Estatismo en “funcia”

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Antes de que me digan algo, creí que el diccionario de costarriqueñismos consignaría la expresión “en funcia,” pero no lo encontré allí. Puedo decirles que mis abuelitos usaban esa palabra para dar entender cuando algo estaba muy activo, muy vivo, muy alegre. Podría, por tanto, decir que si el estatismo está en funcia, es porque de muy diversas formas se está empujando a la intervención estatal por parte de ciertos grupos y, por supuesto, a espaldas de todos los demás ciudadanos.

Así, en La Nación del 11 de abril, se presenta un artículo titulado “Comisión legislativa aprueba un nuevo auxilio a cafetaleros: Programa ofrecerá créditos a una tasa preferencial.” Pero tales ayudas a ese sector no son nada nuevos. Me acuerdo cuando se aprobó una fuerte emisión de bonos con el respaldo financiero del estado; esto es, con la garantía de todos los contribuyentes. A ese programa se le llamó Fondo de Estabilización Cafetalera (FONECAFÉ), por un monto de $50 millones, que vencerían diez años después de la emisión; esto es, en el 2011, y que se consideró era un auxilio a los productores por la caída de precios y pérdidas de productividad, de forma que, cuando el precio internacional del café subiera por encima de cierto monto, se practicaría un porcentaje como retención para pagar la deuda por esos bonos más los intereses. El precio internacional ha estado elevado en los mercados internacionales, hasta muy recientemente, y la obligación del FONECAFÉ sigue sin ser saldada: actualmente la Oficina del Café, encargada de administrar el fondo, le debe al estado $4.7 millones del FONECAFÉ.

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Ahora el argumento es una especie de refrito del FONECAFÉ, sólo que ahora se le llama Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFÉ), que fue aprobado por la Comisión de Asuntos Agropecuarios, para, según indica el medio, financiar directa e indirectamente a los cafetaleros, “dirigido con especial énfasis al pequeño productor” (o sea, habrá un incentivo para dividir las propiedades y los grandes se harán “pequeños). Se usará en “proyectos viables y sostenibles dentro de las fases de renovación y mantenimiento,” lo que obliga a pensar si la “viabilidad” va a darse por el subsidio, pues, por sí solas, no serían rentables en las condiciones de mercado actual. O sea, es con recursos de todos los costarricenses como se harán “viables” los proyectos. Obviamente, cualquier mal negocio podría hacerse “viable” si se les diera el “suficiente” subsidio, pero entonces esos recursos no podrán ser ya empleados en otras cosas que se podrían considerar como “viables” por sí solas sin subsidio de nadie, sino por la preferencia del mercado.

Por supuesto, nos dirán que ese subsidio es parte de la “solidaridad”, o de la “justicia social” o de la “responsabilidad social”, sólo que esta última no es la “responsabilidad” de los empresarios-dueños, sino de todos los ciudadanos para unos pocos. ¿Por qué no inventamos un subsidio- llamémosle “Fondo Nacional de Apoyo a los Contribuyentes (FONACON)”- pues los ciudadanos nos veremos afectados con más impuestos y dejaremos de ser “viables,” requiriéndose el subsidio para que las familias puedan sobrevivir ante la mala situación financiera que se avecina en los presupuestos de las personas?

Pero, a diferencia de ciertos gremios o grupos de presión específicos, no existe tal cosa como una “Oficina de los Contribuyentes” o una “Oficina de los Consumidores” para que, a nombre de todo el grupo y a costas de toda la sociedad, nos den un subsidio… en lo que sea. No es justo que el subsidio sea a tan sólo unos pocos (por más respetables que puedan ser).

No obstante, no es la única intervención estatal que en la actualidad se pide -la cosa está en funcia- pues las fauces proteccionistas se asoman una vez más en nuestro país. Resulta que, como lo informa La Nación en un artículo que se titula “Sector construcción se opone a impuesto a la varilla importad: Medida está en proceso de investigación por parte del MEIC,” una empresa productora de varilla (ArcelorMittal, subsidiaria en el país de una empresa transnacional), la cual es la única que produce varilla de hierro en el país, ha hecho una solicitud para que Costa Rica ponga un impuesto a la importación (un arancel o tarifa), que terminaría encareciendo la vida a los consumidores nacionales (y a los productores nacionales que usan a la varilla como un insumo en su producción). Esto es, al encarecerse por el arancel mayor el precio de la varilla importada, se nos dirige a comprarla a una empresa específica, que ahora podrá cobrarnos más ante la ausencia de la competencia externa, impidiéndonos a los consumidores o usuarios beneficiamos con la competencia internacional, que nos vende más barato.

Según, lo consigna el medio, la empresa solicita en impuesto a la varilla importada del 15%, el cual es “justo y no desproporcionado.” Pero, será justo tan sólo para el monopolio doméstico productor de varilla, pues así verá incrementadas sus utilidades, pero es una presunta “justicia” en el tanto en que se comete una “injusticia” a los consumidores y usuarios nacionales, quienes tendremos que pagar más para que una empresa en concreto engorde sus utilidades.

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Observen cómo, por todo lado, ciertas empresas o grupos de productores, se mueven para jalar agua para su molino, sólo que a costas de los ciudadanos contribuyentes o consumidores. Esas acciones son propias de un “capitalismo de los amigotes”, en donde no es la competencia la que dicta la permanencia de un negocio particular, debido a la buena disposición y libertad de los consumidores para escoger, sino a una concesión graciosa de parte del estado. Ni pregunto a cambio de qué los políticos de los gobiernos de turno entregan privilegios como esos. Tan sólo imagínelo.


Publicado simultáneamente en ASOJOD y en PuroPeriodismo.

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