El Gobierno está incumpliendo su función de velar por la seguridad

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Por Jorge Corrales Quesada

Al menos en el pensamiento liberal clásico -y dejo de lado las visiones anarquistas o cuasi anarquistas- se considera que el estado debe desempeñar algunas funciones básicas en una sociedad. Uno de los más destacados pensadores de tal línea de pensamiento, Adam Smith, enfatizó el papel del estado para la protección de los ciudadanos ante la invasión de fuerzas externas (seguridad externa), así como para prevenir del abuso de alguno de sus ciudadanos sobre los otros (justicia o seguridad interna), al igual que debería de proveer ciertos tipos de obras públicas, tales como puentes o muelles, así como contribuir a la educación pública.

Escribo lo de Smith para señalar que muchos otros pensadores liberales clásicos han propuesto otras cosas que deben ser pertinencia del estado. Por ejemplo, Friedman abogó por un impuesto negativo al ingreso o por un banco central del estado. Pero lo crucial, lo común en todos ellos, es que todos le dan prioridad a la libertad de las personas, por lo cual el tema de hasta dónde llega la línea del papel del estado en sociedad, siempre estará presente en el debate que se da dentro del pensamiento liberal clásico. Como tantas cosas en la vida, este es un asunto que no está definitivamente determinado, sino que está vivo, en el pensamiento humano en torno a la forma de organización política que debe de disponer el individuo.

A lo que quiero llegar, es que casi todos los pensadores liberales clásicos consideran que el estado tiene un papel esencial, en cuanto a garantizar a todos los individuos su protección ante la acción de algún otro individuo en sociedad, que le causa o amenaza con causarle daño. Así, hoy entendemos porqué la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos ante el crimen, ante el daño, está a cargo esencialmente del estado, tanto por medio de su fuerza policial, sino por lo que se conoce como su sistema judicial. Aquellos pensadores consideran que las personas le han dado al estado y a las autoridades judiciales el monopolio de la fuerza, pero buscan que tal fuerza monopolística sea la mínima necesaria, teniendo en mente que el estado no abuse de un poder amplio, ilimitado, sino restringido, pues fácilmente podemos comprobar los costos que derivarían de un estado, que abuse más allá de sus poderes claramente definidos.

Por tal razón, es crucial que los ciudadanos estemos muy atentos al movimiento ciudadano que se ha estado forjando en la zona de San Carlos, según lo indica La Nación del 23 de setiembre, en su comentario titulado “Sancarleños se organizan para frenar la delincuencia: Iniciativa de una empresaria.” Así es, dirigido por una exportadora de piña, doña Ángela López, se ha logrado reunir a un grupo de vecinos profundamente preocupados por la ola de delincuencia en la zona, pero, en especial, por la displicencia con que las autoridades han tratado las diversas denuncias que han hecho los ciudadanos. Por tal razón, señaló doña Ángela a La Nación, es el momento de que los vecinos hagan valer sus derechos y de actuar unidos contra la delincuencia.  En sus palabras, “los sancarleños son atropellados en su seguridad, por lo cual considera que llegó el momento de actuar en conjunto y de hacer valer sus derechos.” Además, explicó que “los vecinos deben dejar el miedo a un lado e emprender acciones inmediatas para que la Policía y las autoridades judiciales le presten atención al asunto.”

Entendamos que, cuando se repite el eslogan político “la justicia es un asunto de todos”, debe interpretarse no en cuanto a que cada cual de nosotros decida que impondrá la justicia y que ejercerá institucionalmente, por medio de un cuerpo policial organizado, la labor de proteger a los ciudadanos de los delincuentes que pretendan violar sus derechos y sus propiedades. Ese “todos” tiene que entenderse en cuanto a que el monopolio de la fuerza, de la coerción, está en manos del estado (por delegación de “todos” nosotros, los ciudadanos) y que, para que aquél no abuse, tales poderes deberán ser explícitamente definidos y delimitados, usualmente en una constitución o un cuerpo legal similar.

Uno espera que esta situación de San Carlos (y, por extensión, de cualquier lado del país) no llegue a que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos, al menos en cuanto al castigo para aquellos que violan sus derechos y que siguen impunes en mucho por la inacción de las autoridades policiales del estado, así como del Poder Judicial. Si el estado no cumple con una de sus funciones esenciales para las cuales existe, no duden que los ciudadanos tomarán la tarea en sus manos, con el riesgo de que ello pueda terminar en una violación de los derechos de otras personas, que es lo que se pretende evitar cuando se le ha otorgado al estado esa función de monopolio de la fuerza.  El problema es que, si cada grupo o persona en sociedad decide ejercer la ley por sí mismo, conducirá posiblemente a una anarquía y a una violencia insoportable e inconveniente.

Lo anterior es relevante, máxime cuando, tal como lo reporta La Nación del 18 de octubre, en su artículo titulado “Hampa ataca zona norte luego de visita de ministro y fiscal: Dos asaltos a negocios este viernes”, como resultado de la acción de los vecinos para organizarse en su lucha contra el hampa violadora de sus derechos y ante un silencio sorprendente de las autoridades estatales encargadas de la seguridad de las personas y de las propiedades, se habían apersonado a la zona norte el ministro de seguridad, señor Gustavo Mata y el subjefe de la Fiscalía, señor Celso Gamboa, a fin de reunirse con los vecinos en torno al asunto expuesto. Apenas terminada la reunión, se presentaron una vez más los atracos a personas y el robo de bienes.

Como resultado, “los lugareños están convocando una marcha” para protestar ante los tribunales judiciales. Si el estado no asume la función que constitucionalmente le obliga, los ciudadanos terminarán tomando la justicia en sus manos y cualquier cosa que se derive de ello será responsabilidad de aquellos que no cumplieron con sus obligaciones. Es increíble que tengamos un estado que se suele meter en cuanta cosa puede de nuestras vidas, pero no lo hace en aquello que, por ley, le corresponde hacer. No se trata de repetir el dicho de “casa de herrero, cuchillo de palo”, sino en enfatizar que se trata del abandono del estado de una de sus funciones esenciales, lo cual le abre espacio para que los individuos, ante tal vacío, decidan ejercer las funciones que el estado deja de hacer y eso nos puede sumir en la anarquía.

Hay que tener presente que la libertad no es ilimitada, sino que la libertad de una persona llega adonde llega la libertad de otra persona. Por ello, “libertad no significa que usted sea libre de robar, amenazar, coaccionar, atacar o asesinar a otro, pues eso violaría la libertad de ellos. (1)”. Por ello es que nuestros ancestros consideraron indispensable que, en un orden civilizado, el estado tenga el monopolio de la coerción, pero fuertemente restringido en el ejercicio del poder. No queremos ni el abuso del estado, ni la vigencia de la anarquía.


(1) Butler, Eamonn (2015): Classical Liberalism: A Premier. Institute of Economic Affairs. Londres, Inglaterra.

Publicado simultáneamente en ASOJOD.

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