Fue sin querer queriendo

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Por “error”, en marzo del 2019 el departamento de Relaciones de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, avaló privilegios en 4 municipalidades que van en contra de lo aprobado en el Plan Fiscal. El Ministro de Trabajo, en vez de suspender de inmediato al responsable del departamento pertinente, se lava las manos diciendo que investigará la decisión.

Vemos un patrón muy claro. De alguna manera, sea con huelgas, recursos legales o “errores” del Poder Ejecutivo, el Gobierno está permitiendo que los privilegios en el sector público no se modifiquen. No es de extrañar ante un Gobierno prosocialista.

Miles de millones de recursos de bien social terminan en la clase media y alta

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Según el Estado de la Nación, un 18,4% de todos los que reciben ayuda del gobierno no la requieren porque no son pobres. El monto equivale a ₡55.000 millones por año. Para darnos una idea del monto, la ampliación de la carretera San Ramón – San José se había dado en concesión por aproximadamente ₡300.000 millones. Mientras tanto, unas 270 mil familias en condición de pobreza no son atendidas por el IMAS.

Otro ejemplo más para entender que el problema fiscal que vive Costa Rica es de exceso de gasto público y corrupción. ¡No más endeudamiento, no más impuestos!

¿Abusos en las incapacidades de los trabajadores de la CCSS?

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En el sector privado el promedio de incapacidad por trabajador, por año, es de 0.2. En el sector público es de 0.65. En la Caja Costarricense de Seguro Social la cifra es de 2.26; es decir, más de once veces comparada con el sector privado.

Si bien es cierto que las personas que laboran en hospitales están más expuestas a contagios, la cifra parece excesiva. No es de extrañar que el monto que debemos pagar por las cuotas a la CCSS vaya en aumento.

El aparente abuso se puede explicar mejor recurriendo a la Economía que nos dice que a menor competencia, mayor es la ineficiencia. Estamos obligados a cotizar seguro médico de la CCSS y este solo puede ser usado sus centros de atención médica. Solo introduciendo competencia podremos mejorar la eficiencia del manejo de los recursos públicos, incluyendo la CCSS.

Proyecto de ley contempla nuevos privilegios para Japdeva

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Estamos cansados de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Ahora resulta que el gobierno, en vez de cerrar Japdeva de una vez por todas, pretende crear un nuevo privilegio para sus empleados del cual nos advierte la Procuraduría General de la República.

El problema de las finanzas públicas obedece exclusivamente al exceso de gasto público.

Peligra sostenibilidad del régimen de pensiones del Banco Nacional

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Otro fondo de pensiones, en este caso el Fondo de Garantías y Pensiones de los Empleados del Banco Nacional, tiene problemas de sostenibilidad a futuro.

Toda pensión justa es aquella que se financia a partir de las cuotas de los trabajadores más los rendimientos que estos generen. Si uno recibe más, le está robando a un tercero; y, si recibe menos, lo están estafando.

El serio problema del empleo informal

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La cantidad de trabajadores que laboran en la informalidad ha venido creciendo. Pasó de abarcar el 37% de la fuerza laboral en el 2011 a conformar el 46.1% en el 2019.

Es de cultura general conocer de principios básicos de Economía que nos dice que la informalidad es consecuencia de los impuestos, regulaciones, cargas sociales, permisos, patentes, trámites en Tributación Directa que demandan tiempo excesivo, la existencia de colegios profesionales que elevan artificialmente el costo de abogados y contadores que son necesarios para inscribir una sociedad y llevar registros contables, etc. En fin, es Estado el responsable de la informalidad.

Por tanto, es propio de demagogos rasgarse las vestiduras por el crecimiento del sector informal de la economía y, por otra parte, apoyar todo aquello que empuja a las personas hacia la informalidad, incluyendo el Plan Fiscal.

A entrarle pronto y firme a los privilegios de las convenciones colectivas

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Acabar con las convenciones colectivas no es solo un asunto de materia fiscal sino, sobre todo, de justicia social. Ninguna entidad pública podría sobrevivir con semejantes privilegios si estuvieran sometidas a la libre competencia.

El problema fiscal y el estancamiento económico no es un asunto de falta de impuestos sino de exceso de gasto público, exceso de privilegios, exceso de entidades, y exceso de personal.

Gobierno se endeuda para pagar pensiones

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Prosigue el serio problema de la insuficiencia de los fondos para hacer frente a las pensiones con cargo al presupuesto. Una vez más, se acude al endeudamiento cercano al 1% del PIB para sufragarlos. El problema seguirá en ascenso si no se toman las medidas correctivas del caso.

En el Instituto Libertad hemos insistido que la única solución posible es eliminar todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y sustituirlos por uno de capitalización individual.

La lucha permanente del gobierno en contra del bienestar: el caso contra Airbnb

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El Gobierno continua con su permanente persecución en contra de la iniciativa privada, en contra de la libre elección del consumidor y en contra de la libre contratación.

El Gobierno sigue con su permanente apoyo a los grupos de presión que, por definición, no hacen más que explotar al consumidor. El Gobierno sigue con su permanente voracidad fiscal buscando cualquier pretexto para apropiarse de la riqueza generada por el ciudadano honesto.

Lo anterior porque se ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para subyugar a Airbnb cobrándole por cosas absurdas y exigiéndole trámites, también innecesarios, y que solo harán perder el valioso tiempo del emprendedor o llevar a la quiebra a quienes ofrecen el servicio.

Este proyecto de ley viola la Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 28 que establece que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.

Bien decía Benito Juárez que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Instamos a los diputados a que desechen este proyecto de ley y que busquen la paz y la justicia social por medio del respeto al derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y al derecho del consumidor a la libre elección.