente abuso se puede explicar mejor recurriendo a la Economía que nos dice que a menor competencia, mayor es la ineficiencia. Estamos obligados a cotizar seguro médico de la CCSS y este solo puede ser usado sus centros de atención médica. Solo introduciendo competencia podremos mejorar la eficiencia del manejo de los recursos públicos, incluyendo la CCSS.