Defínanse ante las pensiones de lujo

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Han existido acciones que reivindican la acción legislativa del actual congreso. Ciertamente, ha habido ejemplos de ello, pero, al mismo tiempo, hay otros en contra. Dentro de los primeros, está la reciente decisión convertida en ley de poner freno a los abusos contra los ciudadanos por las huelgas de sindicatos gubernamentales. Pero, en lo segundo, creo que ya es mucho el diletantismo alrededor de la reforma indispensable a las pensiones de lujo.

Es cierto que toda legislación ha de someterse al razonamiento sano, con la expectativa de que los resultados de esas acciones se dirijan, en esencia, a que el estado proteja las libertades de los ciudadanos, así como también para que se reviertan acciones tomadas en el pasado y cuyos resultados no han sido los esperados, sino es que porque las cosas han salido mal. Si bien la meditación debe existir, creo que la reforma ante la injusticia evidente y pesada de las pensiones de lujo, no se debe retrasar más.

Debe corregirse un mal que agobia las consciencias de muchos ciudadanos y, en lo particular, de contribuyentes, cuyos ingresos, arduamente ganados, son tomados por el estado para, entre otros fines, la espuria protección indebida de unos a costas de otros. Es con los aportes obligados de los ciudadanos por medio de impuestos, que se están pagando enormes pensiones en el sector público, a individuos que no han contribuido para que sea por sus ahorros que las reciben en tales números. Montos que van desde pensiones juveniles, a pensiones exorbitantes, hasta pensiones múltiples, todas ellas, de alguna forma, cargadas a los ciudadanos comunes y corrientes. Una injusticia tal, producto de gremios de poder y gobiernos complacientes, es una loza, no sólo sobre los bolsillos ciudadanos, sino sobre las consciencias de las personas libres.

Recientemente, La Nación del 22 de enero publicó el comentario titulado “Nueva reforma ahorraría ₡115.000 millones en jubilaciones de lujo.” El proyecto de ley entraba al plenario y, como era de esperarse, sería, si bien aún parcial, un paso en la dirección correcta en todo el proceso de extirpar el incordio.

En esencia, el proyecto considera:

(1) El cierre de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esto detendría, de inmediato, que nuevos gorrones de esas pensiones de privilegio engrosen la lista del privilegio. Sistemas de pensiones como los de Hacienda, General de Pensiones y de Obras Públicas, administrados hoy por la Dirección General de Pensiones (DNP), se trasladarían al régimen del IVM de la Caja. Cualquier trabajador que entró a laborar antes de 1992 en ciertas dependencias gubernamentales, hoy conserva el “derecho” a su pensión de privilegio. Se estima que “este traslado generaría un ahorro de más de ₡70.400 millones en nueve años,” que es cuando se jubilaría el último trabajador que goce de tal privilegio.

(2) Bajar el tope actual de las pensiones de lujo, que pasaría del monto actual de ₡2.7 millones al mes, para aquellas pensiones otorgadas después de 1998, a ₡2.2 millones, lo que equivale a 8 veces, en vez de 10, como es hoy, “el salario más bajo pagado en el régimen del Servicio Civil.” En 9 años el fisco (nosotros) se ahorraría ₡1.161 millones.

(3) Hoy poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por la DNP y el Magisterio, disfrutan “de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.” De aquellos, 777 personas están en el régimen Transitorio del Magisterio Nacional, y la propuesta daría un ahorro de ₡20.250 millones en esos nueve años, en tanto que 7.930 personas aparecen pensionadas de lujo en los llamados regímenes especiales del gobierno, generándose un ahorro en nueve años de ₡23.805 millones. El ahorro total por esta medidas en nueve años sería de ₡44.005 millones. 

Para explicar la idea, debe destacarse que, según la ley 2249, para los jubilados del Magisterio hay una cotización obligatoria que va de un 8.75% a un 16% progresivamente, hasta por un monto de ₡3.9 millones, pero en el Magisterio hay pensiones que llegan a ₡12 millones mensuales, que están exentas por encima de aquella cifra, viéndose así favorecidas relativamente. Ahora se lograría que a esos beneficiarios de pensiones altas paguen la cotización obligatoria sobre toda la pensión.

Por su lado, en la DNP, la cotización obligatoria va de un 9% a un 16% en función del tamaño de la pensión, pero la exoneración actual llega hasta un salario mensual de ₡575.400, que equivale a “menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública.” Se eliminaría dicha exoneración y pagarían un 9%.

Estas evaluaciones sobre el impacto fiscal de la propuesta de reforma a las pensiones de lujo se hicieron para los próximos 9 años, que es cuando se jubilaría el último funcionario activo con acceso a esos regímenes de pensiones, y lo realizó el Departamento de Asesoría Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del ministerio de Trabajo, a pedido de los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales.

Noten que no hay información del impacto de estas propuestas de reforma sobre las pensiones de lujo del Poder Judicial, pues no dependen de la DNP, aun cuando serían cubiertas por el proyecto de ley en trámite.

Peeeero… ya empezó la erosión al proyecto de ley en la propia Comisión de Asuntos Sociales, pues, 5 de 7 diputados presentes, excepto las diputadas Yorleny León de Liberación y Patricia Villalobos de Integración Nacional, se opusieron a elevar desde el 65% a la contribución obligatoria máxima aprobada en “la más reciente reforma a las pensiones de lujo” en noviembre del año pasado, hasta un 75%, para evitar la distorsión arriba citada, de una exención que favorece a las pensiones más altas.

No está claro el futuro del proyecto, por ello es indispensable que exista la atención ciudadana para hacer una realidad el fin del abuso con las llamadas pensiones de lujo. Ojalá la situación se resuelva correcta y justamente muy pronto, pues, cada día que pasa, más difícil se va haciendo establecer justicia en el seno legislativo… recuerden: ya empiezan a jugar las próximas elecciones. ¿Qué tal si la ciudadanía no votara por los partidos que votan en el seno legislativo por conservar esos odiosos privilegios para unos pocos, sufragados por los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes?