Amenaza al comercio Costa Rica-Estados Unidos

Jorge Corrales Francisco Dall'Anese, Jorge Corrales, Liberalismo, Proteccionismo, Servicio Fitosanitario del Estado 3 Comments

Por Jorge Corrales Quesada

En comentarios previos he señalado el abuso que se estaba cometiendo en entidades del Ministerio de Agricultura, para impedir la entrada de aguacate desde diversos países. En ese entonces expuse que la restricción no pasaría inadvertida y que podría dar lugar a represalias de las naciones afectadas en contra de nuestras exportaciones.

Desde aquel entonces hemos visto un incremento en la acritud con que algunos elementos del gobierno han recibido quejas totalmente esperables de representantes de naciones con las cuales comerciamos, en mucho al amparo a acuerdos comerciales firmados entre las partes y que incluyen convenios en cuanto a promover el libre comercio y la no toma de decisiones arbitrarias en su contra.

Es usual que en el campo comercial surjan controversias, pero últimamente parecen tener un punto focal que crea tal situación: el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), dependencia del Ministerio de Agricultura. Veamos los casos recientes de restricción a la importación que dicha dependencia ha impuesto, diciéndonos que debido a razones científicas, y no de un simple y llano proteccionismo, como alego. En el 2013 el SFE limitó la importación de papa industrial -deseo desde hace muchos años de sectores que buscaban protección de forma que se obligara al consumo de producción nacional, por supuesta que más caro para los consumidores- proveniente de los Estados Unidos, alegando el descubrimiento de enfermedades que afectan la producción en ese país.

En el 2015 el SFE implantó una prohibición a la importación de aguacate Haas, principalmente la proveniente de México, pero también desde otros países como Guatemala y de partes de los Estados Unidos y muchos otros más. Tal cosa se ha reflejado en que ahora en nuestros mercados tengamos un producto de una menor calidad, si se le compara con el que antes se permitía importar de otros lugares, así como mayores precios.

En el 2015 también el SFE prohibió la importación de huevo deshidratado, miel de abeja, especias, carne de cerdo y de pescado, sin que se hubieran determinado razones técnicas para ello.

Asimismo, en ese año el SFE, después de que el gobierno había ampliado las posibilidades de importar arroz más barato del exterior, bloqueó las importaciones más baratas de ese grano que provenían de Uruguay y Argentina. En cierto momento creí que los importadores afectados acudirían a los tribunales en salvaguarda de sus derechos (y para nuestro bienestar) ante la imposición de barreras no arancelarias a la importación. Pero, ciertamente algo debe de haber pasado camino al foro, pues no he visto nada de eso y la restricción a la importación sigue vigente.

También creo que alegando razones fitosanitarias el SFE cercenó la importación de azúcar de Brasil, aduciendo que éste no contenía cierta medicina preventiva y que debería de ser aplicada al ingresar al país. El hecho es que Brasil estaba exportando a precios muy baratos, que incluso compensaba traerlo al país pagando los aranceles que hoy están vigentes y, para proteger al cartel, lo cierto es que debía de frenarse cualquier importación de azúcar.

Todo esto parece provenir de una conducta no científica del SFE, sino a motivaciones políticas dirigidas a proteger la producción doméstica a contrapelo de acuerdos internacionales ya firmados y vigentes entre las partes y ante todo dañando las posibilidades de consumo de los ciudadanos, quienes así se han visto obligados a adquirir bienes más caros y de menor calidad. Esa es la cara conocida del proteccionismo, agravada por una circunstancia muy particular: los perjudicados son un grupo muy extenso de ciudadanos -los consumidores- principalmente los de ingresos relativamente más bajos, en tanto que los beneficiados suelen ser grupos reducidos de productores. Eso abre el camino para la cópula política entre gobernantes, quienes otorgan protección a cambio de votos, y de grupos cerrados y pequeños de productores, los cuales están dispuestos a brindar apoyo al gobierno, a cambio de esa protección. Simplemente, como los consumidores son muchos, en donde porcentualmente el costo adicional que cada uno de ellos paga por cada kilo del bien protegido por la protección, es relativamente bajo, si eso se le compara con el enorme monto total que, derivado de la protección, queda en las pocas manos de los protegidos, entendemos por qué estos últimos están dispuestos a meter plata en defensa de la protección, en tanto que a los primeros el costo no los es tanto para cada uno de ellos como para que invierta plata en el rechazo de la protección.

Estas limitaciones también están afectando las relaciones comerciales con el principal país al cual le vendemos (exportamos) y le compramos (importamos): los Estados Unidos. En palabras del embajador de los Estados Unidos, señor Stafford Fitzgerald Haney, y contenidas en un artículo de La Nación del 15 de febrero titulado “Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos: Embajador dice que Costa Rica no cumple al 100% los convenios comerciales sobre el agro”, el SFE, órgano del MAG, se “ha manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha detenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países.” Continúa diciendo el embajador, “Costa Rica ha firmado muchos convenios aparte del Cafta (TLC) y yo creo que mayormente se cumplen. Pero hay áreas que sí son muy preocupantes…. Una de esas áreas en donde no se ha cumplido es agricultura… pero cuando hay convenios y contratos firmados, hay que seguir las reglas. Y si hay algún problema, hay que decir cómo lo trabajamos. Agricultura es un área que está causando tensión.”

El embajador expuso que “si es más político (el SFE) no ayuda tanto a Costa Rica ni a la gente que está exportando a los Estados Unidos, ni a la gente que quiere importar. Entonces, eso sí, el lado fitosanitario hay que mejorarlo. Tengo entendido que antes era más profesional de lo que es hoy y eso tiene un impacto.” Esta no es una amenaza: simplemente es un recordatorio de que las reglas del TLC y de la Organización Mundial de Comercio permiten represalias cuando hay medidas arbitrarias de una de las partes.

Por supuesto que eso causó la alarma dentro de otra parte del gobierno de Costa Rica, principalmente aquella que institucionalmente tiene a su cargo el comercio internacional del país; en concreto, de los acuerdos internacionales ya firmados libremente por Costa Rica con muchas otras naciones del mundo.

Por su parte, “el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, afirmó en relación con el caso de los aguacates Hass, que el MAG y el SFE no respetaron los protocolos internacionales ratificados por el país, que obligan a las autoridades a informar a los socios comerciales con suficiente antelación cuando se va a frenar la importación de un bien.” Ello lo consigna La Nación en su comentario “Política agrícola tensa la relación con Estados Unidos” del 15 de febrero del 2016.

Las exposiciones del embajador dieron lugar a una opinión del presidente de la República, acerca de “si el Gobierno está cambiando su posición respecto a las importaciones costarricenses en una acción que podría ser catalogada como proteccionista, [que] de ninguna manera, esa no es la tesis del Gobierno.” “Queremos que nuestros productores agropecuarios compitan en buena lid con las importaciones de terceros países. Lo que hemos dicho es que, en algunos casos, se ha vuelto necesario salvaguardar la capacidad productiva de estos sectores en temas conocidos en su momento, como arroz o azúcar, pero no hay ningún cambio, ni se ha instruido ningún cambio que pueda, llamémoslo contaminar, ya no de insectos, sino de ideología”, manifestó el presidente de acuerdo con una información aparecida en La Nación del 16 de febrero del 2016 titulada “Luis Guillermo Solís niega proteccionismo en su política agrícola.”

Entre tanto, mientras empresarios importadores buscaron abrir un diálogo con el embajador de los Estados Unidos, el encargado del SFE, señor Francisco Dall’ Anesse, aseveró públicamente, en el seno de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que hablaría con el embajador de los Estados Unidos, pero “que solo aceptaría una plática técnica y no política con el embajador de Estados Unidos si esta se realiza en un sitio público, en donde lo que se converse sea de acceso libre.” Además, algo que se va haciendo usual entre políticos, acusó a los medios de cubrir con sensacionalismo al SFE y de que tal cosa no ocurría en el pasado. En mucho es gracias a los medios que los ciudadanos nos enteramos de estas cosas acerca del comportamiento de políticos, quienes probablemente prefieren el secretismo ante sus aberraciones.

En todo caso, la reacción de otros miembros del gabinete no se hizo esperar, basados en dos razones trascendentales. Que el señor Dall’ Anesse es un funcionario de segunda categoría en un ministerio y que es improcedente pedirle a un embajador extranjero que se reúna con él. Asimismo, su arrogancia y poco conocimiento de los protocolos internacionales, no son excusa para saber que los asuntos entre gobiernos extranjeros y el nacional se tratan a nivel de la Cancillería. Pero también es esquizofrenia que Dall’ Anesse pida que esa reunión -que casi estoy seguro de que no se realizará- sea en un sitio público, en “donde lo que se converse sea de acceso libre.” No me imagino que ese funcionario tenga en mente algún bar o el estadio nacional, ni tampoco que está presumiendo que se tratarán temas delicados indebidos o corruptos que debería de conocer el público y que supuestamente el diplomático no lo plantearía en las circunstancias oxigenadas en que aquel pretende que se haga. No dudo que el embajador conoce que en estos casos su interlocutor con el gobierno de Costa Rica es el canciller de la República o un ministro a petición del presidente y no un funcionario de medio plano.

Son las razones por las que, tanto el ministro de Comercio Exterior, señor Alexánder Mora, quien preside el ente gubernamental encargado de asuntos de comercio internacional y particularmente de tratados comerciales de los que formamos parte, como también nuestro Canciller, señor Manuel González, de inmediato señalaron, el primero, que “hay ciertas apreciaciones fuera de lugar, porque no es propio, ni es correcto, por ejemplo, que un embajador se reúna con directores (de ministerios). Eso no sucede. Para eso están las contrapartes técnicas de la embajada… El verbalizar alguna intención de condicionar una reunión con el embajador está plenamente fuera de lugar.” A la vez que el segundo, el canciller González, indicó que “Somos un país, somos un estado y el estado tiene que tener coherencia y no es posible que, por una cuestión técnica que hay que respetar, se pueda afectar una relación bilateral que es muchísima más amplia y en muchas otras áreas que un aspecto puntual fitosanitario. Tiene que haber coordinación. Me parece que un director debería entenderlo y seguir esa guía porque es el país el que al final se compromete.” Ambas citas aparecen consignadas en La Nación del 27 de febrero del 2016, en el comentario titulado “Ministros lamentan trato de jefe del MAG a embajador de EE. UU.: Fustigan a director del servicio fitosanitario por arriesgar buena relación con primer socio comercial del país.”

Seguro que el ministro del MAG probablemente saldrá apoyando a su funcionario, lo cual no me extraña dado su afecto hacia el proteccionismo agrícola. Y Dall’ Anesse calla cuando diputados le interpelan y lo que hace es acusar a los medios que difunden la noticia, de “sensacionalismo” y de “buscar titulares” en su contra. La ignorancia, la arrogancia y la temeridad de ese funcionario le está pasando una nueva factura al gobierno, cuenta que posiblemente tendrá que ser pagada, no sólo como les sucede ya a los consumidores, sino también a importadores y exportadores nacionales, que encontrarán es su esfuerzo problemas innecesarios con nuestro social comercial más importante. Nada más un par de datos: Costa Rica importó, en el 2015, de los Estados Unidos $4.496,2 millones y exportó a esa nación $1.410, 4 millones, de acuerdo con información preliminar del Banco Central.

Nada de eso parece importarle a un desaforado empleado de un ministerio. Algo típico de la ineficiencia del estado costarricense, en donde un empleado de segunda se lanza a diestra y siniestra como si fuera Superman, mientras sus superiores se esconden y provoca que otros ministros más serios de la administración tengan que salir a enmendar la torta, en el marco en que un presidente no pone orden para que el gobierno no presente tan importantes fracturas, que de profundizarse causarán un enorme daño a consumidores, importadores y exportadores nacionales.

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