El intringulis de las pensiones del Poder Judicial

Jorge Corrales Liberalismo, Pensiones, Poder Judicial Leave a Comment

Por Jorge Corrales Quesada

Una reciente decisión de la Procuraduría General de la República le da la razón al Poder Judicial para que éste, como patrono, pueda elevar su contribución a su Fondo de Jubilaciones y Pensiones. En sencillo, como bien sabemos, este régimen paga pensiones a quienes se acojan a ella, gracias a un aporte de la ciudadanía por medio del presupuesto de la República. Aquel Fondo no tiene el financiamiento requerido para hacerle frente a sus obligaciones. Con justicia, los ciudadanos hemos señalado, que tales pensiones deberían ser cubiertas por el aporte de los potenciales beneficiarios y los rendimientos que de ellos se obtengan con el paso del tiempo, pero no con los dineros escasos de los contribuyentes.

Resulta que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó en julio duplicar la contribución del estado a su sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo cual tiene una incidencia en el régimen del Poder Judicial, pues -el ya conocido enganche- si el estado aumenta su aporte al régimen de IVM de la CCSS, también tiene que incrementar en cierto porcentaje el aporte que hace al régimen de pensiones del Poder Judicial. Así, dicha aportación pasará de 0.58% a 1.24%. Recuerden que, en última instancia, el patrono en el régimen de pensiones de la Corte no es ésta, sino el estado, pues la Corte recibe sus ingresos por la vía del presupuesto de la República: aquí la Corte y el estado son el mismo patrono. De hecho, en una instancia aún más profunda, quienes financiamos al presupuesto del estado somos los ciudadanos contribuyentes; somos nosotros los patrones finales; es de nosotros de donde saldrá ese aumento en la contribución al Fondo de Pensiones del Magisterio.

No obstante, formalmente es la Corte Suprema de Justicia la que debe aprobar dicho incremento, lo cual ahora lo consigna la Procuraduría General de la República, al decir, en un dictamen obligante, que el aumento del aporte patronal -en un lapso de dos años- del 11.75% al 13.75% se quedó corto y que debería de aumentar a un 14.36%, como resultado del aumento estatal al IVM de la CCSS, arriba comentado. De nuevo, ese aporte patronal del Poder Judicial, sale directamente de recursos presupuestarios del estado, los que, a su vez, son fondos aportados por la ciudadanía.

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“Si el aporte patronal y del Estado del 2015 (al Fondo de Pensiones del Poder Judicial) se le aplicaran los nuevos porcentajes de cotización, habría una contribución ADICIONAL (el énfasis es mío) de ₡1.450 millones y ₡1.544 millones, respectivamente (cada año),” según lo indica el artículo de La Nación del 31 de agosto, encabezado que reza: “Corte recibe aval para elevar aporte patronal a pensiones: Procuraduría concluyó que alza en contribución a fondo fue menor a la establecida por ley.”

No olvidemos que, en el 2014, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) pidió el cierre del “régimen de jubilaciones judicial por considerarlo insostenible, debido al alto costo y los beneficios otorgados.” Un estudio del 2012, “determinó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ₡4 billones y sería insolvente en el 2027.”

Lo que está pasando es que el gobierno, creo que apropiadamente, dadas las severas condiciones fiscales del país y la necesidad de frenar el abuso de las pensiones no cubiertas por sí mismas, sino acudiendo al erario público, ha dicho que no dará los recursos extras al régimen de IVM de la CCSS, para garantizar pensiones mínimas (aporte que pasaba del 0,58% al 1.24% y que equivaldría a una suma adicional cercana a los ₡60.000 millones adicionales a los ₡50.000 millones que ya hoy entrega). Por ello, en el nuevo presupuesto del gobierno enviado a la aprobación legislativa, no se incluyeron esos ₡60.000 millones, lo cual, de paso, repercute en el incremento que habría tenido que dar para las pensiones del Fondo del Poder Judicial.

Ese “enganche” del Poder Judicial ante aumentos de la contribución estatal al régimen de IVM de la CCSS, también existe para el régimen de pensiones del Magisterio, que implicaría un aporte adicional del estado (los costarricenses) al magisterio, por la suma de ₡6.629 millones en el 2017, adicionales a los ₡6.744 millones que ya ha aportado presupuestariamente en este año. Esto datos aparecen en un comentario de La Nación del 6 de setiembre, bajo el encabezado: “Gobierno rehúsa entregar contribución extra al IVM: Hacienda no incluyó en el presupuesto del próximo año ₡60.000 millones para pensiones.”

Las fauces del gasto público están así abiertas para que lo terminen devorando los beneficiados directos y que así el costo de la cena sea cubierto por todos los ciudadanos. Por tal razón, es encomiable, en este punto, la firmeza del gobierno para impedir un mayor desborde de sus finanzas. Recuerde el amigo lector, que un mayor gasto gubernamental se traducirá inevitablemente en aún mayores impuestos o inflación o endeudamiento: no hay salida gratis en el restaurante de los fondos públicos.


Publicado simultáneamente en ASOJOD y en PuroPeriodismo.

Lectura complementaria:
Capitalización individual: la reforma para salvar a los regímenes de pensiones

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