Aumenta el costo del proyecto de riego en Guanacaste

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

El proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costera le costará al contribuyente unos ₡10.000 millones de más.

Por Jorge Corrales Quesada

Es un hecho palmario, irrebatible, que las obras que realiza el estado, todas o casi todas, en donde la excepción sería la sorpresa, empiezan con un costo menor y luego terminan con uno más alto. Usualmente no es por un aumento inflacionario imprevisto -que también podría estimarse inicialmente para la duración estimada de construcción de la obra- sino porque, una vez definido su costo inicial, hay que ajustar otras cosas, además de las alegadas como imprevistos, por simple omisión en la preparación del proyecto. Fallar en las estimaciones usualmente no inquieta mucho a la burocracia, pues el costo de esas obras adicionales, al fin de cuentas, se traslada a los ciudadanos, ya sea mediante una mayor deuda, un precio más alto por el producto o servicio generado, o bien con inflación, además de los lógicos y frecuentes mayores impuestos.

No sorprende un informe de la Contraloría General de la República, base del comentario de La Nación del 1 de noviembre, titulado “Gran embalse para riego en Guanacaste costará ₡10.000 millones más,” el cual señala una serie de omisiones y defectos en el manejo de SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) de su proyecto conocido como PAACUME (que, como lo exige la moda burocrática, son las siglas para el extenso nombre de Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costera. Ya puede respirar…)

Según la Contraloría, SENARA “omitió ‘costos fundamentales’ en la construcción de una casa de máquinas para generación eléctrica,” entre otros elementos. Por eso vale la pena desmenuzarlos en algún grado:

Sólo la casa de máquinas, omitida en la estimación inicial del costo del proyecto, cuesta ₡7.618 millones. El proyecto contempla una represa para generar electricidad (que produzca 36 gigawatts), pero no contabilizaron el costo de la indispensable casa de máquinas para producir esa electricidad. Ello se agrega al costo inicial estimado en $425 millones (más o menos ₡244.400 millones).

Asimismo, no se tomó en cuenta el costo de las “indemnizaciones producto del daño remanente de terrenos en las 17 expropiaciones necesarias para la ampliación del canal oeste y las obras de conducción y distribución en la margen derecha de Río Tempisque, además de las áreas para reservorios en distintas comunidades y la indemnización para adquirir la Hacienda Ciruelas, cuyos terrenos compensarán el impacto biológico por la construcción del embalse Río Piedras.”

No entiendo cómo se omite ese tipo de costos esenciales en la definición de un costo-beneficio básico, que indique la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto. Las tierras afectadas tienen dueños y, si pasan a ser parte (propiedad) del proyecto estatal, se deberá compensar por ello a los dueños legítimos. Además, si hay propiedades afectadas negativamente por el proyecto, se deberá compensar a sus dueños por tal daño. Omitir cosas como estas en un estudio de costo-beneficio es inconcebible. Esas expropiaciones agregarán costos a la estimación inicial por ₡2.478 millones.

También, la evaluación del proyecto no incluyó beneficios como “generación de empleo y costos por contaminación,” que suele incluirse en las evaluaciones de proyectos que normalmente se hacen.

Tampoco se tomaron en cuenta las necesidades de recursos humanos durante la duración de la edificación del proyecto y se determinó que ya el proyecto tiene un retraso de 19 meses, pues su inicio se estimó para marzo del 2018. Algo parecido sucedió con la presentación del estudio de impacto ambiental a la SETENA, que, estimado para agosto del 2017, se entregó 4 meses después, a lo que habrá que agregar los 7 meses que se estima dure la aprobación de SETENA. Todo eso se refleja en atrasos, que significarán un encarecimiento del proyecto.

No se preocupen… todos esos costos serán pagados por los de siempre: los ciudadanos contribuyentes, quienes terminan asumiendo los costos de la ineficiencia estatal.