Cuando lo barato sale más caro: el caso de construcción de centros educativos

Jorge Corrales Liberalismo 2 Comments

Por Jorge Corrales Quesada

No hace mucho tiempo, en uno de mis comentarios me referí al atraso enorme que se ha presentado en la reconstrucción de 145 escuelas dañadas por el terremoto del 2012. Recientemente un análisis que presenta La Nación del 24 de febrero, titulado “MEP renuncia al control para procurar que se aceleren obras: Procesos de construcción abreviados no logran su objetivo,” nos puede dar alguna luz acerca de por qué tan infausto atraso.

Resulta que el Ministerio de Educación decidió seguir lo que se denomina un proceso abreviado de contratación de obra pública, que impone menos limitantes y restricciones que el conocido proceso usual de contratación pública. Para ello, determinó que fueran las Juntas de Educación, generalmente integradas por ciudadanos que no son duchos en aspectos de construcción y de contratación administrativa, para que ellas se encargaran de contratar “al ingeniero a cargo de la construcción,” de hacer las “licitaciones para escoger las empresas que aportarán la mano de obra y los materiales,” y “de elegir los mejores precios del mercado y la mejor calidad.”

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Antes de setiembre del 2015, el costo máximo de una obra para poder usar ese proceso abreviado no podía exceder de ₡150 millones, pero luego se elevó el tope hasta un máximo de ₡600 millones. No obstante, parece que, de hecho, ha ido en aumento el monto máximo para poder seguir el procedimiento abreviado delegado a las Juntas de Educación. De ello, el medio señala varios ejemplos; así, el año pasado se aprobó que para el Instituto de Alajuela se siguiera un proceso abreviado aun cuando el valor estimado fue de ₡3.786 millones y “lo mismo ocurrió con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Santa Rosa, en San Carlos, de Guácimo y del barrio Irving en Guanacaste, cuyos costos fueron de ₡2.000 millones; ₡1.700 millones y ₡1.400 millones, respectivamente.” Hay más ejemplos en donde se superó aquel tope de ₡600 millones citado para poder hacer uso de procedimientos abreviados de contratación.

Pero, ¿qué ha sucedido? Que naturalmente las Juntas de Educación son muy limitadas en todo el manejo y puesta en marcha de las obras y eso ha tenido efectos tales como, por ejemplo, que las Juntas tengan que contratar a profesionales para que les asesoren. Y, según datos del MEP, “este desembolso para los profesionales externos sobrepasa los recursos para los salarios de los 110 ingenieros con que cuenta el Ministerio.” Debe hacerse notar que, para los procesos ordinarios de contratación, no así para los procesos abreviados, dicha tarea está a cargo del MEP, por medio de su Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que ahora se concentra en proyectos de gran complejidad y de montos sumamente elevados. Ante esto, es así como, en el 2017, de 184 proyectos que “entraron” a la DIEE, 175; esto es el 95% de aquellos, se usó el proceso abreviado.

Ello podría explicar “por qué proyectos desarrollados con procesos abreviados presentan sobreprecios, retrasos importantes, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.” Esto es, simple y sencillamente, hay mucho mayores costos. Lo que se buscó resolver no se logró. Lo que se esperaba que fuera más barato (más económico, más eficiente), terminó saliendo más caro. El esquema de menos controles del MEP y de una tramitología menos engorrosa terminó con un efecto contrario, pues “la mayor parte de las escuelas y colegios del país se levantan bajo la dirección de padres o vecinos sin experiencia.”

¿Y en qué quedó la DIEE, que se suponía acompañaría a las Juntas de Educación en todo el proceso de construcción o reparación de los centros y fiscalizaría la labor de los servicios de profesionales contratados por las Juntas? La respuesta la brinda el señor William Sáenz, jefe del Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la DIEE, quien desde el 2012 señaló que los inspectores suelen “estar colmados de apretadas cargas de trabajo,” que les limita atender “tareas adicionales” como por ejemplo servir de fiscales de los procesos abreviados. En síntesis, las Juntas de Educación están en las manos de Dios. Uno esperaría que, naturalmente, los miembros de las Juntas encuentren serios problemas y riesgos al tomar decisiones que muchas veces no comprenden o no están familiarizados con ellas y que incluso pueden generar responsabilidades personales. Aceptar un puesto en una de esas Juntas de Educación significa correr riesgos enormes, que podría explicar la parálisis relativa en las construcciones de centros educativos.

Llama la atención cómo las autoridades del MEP saben bien de estos asuntos desde hace buen rato y el problema sigue hoy tan vigente como antes, como lo muestra el hecho de que las obras quedan sin hacer o a medio palo y que los recursos se queden sin utilizarse como es lo debido. Todo esto tiene un enorme costo social que todos los ciudadanos terminamos pagando. ¿Y los responsables del desorden y del desperdicio?


Publicado simultáneamente en ASOJOD y en PuroPeriodismo.

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