Francamente cuesta entender a veces cómo es que se toman decisiones que claramente muestran inconsistencias, las que, más tarde o más temprano, conducen a fuertes y posiblemente mayores erogaciones, al tratar de resolverse un problema que debió de haberse resuelto antes, pues era ya conocido.
Un buen ejemplo de ello lo expone La Nación en su edición del 8 de mayo, en un artículo titulado “Error convertirá en embudos los puentes de vía a San Carlos: Carretera de cuatro carriles tendrá siete plataformas con sólo dos vías.”
Resulta que, en los aproximadamente 30 kilómetros entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia en San Carlos –parte en construcción de la eternamente diferida carretera San Ramón-San Carlos- hay 8 puentes, de los cuales, 7 presentan el siguiente problema: que cada uno de ellos tiene 2 carriles, mientras que la carretera tiene 4. (Otro puente tiene 3 carriles en una carretera con 4 y sólo uno tiene los 4 carriles).
El problema es sencillo: estamos en presencia de embudos en cada puente: los vehículos pasarán de andar en cuatro vías, a sólo dos o tres carriles, lo cual provoca lo que se conoce en la jerga como embudos, al tener el paso por el puente un carril o dos menos, lo que obliga a que los vehículos tengan menos espacio por el cual circular. Un simple cuello de botella: presas seguras… sin contar con posiblemente más accidentes, gasto de combustible y pérdida de tiempo por las presas que vendrán.
El LANAMME de la Universidad de Costa Rica había advertido al MOPT del problema con los puentes de ese tramo, pues, en palabras del ingeniero Luis Guillermo Loría, “…se va a generar conflictos de flujo vehicular, porque al triangularse la carretera, debe haber una reducción de la velocidad y eso va a provocar presas” y agrega “Dios quiera que no, pero eso probablemente va a generar accidentes de tránsito graves.”
La razón del MOPT para no hacer debidamente las cosas es que, aparentemente, no hay dinero, pero su falta posiblemente se resuelva solicitando un préstamo adicional. Claro, el problema sería menor si se cobrara el peaje debido por la nueva carretera a quienes la usen y no con fondos provenientes de impuestos a todos los costarricenses, lo cual sin duda que facilitaría la obtención del préstamo adicional.
Pero hechos como lo antes descritos hacen perfectamente entendible que la Contraloría General de la República haya rechazado la pretensión del CONAVI para ampliar el presupuesto autorizado en la suma de $24.6 millones, además de elevar el plazo de la obra en 320 días, con la empresa Sánchez Carvajal. Las razones de la Contraloría son evidentes, claras, razonables y esperadas, tal como lo informa La Nación en su artículo del 13 de julio, titulado “Contraloría rechaza cambios en contrato de vía a San Carlos: Ente señala falta de estudios, diseños y definición de costo.” Noten que, con este aumento, el costo esperado del proyecto pasaría de un monto inicial de $164 millones (me imagino que del 2005), contrato que se ha variado por las más diversas razones, y que, de haberse aprobado el monto anterior, llevaría, doce años después, el costo total a $213 millones.
Según un comunicado de prensa de la Contraloría, denegó la autorización porque “el monto adicional no garantiza que la obra se finalizará, no hay claridad sobre cuando se terminará la vía ni tampoco existen estimaciones del costo final del proyecto.” En resumen, una chambonada más del estado ineficiente, que lamentablemente terminaremos pagando todos los costarricenses y sin que afloren los responsables del relajo de nuestra burocracia gubernamental.