Pensionados del Poder Judicial impugnan recorte a sus pensiones

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Una decisión tomada recientemente por el Poder Judicial va acorde con tres elementos esenciales de naturaleza fiscal que estamos experimentando, cuales son, (1) un enorme déficit en las cuentas públicas, problema que no es tan sólo del Poder Ejecutivo, sino de todos los poderes de la República, incluyendo a un muy silencioso sector de las entidades autónomas; (2) un tremendo malestar de la ciudadanía pues observa más propuestas de aumentos efectivos de los impuestos, que una puesta en práctica real de reducción del gasto gubernamental, siendo el exceso de este último la fuente de los déficits observados y (3) el malestar ciudadano ante ciertos regímenes de pensiones en que hay beneficiarios quienes reciben enormes sumas para las que no han aportado lo suficiente y que, por tanto, son cargadas a los aportes que todos los contribuyentes le hacemos al fisco. Este sistema de privilegio, en el caso de Poder Judicial, se traduce en graves problemas de financiamiento (un déficit actuarial de ₡5.3 millones de millones) que asegure las pensiones futuras de todos sus beneficiarios.

Según el artículo “Baja a pensión de exmagistrados ahorra ₡395 millones anuales: Corte aplica nueva ley a sus jubilados y subió aporte obligatorio a fondo,” de La Nación del 30 de junio, la medida se orienta a resolver, si bien no totalmente, los tres puntos arriba mencionados.

La decisión de la Corte es cobrar una contribución solidaria a los pensionados que hoy reciban una pensión mensual de monto superior a ₡4.1 millones. Tal aporte “oscila entre un 35% y un 55% del monto que exceda sobre ese tope.” Estos porcentajes aplicados a las pensiones netas obviamente se reducen al aplicarse sobre la pensión bruta, oscilando entre un 27.47% y un 13.10% de la pensión bruta, en los casos citados en ese artículo.

Asimismo, se eleva el aporte obligatorio al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en un 2%, que se pagaría “independientemente de que sean asalariados o jubilados;” esto es, tanto los pensionados como quienes hoy laboran en la Corte. La suma de ambos aportes ascendería a un total de ₡335 millones ante el déficit actuarial de ₡5.3 millones de millones. La pregunta obvia es si será suficiente como para que los ciudadanos no tengan que seguir aportando recursos propios, por medio de sus impuestos, para las nuevas pensiones y las actuales de dicho régimen.

Veamos el caso específico de 19 magistrados que se jubilaron en el lapso de diciembre del 2002 y mayo del 2018, que aparece en un cuadro del artículo mencionado, que lleva por encabezado “Las rebajas aplicadas.” Los datos de las pensiones brutas las brindó al medio la Dirección de Gestión Humana de la Corte y él las utilizó para estimar el ahorro a las pensiones hoy pagadas.

Zarela Villanueva Monge: Ingreso mensual bruto de aproximadamente ₡9.9 millones, al cual se le aplica un recorte del 27.47%, con un ahorro mensual estimado de ₡2.7 millones, quedando la nueva pensión bruta aproximada en ₡7.2 millones mensuales.

José Manuel Arroyo Gutiérrez: Ingreso mensual bruto de alrededor de ₡9.7 millones, al que se le aplica un recorte del 27.04%, con un ahorro mensual estimado de ₡2.6 millones, quedando una nueva pensión bruta aproximada de ₡7.1 millones al mes.

Magda Lorena Pereira Villalobos: Ingreso mensual bruto aproximado de ₡9.1 millones, al cual se le aplica un recorte del 25.16%, con un ahorro mensual estimado de ₡2.3 millones, quedando una nueva pensión bruta de aproximadamente ₡6.8 millones al mes.

Gilbert Antonio Armijo Sancho: Ingreso mensual bruto de cerca de ₡9.1 millones, al que se le aplica un recorte del 27.47%, con un ahorro mensual estimado de ₡2.3 millones, quedando una nueva pensión bruta de alrededor de ₡6,8 millones mensuales.

Anabelle León Feoli: Ingreso mensual bruto de alrededor de ₡9.0 millones, al que se aplica un recorte del 24.95%, dando un ahorro mensual estimado de ₡2.2 millones, quedando una nueva pensión bruta aproximada de alrededor de ₡6.8 millones mensuales.

Alfonso Chaves Ramírez: Ingreso mensual bruto redondeado ₡9.0 millones, al que se aplica un recorte del 24.89%, dando un ahorro mensual estimado de ₡2.2 millones, quedando una pensión bruta aproximada de ₡6.8 millones al mes.

Eva María Camacho Vargas: Ingreso mensual bruto de alrededor de ₡8.9 millones, al cual se le aplica un recorte del 24.71%, con un ahorro mensual estimado de ₡2.2 millones, quedando una pensión bruta aproximada de ₡6.7 millones al mes.

Rolando Vega Robert: Ingreso mensual bruto de cerca de ₡8.6 millones, al cual se le aplica un recorte del 23.80%, con un ahorro mensual estimado de ₡2.1 millones, quedando una pensión bruta aproximada de ₡6.5 millones mensuales.

Adrián Vargas Benavides: Ingreso mensual bruto de alrededor de ₡8.1 millones, al que se le aplica un recorte del 21.98%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.8 millones, quedando una pensión bruta aproximada de ₡6.3 millones mensuales.

Ernesto Jinesta Lobo: Ingreso mensual bruto redondeado ₡7.9 millones, al cual se le aplica un recorte del 21.25%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.7 millones, quedando una pensión bruta de cerca de ₡6.2 millones al mes.

Luis Fernando Solano Carrera: Ingreso mensual bruto de alrededor de ₡7.6 millones, al que se le aplica un recorte del 20.22%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.5 millones, quedando una pensión bruta cercana a ₡6.1 millones al mes.

Daniel González Álvarez: Ingreso mensual bruto de aproximadamente ₡7.4 millones, al que se le aplica un recorte del 19.66%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.5 millones, quedando una pensión bruta aproximada de ₡5.9 millones al mes.

Luis Alberto Víquez Arias: Ingreso mensual bruto aproximado de ₡7.4 millones, al que se le aplica un recorte del 19.59%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.5 millones, quedando una pensión bruta de alrededor de ₡5.9 millones al mes.

Rodrigo Castro Monge: Ingreso mensual bruto redondeado de ₡7.2 millones, al cual se le aplica un recorte del 18.93%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.4 millones, quedando una pensión bruta de aproximadamente ₡5.8 millones mensuales.

Ana Virginia Calzada Miranda: Ingreso mensual bruto de aproximadamente ₡6.8 millones, al cual se le aplica un recorte del 17.18%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.2 millones, quedando una pensión bruta de alrededor de ₡5.6 millones al mes.

Carlos Ml. Arguedas Ramírez: Ingreso mensual bruto redondeado ₡6.6 millones, al que se le aplica un recorte del 16.35%, con un ahorro mensual estimado de ₡1.1 millones, quedando una pensión bruta de aproximadamente ₡5.5 millones al mes.

Rodrigo Montenegro Trejos: Ingreso mensual bruto cercano ₡6.4 millones, al que se le aplica un recorte del 15.40%, con un ahorro mensual estimado de ₡1 millón, quedando una pensión bruta estimada de ₡5.4 millones al mes.

Luis Ricardo Zeledón Zeledón: Ingreso mensual bruto de aproximadamente ₡6.0 millones, al que se le aplica un recorte del 15.40%, con un ahorro mensual estimado de ₡1 millón, quedando una pensión bruta de cerca de ₡5.0 millones mensuales.

Jorge Hernán Rojas Sánchez: Ingreso mensual bruto redondeado ₡5.9 millones, al que se le aplica un recorte del 13.10%, con un ahorro mensual estimado de ₡0.8 millones, quedando una pensión bruta de alrededor de ₡5.1 millones al mes.

Poco después, este recorte fue impugnado por nueve de esos exmagistrados: Anabelle León Feoli, Rodrigo Montenegro, Eva Camacho Vargas, Rolando Vega Robert, Magda Pereira Villalobos, Alfonso Chaves Ramírez, Adrián Vargas Benavides, Luis Fernando Solano Carrera y Ana Virginia Calzada Miranda, así como por otros exjueces y altos exfuncionarios del Poder Judicial y por la viuda de un exmagistrado, tal como lo consigna el medio periodístico.

Una pregunta que sigue vigente es si todos los exmagistrados mencionados, así como otros que apelaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia, aportaron lo suficiente para seguir obteniendo esas elevadas pensiones netas o si seguirán siendo los ciudadanos los obligados a pagar impuestos que se usarían en parte para financiar esas pensiones de lujo. Asimismo, si, tal como antes lo indicamos, esos ahorros logrados con las reducciones mencionadas eliminan el déficit actuarial del Fondo de Pensiones del Poder Judicial, de forma que pueda, por sí sólo y sin aporte de los ciudadanos contribuyentes, enfrentar las pensiones actuales y futuras de ese régimen.

Si la reducción citada de pensiones aun así conserva las pensiones de privilegio y si continúa el serio faltante del fondo de pensiones del Poder Judicial, que, entonces, seguiría siendo sufragado por el resto de los ciudadanos, se seguirán escuchando los reclamos de la ciudadanía para que se haga justicia, ante un uso impropio de fondos públicos que beneficia a unos pocos, a la vez que la credibilidad del Poder Judicial, si fuera posible que cayera aún más, continuaría de picada ante el pueblo soberano.


Publicado simultáneamente en ASOJOD y en PuroPeriodismo.

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