El mísero estatismo: el caso del Consejo Nacional de la Producción

Jorge Corrales Liberalismo Comments

Por Jorge Corrales Quesada

Cuando en un mercado una empresa fracasa en servir a sus consumidores, cierra sus actividades y así los recursos aún rescatables, pueden ser usados en producir otra cosa. El cierre es la mejor indicación de que los recursos productivos usados en ella no eran lo que los consumidores deseaban: no se cumplía con el objetivo esencial de una economía de satisfacer los deseos y necesidades humanas. Lo bueno del sistema de mercado es que dispone de un mecanismo que impide la ineficiencia, al producirse algo que los consumidores no quieren: las pérdidas son señal de que la sociedad no valora que esos recursos se destinen a producir algo que no se desea.

Ha de ser evidente para el amigo lector, que no hay tal cosa como una forma eficiente de asignar los recursos escasos en una economía estatizada. Suele haber empresas públicas que tienen pérdidas y nunca cierran, impidiendo que los recursos allí utilizados se usen en alguna otra opción rentable. En las sociedades estatistas es extraño que una empresa estatal cierre ante una actividad permanentemente de pérdidas. Parece que, una vez creada, la empresa estatal tiene un destino eterno; una vida interminable; una existencia imperecedera; que usual es la permanencia aunque sea innecesaria; el cierre es impensable, no importando que siga usando recursos en actividades que los consumidores no desean.

Desde hace muchos, pero muchos años -tal vez en la mitad de la década de los ochentas, cuando el proteccionismo estatista llegó a su límite- el Consejo Nacional de Producción, creado tal vez unos cuarenta años antes, cesó en su razón de ser. Para ponerlo en sencillo, era el encargado de una serie de políticas de precios de ciertos bienes que el estado consideraba importantes -aunque no necesariamente los consumidores- para, por una parte, mediante la fijación de precios máximos, favorecer a consumidores “pobres” y, por la otra, para favorecer a productores (pobres o ricos) mediante un precio mínimo de garantía, al cual el estado compraba la producción.

El resultado lógico económico fue el esperado: una producción excesiva por el precio de sustentación más elevado que el precio de equilibrio del mercado y una venta a consumidores supuestamente mayor que aquella al menor precio de equilibrio del mercado. Pero, todo esto ocasionaba enormes pérdidas al Consejo Nacional de Producción, que en última instancia serían cubiertas por tributos de los ciudadanos. Incluso, cuando se trató de vender aquellos excedentes en mercados internacionales, el precio al que allí se podía vender era muy inferior a lo que costaba en el país: en síntesis: las exportaciones generaron enromes pérdidas al país.

Lo previo es un resumen, para entender qué fue lo que los brillantes políticos hicieron a través del tiempo, para conservar con vida al monstruo económico que habían creado. No escasearon los chorizos mientras el gobierno estuvo obligado a comprar más caro que el precio de mercado doméstico. En su momento, los precios se liberaron, dejó de escasear la producción y se eliminaron las pérdidas por los subsidios señalados.

Pero, en vez de cerrar a un CNP sin objetivos (a la vez deshaciéndose de un cuasi monopolio que tenía como era la Fábrica Nacional de Licores), se le tenía que buscar un brete: que hiciera lo que fuera, con tal de mantener con vida a la burocrática entidad. Así, se obligó a distintos entes del estado -algunos dedicados a la atención de enfermos en hospitales, otros a presos en las cárceles quienes requieren de alimentación y muchos para dar alimento a estudiantes de bajos recursos- a adquirir únicamente por medio del CNP lo que requerían para esos fines -siempre con el viejo pretexto de ayudar a los agricultores “pobres”; la “justicia social- por supuesto que teniéndose que pagar más por esos productos, con atrasos en las entregas, la intermediación burocrática del estado, la mala calidad de los productos y hasta un cobro ineficiente.

El colmo del cinismo público: obligar a entes estatales a pagar más para dar alimentación a quienes obligadamente deben dársela, todo con el fin exclusivo de mantener con vida un ente que ya no tenía razón alguna para existir.

Esto no es algo reciente: conocí del caso desde fines de la década de los noventas, cuando el CNP pretendía obligar al Hospital Nacional de Niños para que le comprara alimentos más caros para los niños, únicamente -con el nuevo monopolista intermediario- a través del CNP. En su momento no se dejó que el monopolio del CNP tuviera éxito, pero ahora me doy cuenta por la prensa, que la decisión libre, correcta, sana, económica, competitiva que en aquel entonces en algún momento pudo ejercer el Hospital de Niños -gracias a una decisión de la Contraloría- para seguir comprando los alimentos más baratos entre diferentes cotizaciones de oferentes, no continúa. Por el contrario, señala la información periodística que, en 4 años, la Contraloría “ha recibido 65 solicitudes” para que se permita a centros educativos, contratar a otro proveedor distinto del CNP, “y la mayoría han sido denegadas en virtud del mandato establecido por una reforma del 2008 en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo.”

Eso a todas luces da vergüenza, es doloroso y hasta corrupto, pues se ha impuesto un monopolio en la adquisición de alimentos a un grupo socialmente muy necesario, probablemente con el interés único de que siga existiendo lo que debe de desaparecer, que ahora se mantiene gracias a costos mayores pagados por todos los ciudadanos. En el 2017 tan sólo las ventas del CNP al Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron de ₡13.000 millones y “en los últimos tres años el MEP ha recibido 172 denuncias de centros educativos sobre la calidad, atrasos, precios y servicios en general del CNP”. La comisión del CNP oscila entre un 5% y un 7% de cada producto que venda.

La información correspondiente aparece en La Nación del 6 de junio bajo el titular “Ley exige a escuelas comprar alimentos más caros al CNP: Normativa del 2008 afecta a 1.200 centros educativos”, así como en la valiosa respuesta que da el señor José Manuel Jiménez en La Nación del 26 de junio, titulada “Escuelas sí pagan más caro al CNP.” Espero que los ciudadanos no sólo defiendan a estos consumidores cautivos -escuelas, cárceles, hospitales- para que no se vean obligados a pagar más caro y con menor calidad. Ese monopolio no es más que una vil treta para mantener vigente una entidad estatal que debería estar en el basurero de la historia.

La vulgaridad con esta política la resume en el hecho de que, de acuerdo con don Rubén Salas, director del CTP de Orotina, “El precio se encarece por tres o cuatro manos antes de llegar al plato de los niños; los productos son más caros que comprarlos en el mercado, ya que el CNP, desde el 2014, es el intermediario entre nosotros y los proveedores. Para completar el menú, algunas veces se les pide colaboración a los alumnos, ellos aportan entre ₡200 y ₡500.” Leer esto da vergüenza y causa dolor por el cinismo que hay detrás de ciertas políticas públicas.


Publicado simultáneamente en ASOJOD y en PuroPeriodismo.

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